Las y los funcionarios del ex Pedagógico continúan, por segunda semana consecutiva, en una movilización de brazos caídos. Las autoridades de la Universidad que se dice pública se niegan a reajustarles el salario en más de un 7% cuando todo el sector público acordó un reajuste del 12%. Exigen que no haya sumarios ni represalias, y que el gobierno responda a sus básicas reivindicaciones.
Miércoles 28 de diciembre de 2022
Hablamos en esta oportunidad con Joseffe Cáceres, auxiliar de aseo y dirigenta gremial de la ANFUMCE, que llevan ya varios días de movilización, para conocer la situación de su lucha,
La semana pasada se movilizaron en paro de brazos caídos y declarándose en estado de Asamblea Permanente. Las autoridades habrían llegado a un acuerdo, cuestión que al parecer no fue efectiva y esta semana siguen en lucha. Cuéntanos un poco de esta situación.
Jo Cáceres: Las autoridades nos quieren hacer firmar un acuerdo de recibir el 8% del reajuste, siempre y cuando esté supeditado al resultado de las matrículas, y de la acreditación. Eso nos parece injusto, totalmente, esa no es nuestra responsabilidad. No puede ser un derecho de años conquistado cómo trabajadores del sector público, estar limitado así. Además estamos exigiendo que las autoridades no realicen ninguna medida administrativa o legal, contra ningún trabajador que se esté movilizando. Y se niegan a ese compromiso, que es básico y fundamental para nosotros. No queremos ninguna represalia, por movilizarnos por lo justo, por lo que nos corresponde.
Esto en un marco de alta inflación y de depreciación del salario es inaceptable. En el fondo Las autoridades se contentan con que seamos nosotros quienes paguemos la crisis. En realidad su política de migajas termina perpetuando la precarización de la educación pública.
Nuestra pelea no es solo por nuestros bolsillos, alzamos la voz en defensa de la universidad pública pedagógica y todas las instituciones públicas de educación superior, decimos con fuerza que ya no podemos resignarnos, que las políticas de miseria como estas nos han traído hasta acá, nos han arrojado a la incertidumbre de si la universidad podrá seguir solventándose, y también a la sobrecarga laboral, dando todo de nosotros para que la universidad siga en pie.
Precisamente sobre el problema de la educación pública, ¿qué opinas del papel que debería cumplir el Consorcio de Universidades del Estado, CUECH y sus respectivas asociaciones gremiales?
Jo Cáceres: Llamamos a la más amplia solidaridad. La crisis del ex Pedagógico, lo que estamos viviendo como trabajadores públicos, es la crisis de la educación pública a nivel nacional. El CUECH tiene que dejar de cargar la crisis sobre los hombros de los funcionarios y estudiantes.
Es necesario que todas las asociaciones de funcionarios de las universidades estatales solidaricen con la lucha que venimos dando. Como el CUECH es responsable de esta situación al no respetar siquiera el acuerdo al que se había llegado con el gobierno, debemos exigirles también que respondan a nuestras demandas, ellos, que se llenan la boca con la educación pública y como rectores y autoridades ganan sueldos millonarios.
¿Qué opinas del rol del gobierno en este conflicto?
Jo Cáceres: Exigimos que respondan a nuestras demandas. Somos trabajadores del Estado, públicos, y estamos en una situación grave, cargando la crisis de la inflación y la crisis de la universidad pública sobre nuestros hombros. No es un juego ni un chiste estar movilizados entre navidad y año nuevo.
Es claro que el gobierno ha demostrado no tener un plan y programa para recuperar la educación pública no propuso en su proyecto de presupuesto para el 2023 inversión de dinero necesario para resolver la deuda que se tiene con las universidades públicas, y solo ha reprimido a les estudiantes que han salido a movilizarse contra la precariedad y la violencia machista.
En ese sentido debemos pelear por exigir una Ley de Emergencia para el financiamiento integral de la educación pública que responda tanto al reajuste como a todas las necesidades para un buen funcionamiento académico y de estudio: infraestructura, becas estudiantiles de mantenimiento y alimentación.
Una ley de emergencia que parta por un reajuste a los funcionarios de universidades públicas acorde al sector público y reajustable mensualmente según inflación, pero que además garantice que no haya alza de aranceles para los estudiantes, paso a planta de docentes y funcionarios y que garantice un financiamiento basal a las universidades del Estado.
Seguramente los escépticos y desde este gobierno que se ha comportado como una Concertación 3.0 dirán que no hay dinero para financiar una Ley así. Pero para rescatar la educación pública hay que tomar medidas de fondo, y en Chile plata hay. Se puede financiar, por ejemplo, con un impuesto a las grandes fortunas en parte, y más profundamente, pensando en la perspectiva de la nacionalización del cobre, una de las grandes riquezas del país que hoy está principalmente en manos privadas.
¿Qué invitación o llamado harías a otros sectores?
Jo Cáceres: A los trabajadores de las universidades públicas, como decía, a que solidaricen con nuestra lucha. Necesitamos avanzar en la más amplia solidaridad y coordinación, porque hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquier otro.
Buscaremos la coordinación con sectores del movimiento de mujeres, con mujeres trabajadoras, porque somos nosotras, las mujeres trabajadoras, muchas veces madres de niños, que cargamos con doble o triple jornada laboral, las que más sufrimos las consecuencias de la crisis.
Además quiero agregar algo. Hemos visto con dolor lo que viene ocurriendo en los cerros de Viña del Mar, y es claro que allí los especuladores inmobiliarios son responsables, así como el Estado que por décadas permitió que se construyera sin control condominios para clases acomodadas, mientras se permitía la sequía de la región.
Si bien como ANFUMCE estamos en una situación compleja, invito a solidarizar con esas familias, sin confiar en este gobierno, activando la ayuda obrera y popular y organizándonos en nuestros lugares de trabajo. Abriremos un centro de acopio en nuestra Universidad para apoyar en esta situación.
¿Hay amenazas de represalias o despidos?
Jo Cáceres: No podemos confiarnos, hay sumarios abiertos desde antes contra funcionarios y amenazas de persecución. No permitiremos que toquen a ninguno de nuestros afiliados. Un punto base de nuestras demandas es que no haya ningún sumario ni represalia. No aceptaremos ningún ataque a nuestra organización gremial.
