Tribuna Abierta. Jornaleros del norte de Sinaloa, informalidad y abandono en tiempos de Covid-19

Agrícola de Fuerte Fe S. de R.L. de C. V es una empresa que desde el año 2011 se dedica a la producción de arándanos. Se ubica en una franja de poco más de 1000 hectáreas de tierra de riego de primera, muy cercana a la cabecera municipal de El Fuerte. Dicha empresa pertenece a las transnacionales “Family Tree Farms” y “Tretos & Sons Corp”, la primera con sede en Reedley y la segunda en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Agrícola de Fuerte Fe cuenta con una base de más de 13,000 trabajadores originarios, principalmente, de comunidades pertenecientes a los municipios del El Fuerte y Choix, al norte de Sinaloa, en la frontera con los Estados de Sonora y Chihuahua.

Los jornaleros agrícolas, mujeres y hombres, que en ella laboran, se encuentran en situación de vulnerabilidad absoluta, lo anterior como consecuencia de las condiciones de vida y de trabajo en las áreas de cultivo de la empresa, donde la explotación de mano de obra se caracteriza por la sobrecarga de trabajo extrema y por jornadas excesivas, así como por la falta de acceso a servicios básicos, sumado a ello la discriminación y malos tratos de los que son objeto los jornaleros por parte de la empresa.

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Superexplotación e inestabilidad laboral son la regla

En los campos de cultivo los trabajadores coinciden en un periodo de tiempo que va de enero a mayo, lo que dificulta la creación de redes sociales y que, en combinación con la situación de exclusión política, condiciones de pobreza y marginación, han dado como resultado una carencia de organización que posibilite la creación de un sindicato. En adición a ello, el desconocimiento de sus derechos, la falta de regulación y la insuficiente inspección laboral de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social conduce frecuentemente a la violación de los derechos laborales y humanos de los trabajadores de la Agrícola de Fuerte Fe.

Como muestra de esta situación basta aludir a la dinámica de contratación de los trabajadores. En estas regiones alteñas de Sinaloa, fustigados por la pobreza extrema, con escasa demanda de mano de obra, los jornaleros esperan a los contratistas, que en muchos de los casos son los dueños de los camiones de transporte (generalmente pertenecen a alguna asociación campesina como la Confederación Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares o la Confederación de Trabajadores de México), en las plazas públicas, en las confluencias de caminos o en los canales de riego para negociar por día de trabajo.

Los intermediarios suelen ser habitantes de la región que gozan de prestigio o liderazgo social en la comunidad; sólo se garantiza la promoción y traslado diario de mano de obra que será puesta al servicio de la empresa extranjera, es decir, la dinámica queda totalmente al margen de la mediación de cualquier contemplación de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, quienes se supone deberían estar al tanto de las condiciones laborales de los jornaleros (el salario, la carga de trabajo, los horarios, los riesgos de trabajo, accidentes etc.).

La particularidad es que dicha intermediación genera un vacío de respaldo para los trabajadores, ya que la empresa principal o “contratante” (muy entre comillas) no se hace cargo de los aportes de seguridad social, cotizaciones de IMSS, vejez, seguro de desempleo, vacaciones, aguinaldo, prima de riesgo de trabajo, entre otros. Beneficios que por derecho les conciernen a los trabajadores y que al no ser considerados en el salario son valores que pasan directamente a enriquecer los bolsillos de los extranjeros. Estos trabajadores desempeñan actividades de siembra, cosecha, recolección y preparación de productos (empaque).

Los mediadores reciben el recurso de la empresa y les pagan a los trabajadores que reclutan semanalmente en sus cuadrillas, quedándose, obviamente, con un porcentaje. La situación de indefensión que se configura a partir de este esquema es tal que, apenas la semana pasada, es decir, en medio de la pandemia del coronavirus, poco más de cien trabajadores, entre jornaleros, choferes y cuadrilleros se quedaron esperando ‘la raya’ (el pago) de una semana: uno de estos mediadores, encargado de cinco camiones de trabajadores, se fugó con la paga de todos ellos. Estiman que el dinero supera los 150 mil pesos. No hay que confundirse: esta situación solo se puede dar gracias al esquema de explotación laboral que maneja Agrícola de Fuerte Fe.

Se trata de una situación raquítica, de total informalidad donde ni siquiera hay contrato y en la cual los males se acentúan gracias a la ausencia de salario digno y prestaciones, aunado a ello jornadas de trabajo irregulares, inseguridad e inestabilidad laboral.

Como dato extra: en el 2018 se dio un brote de tifoidea entre los trabajadores de esta empresa debido a las condiciones insalubres en que tienen que laborar, situación en la cual, obviamente, no hubo voluntad alguna de la patronal para atender la problemática.

En este año, Sinaloa de los estados con más contagio de COVID 19 y cada día son trasladados sin las medidas sanitarias suficientes más de 13000 jornaleros que laboran en Agrícola de Fuerte Fe, los cuales pertenecen a distintas comunidades del norte del Estado muchas de ellas sumamente pobres y aisladas… de ser contagiados de coronavirus, estos trabajadores tendrán que pasar el padecimiento en el más absoluto de los abandonos.

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