La jueza Loretta Preska estableció que la causa por la “nacionalización” de la empresa estatal siga en la Justicia de Estados Unidos. El fondo Burford reclama al país más de U$S 3.000 millones de resarcimiento por daños económicos.
Viernes 5 de junio de 2020 15:56
Sobre el litigio del fondo Burford contra la Argentina por la “nacionalización” de YPF en 2012, la jueza Loretta Preska, heredera del despacho de Thomas Griesa, decidió este viernes que la causa siga en la Justicia de los Estados Unidos.
El Gobierno así como el grupo Burford, quien es el principal litigante en la causa, tienen plazo hasta el 19 de junio para realizar sus presentaciones antes del fallo final. En esa fecha se tendrá que presentar cómo se va a hacer el pago, y Argentina buscará extender el plazo.
Burford exige más de U$S 3.000 millones y el monto podría llega hasta U$S 12.000 millones, según algunas versiones.
El grupo Burford adquirió la quiebra de las empresas que tenían una participación de 25 % en YPF. Un estudio que compra juicios por poco dinero con la expectativa de ganar mucho más después, misma práctica a los fondos buitres. Eran las compañías que habían pertenecido a la familia Eskenazi antes de la “nacionalización”.
Con la compra de esas empresas, Burford compró el derecho de litigar contra YPF y la Argentina. El juicio es porque Burford exige una compensación económica porque considera que YPF no cumplió el estatuto, que dice que quien adquiere la mayoría de la empresa tiene que lanzar una oferta por el 100 % del capital. La participación que tenía la empresa Petersen en YPF era de 25 %.
Luego de conocerse el fallo, las acciones de Burford en la Bolsa de Londres aumentaron cerca de 7 %, mientras que las de YPF subieron 3 % en Wall Street.
El grupo Burford no es la primera vez que hace negocios con la Argentina. También intervino en el caso de Marsans, la exdueña de Aerolíneas Argentinas.
Durante años Repsol y otras empresas expoliaron los recursos hidrocarburíferos. En ese entonces el Gobierno premió a los vaciadores con la entrega de bonos por más de 5.000 millones de dólares como indemnización.
Cristina Fernández luego permitió el ingreso de la familia Eskenazi como accionista de Repsol. La nacionalización parcial de las acciones de YPF fue una respuesta al vaciamiento de la empresa. Después vino el pacto con Chevron para extraer hidrocarburos en Vaca Muerta, un acuerdo que incluyó cláusulas secretas, empresas offshore, y beneficios para las petroleras.
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