Extractivismo. GNL y confusión

La decisión de YPF S.A. y Petronas de proyectar la construcción de la planta de licuefacción de gas en Punta Colorada y no en Bahía Blanca cierra un capítulo sobreactuado de una novela que tiene más de consenso que de grieta. ¿Qué implica este proyecto, qué va a ocurrir a partir de la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y qué diferencia a la política de Milei de la de Kicillof? Veamos.

Antes de Milei

La construcción de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) es un proyecto de larga data. Con Vaca Muerta batiendo récords de producción de gas y petróleo, hace años que las petroleras buscan superar los cuellos de botella en el transporte y procesamiento de los hidrocarburos. La licuefacción sería la forma de exportar gas a los mercados de Europa y Asia.

La malaya Petronas fue una de las primeras empresas extranjeras con las que se asoció YPF para explotar Vaca Muerta, tras la estatización parcial de 2012. Otra fue la yanqui Chevron. Ambas, junto a la angloholandesa Shell, están en el top 5 de exportadoras de crudo.

En 2022, bajo la gestión del Frente de Todos, Petronas e YPF firmaron un acuerdo para avanzar en la construcción de la planta de GNL, que requiere a su vez la construcción de (al menos) un nuevo gasoducto desde Neuquén hasta la costa atlántica.

En 2023, el gobierno de Massa envió al Congreso un proyecto de ley de promoción del GNL. Ese proyecto, redactado por YPF - Petronas, alcanzó media sanción en Diputados, sumando votos de referentes de partidos provinciales como el actual gobernador de Neuquén, y macristas de Neuquén y Río Negro.

El texto establecía importantes beneficios en relación a los mismos tributos, derechos u obligaciones que abarca el RIGI, aunque en distinto grado:

• Retenciones 0% desde un inicio, y siempre que el precio FOB fuera igual o menor a 15 USD/MMBTU (algo considerado como lo más probable por los especialistas). De superar los 20 USD /MMBTU (algo altamente improbable) el tope de regalías sería del 8%.
• Libre disponibilidad del 50% de las divisas obtenidas con las exportaciones.
• Exención de derechos de importación.
• Amortización acelerada de ganancias, y tope de la alícuota del 30%.
• Acreditación y/o devolución del IVA en 60 días a partir de la solicitud.
• Plazo de los beneficios de 30 años, al igual que la estabilidad fiscal.

En el proyecto del peronismo, el estado se reservaba una mínima atribución. Podría requerir que un 10% del GNL producido se destine al mercado interno en los meses de invierno, es decir, aquellos en los que en la actualidad existe déficit de gas natural en el país.

Una avanzada extractivista casi colonial

Si los beneficios contenidos en el proyecto peronista eran suficientes para las petroleras, con la Ley Bases, el gobierno ultraneoliberal de Milei superó un nuevo umbral de saqueo (nadie les pidió tanto). Y no se trata solo del RIGI.

Con el el Art. 154, la Ley Bases modifica la 24.076 (marco regulatorio del gas y privatización de Gas del Estado). Allí se establece que las autorizaciones de exportación de GNL durarán 30 años, y que implicarán: “el derecho a exportar todos los volúmenes autorizados en ese carácter en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos por causa alguna durante cada día del período de vigencia de la autorización de exportación respectiva, así como el derecho de acceder sin restricciones ni interrupciones de ninguna naturaleza al suministro de gas natural o a la capacidad de transporte, procesamiento o almacenamiento de cualquier especie de los que sean titulares o que hubiesen contratado a tal fin”.

Sabrán disculpar la cita extensa, pero era necesaria. Es casi una promoción al desabastecimiento. El colmo de la entrega y la renuncia a la más mínima soberanía.

Vayamos al RIGI y veamos qué beneficios otorga teniendo en cuenta, además, que la planta de GNL calificará como “Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo”:

• Retenciones 0% en cualquier escenario de precios, a partir de los dos años contados desde la adhesión al RIGI (obviamente, antes de ese plazo no hay exportaciones, que se prevé inicien en 2027).
• Libre disponibilidad del 100% de las divisas a partir de los tres años desde la fecha de puesta en marcha de los VPU (Vehículos de Proyecto Único, es decir las empresas, sociedades o uniones transitorias).
• Exención de derechos de importación.
• Alícuota del 25% de Ganancias y exenciones en relación a los pagos a beneficiarios en el exterior.
• Pago del IVA con crédito fiscal, y devolución en un plazo de 90 días desde solicitado.
• Los beneficios son eternos, y la estabilidad fiscal tiene un plazo de 30 años.

Pero eso no es todo. El Art. 193 sostiene que los VPU adheridos al RIGI no podrán “ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los VPU sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda”.

Ese artículo, señalado especialmente por comunidades y asambleas ambientales, está redactado de forma tan amplia que puede implicar la prioridad para el uso del agua aún cuando existiera escasez de ese bien. En el caso del GNL es relevante porque la exportación implicaría un salto en el fracking en Vaca Muerta, que consume hasta 140 millones de litros de agua por pozo.

Mucho humo

Si bien el RIGI aún no está reglamentado, tanto los directivos de YPF y Petronas como Milei, Kicillof y Weretilneck, supieron siempre que las empresas van a poder gozar de los beneficios detallados en el régimen nacional, así la planta se instalara en Río Negro o en Buenos Aires, con o sin adhesión al RIGI de parte de las legislaturas. Es decir, en cualquier caso, la planta de GNL se inscribiría en un régimen cuasi colonial.

¿Qué es lo que dependía de las provincias? Garantizar estabilidad fiscal a escala provincial. Esto es, otorgar beneficios y comprometerse a no incrementar impuestos como Ingresos Brutos, Impuesto al Sello, Inmobiliario, o tasas municipales. Y eso es, precisamente, lo que el propio Kicillof había prometido hacer con un proyecto de “RIGI” propio, cuya letra no se conoce pero según las propias declaraciones del oficialismo tenía ese objetivo. Es decir, nada que ver con el comunismo, como delira Milei. Ni siquiera una disputa entre “neoliberalismo” y “soberanía”. Fundamentalmente una decisión técnica - económica revestida con mucho humo.

Así todo, Weretilneck se apuró a aprobar una ley en tiempo récord el pasado 12 de julio, cuyo único contenido es la adhesión al RIGI nacional. No es la primera ley que se aprueba a instancias del lobby petrolero. A fines de 2022 la Legislatura rionegrina modificó la Ley 3308, esta vez con los votos del peronismo y el macrismo. Esa ley impedía la construcción de ductos y puertos en el Golfo San Matías. La reforma, violando el principio de no regresión ambiental, sirvió para habilitar el oleoducto y puerto petrolero Vaca Muerta Sur, y ahora la planta de GNL.

Zonas de sacrificio

La terminal petrolera y la planta de GNL pondrían en riesgo ecosistemas con una enorme biodiversidad. Punta Colorada se ubica en las costas del Golfo San Matías, entre el Parque Nacional “Islote Lobos”, y el Área Natural Protegida “Puerto Lobos”, y a muy poca distancia de la Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad, con la cual limita el Golfo.

La probabilidad de derrames, el tráfico de barcos de enormes dimensiones, la contaminación química, sonora y visual, son algunos de los factores que afectarían la vida de especies como el pingüino de magallanes, la ballena franca austral, elefantes y lobos marinos, orcas, delfines, y multiplicidad de aves. Pero además, atentarán contra dos de las actividades económicas locales, como son el turismo y la pesca.

Mapa de la localización de la planta de GNL elaborado por Javier Grosso

Más allá del impacto local, el proyecto de GNL implica dar un salto en la expansión hidrocarburífera, perpetuando la matriz energética fósil y obturando toda transición. Para llenar los caños, el fracking en Vaca Muerta se tendrá que multiplicar. Eso significará multiplicar los derrames que ocurren a diario; la contaminación de enormes volúmenes de agua de forma irremediable con productos químicos tóxicos; los basureros petroleros a cielo abierto; los sismos inducidos que ya no sólo afectan a Sauzal Bonito, sino a Añelo, Rincón de los Sauces y hasta Auca Mahuida; el avasallamiento a la población rural y las comunidades del pueblo mapuche.

Terminar con el saqueo

Todos estos beneficios, todos estos impactos, no son efectos colaterales de una obra necesaria para la población. La planta de GNL no tiene nada que ver con las necesidades energéticas ni económicas de las mayorías, sino pura y exclusivamente con los intereses del capital concentrado y transnacionalizado del sector energético, que viene ganando protagonismo en la escena nacional. Con los intereses de Tecpetrol, CGC, Chevron, Pampa Energía, Shell, Total, PAE, Wintershall, Vista, YPF, entre otras.

El objetivo no es garantizar la extensión de la red de gasoductos para abastecer a la mitad de la población que aún no accede al gas de red. Ni siquiera, como vimos, promete conservar parte del gas convertido en líquido para utilizar los hogares e industrias del país en los meses de invierno, en los que hay déficit energético. Solo promete cumplir con el mandato exportador y con el rol dependiente, primarizado, asignado al país en la división internacional del trabajo. Antes el discurso afirmaba que con esas exportaciones se iban a conseguir “los dólares para el desarrollo”. Ahora ni el discurso.

Más que la localización en una u otra provincia, lo que habría que discutir es si ese es el único destino posible. Si se quiere terminar con el saqueo hay que partir de estatizar el conjunto de la industria energética, bajo la gestión de sus trabajadores y trabajadoras, comunidades afectadas por la producción, usuarios y usuarias populares, profesionales de universidades públicas. Esa sería una primera medida en la perspectiva de una transición energética y ecológica verdaderamente justa, desde abajo. Una transición que diversifique y desfosilice la matriz, y al mismo tiempo garantice el derecho a la energía a la población. Mientras las empresas del sector castigan al pueblo con tarifazos brutales, esta medida se vuelve cada vez más urgente.