Rosca y crisis. Juicio político a la Corte: nueva jugada del gobierno y pedido de reemplazo de una diputada

En un plano de la realidad paralelo al que vive la mayoría de la población argentina en medio de la crisis social y económica, con desocupación, precarización, bajos salarios y alta inflación, el Gobierno y la oposición de derecha mantienen su show de la grieta en los inicios del año electoral.

La iniciativa de Alberto Fernández de realizarle un juicio político a los integrantes de la Corte sigue siendo el tema central de la agenda oficialista. La movida contra los miembros del Tribunal sirve quizás al presidente para mostrarlo al menos con algún grado de iniciativa, en el marco de su mala gestión y caída imagen. Sin embargo, esa jugada en inicios del año electoral no está exenta de algunas contradicciones y problemas.

Este miércoles se confirmó desde el Ejecutivo que el llamado a sesiones extraordinarias en Diputados (condición para que pueda funcionar la Comisión de Juicio Político), será a partir del 23 de este mes. Por lo que el comienzo del debate en ese organismo será durante esa semana o la última del mes.

A la vez, este miércoles se reunieron las y los diputados del FDT que integran la Comisión encargada de dictaminar el juicio político a los supremos. Al finalizar, los legisladores emitieron un comunicado donde resaltaron la “asistencia perfecta” a ese encuentro vía Zoom. Según señalaron, se ocuparon de cuestiones generales y organizativas sin ir al hueso de los argumentos con los que defenderán el proyecto ante la coalición opositora. Uno de los organizadores de la reunión en algún momento señaló que “si alguno tiene dudas [de defender el pedido de enjuiciamiento] que avise así le buscamos un reemplazo”.

Desde Juntos por el Cambio ya avisaron, luego de su reunión de este martes, que darán el presente en esa Comisión para “frenar” el juicio contra los jueces, pero adelantaron que no darán quórum ni por este ni por otro proyecto en el recinto, en tanto la embestida oficialista contra los supremos siga vigente. Es decir, que el Congreso seguiría paralizado, al igual que ocurrió en Diciembre, en función de la rosca política entre las coaliciones tradicionales mayoritarias, impidiendo el tratamiento de proyectos como la moratoria previsional, que necesitan 800.000 personas en edad de jubilarse y que no podrían hacerlo.

Desde esa coalición intentan pegar en los puntos débiles de la avanzada oficialista y resaltan tanto el silencio de Sergio Massa, sobre el proyecto en cuestión, como de la posibilidad de que alguno de los diputados que el Frente Renovador tiene en la Comisión, no respalden el pedido de juicio político. En ese tono, hizo ruido en las últimas horas el pedido de reemplazo de una de las diputadas massistas, integrante de la Comisión, Vanessa Massetani, quien aludió “cuestiones personales y familiares”. Algunos malpensados, vinculan ese pedido con el origen santafesino de la diputada, al igual que el de dos miembros de la Corte y de Omar Perotti, uno de los gobernadores que no acompañaron el proyecto de Fernández contra los jueces. El pedido todavía tiene que ser tratado por el bloque oficialista.

Se calcula que el show al que puede dar lugar las idas y vueltas por el tratamiento del proyecto en la Comisión de Juicio Político, puede llegar a extenderse unos cuatro meses. Además de que, como se dijo, al ser presentado por los propios diputados oficialistas, aquél tendría estado parlamentario por tres años, con lo cual el Gobierno podría extender su embestida en caso de (como se espera) no conseguir los dos tercios en la primera oportunidad.