Keiko Fujimori anunció este miércoles que su agrupación política ha presentado recursos de nulidad para 802 actas a nivel nacional por supuestas “irregularidades”. Con esta maniobra legal buscan anular 200 mil votos y de esa forma pretenden alcanzar la victoria en el balotaje.
Jueves 10 de junio de 2021 09:00
Las actas procesadas por la Oficina Nacional Electoral (ONPE) superan el 99% y dan como ganador del balotaje a Pedro Castillo,. Sin embargo, estos resultados oficiales son ignorados y desvirtuados por los grandes medios quienes se han dedicado a transmitir y reproducir fake news con la finalidad de generar zozobra y dar pie a los argumentos del fujimorismo que vienen señalando, sin pruebas, que existe una fraude en contra de su agrupación.
Diversas instituciones internacionales dentro de las cuales se encuentra hasta la OEA (cuyo secretario general ha apoyado a las derechas regionales), han reconocido que el proceso electoral del 6 de junio se dio con total transparencia y que los resultados que dan por ganador a Pedro Castillo reflejan la voluntad de las y los votantes.
Sin embargo, este miércoles 9 de junio, Keiko Fujimori en una conferencia para la prensa que fue transmitida en vivo por los canales de señal abierta dijo:
“Fuerza Popular está presentando el día de hoy acciones de nulidad en 802 mesas a nivel nacional, acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones. Estas 802 actas representan 200 mil votos. Cuando estas acciones sean admitidas deben ser retiradas del conteo final”.
Y más adelante agregó:
“Estamos haciendo un proceso de seguimiento a todo el proceso de la observación que son 1200 actas que están siendo analizadas por el JNE”.
Frente a este hecho algunos especialistas han señalado que las causales que ha señalado el fujimorismo hoy, debieron ser presentadas el día mismo de las elecciones, por tanto, hoy están fuera de plazo y serian improcedentes según lo señala el Artículo Primero de la Resolución N° 0086-2018-JNE. Además de ello, señalan que la única causal denunciable para anular los resultados de una mesa de sufragio es que " haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato" (literal b del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones). Lo que no habría existido y ni siquiera fue argumentado por los abogados de Keiko, lo cual haría que su recurso sea improcedente, ya que en su momento sus propios personeros, miembros de mesa, observadores, etc. estuvieron de acuerdo y levantaron acta.
Esta maniobra legal es una medida desesperada del fujimorismo para ganar el balotaje. Con esto Keiko pretende no solo hacerse del poder político del país de manera tramposa, sino también busca evitar que las investigaciones a ella y a otros miembros de su familia y de Fuerza Popular por los aportes irregulares de Odebrecht y otras empresas a su campaña electoral anterior avancen, evitando así la posibilidad de volver a prisión.
Y mientras Keiko y sus abogados implementaban esta estrategia legal, sectores vinculados a los grandes empresarios y a las élites más conservadoras de la capital, realizaron el miércoles 9 de junio una movilización en la ciudad de Lima rechazando la victoria de Castillo. Esta movilización fue cubierta por los grandes medios de comunicación de señal abierta y sirvió, una vez más, para que estos sectores reaccionarios hagan gala de su racismo y su macartismo, así como de su voluntad de desconocer los resultados de la segunda vuelta.
