Distribon es una empresa de limpieza que gana millones ofreciendo sus servicios en el Estado. En medio de la pandemia dejó en la calle a nueve trabajadoras y trabajadores de las Torres 1 Y 2 de La Plata. El gobierno provincial, un cómplice silencioso.
Lunes 11 de mayo de 2020 08:40
Fotos Joaquín Díaz Reck | Enfoque Rojo
Estamos atravesando una gran crisis sanitaria y económica como consecuencia de tener una cuarentena sin GPS y donde el salvataje económico nunca es para las y los trabajadores y el pueblo empobrecido.Millones de familias han perdido el ingreso laboral a causa de los despidos en algunos casos, y en otros, por no poder hacer la changa diaria.
En La Plata un ejemplo es el de las y los trabajadores de limpieza despedidos de las Torres 1 y 2, que desde hace una semana están organizándose en asamblea, coordinando con otros sectores en lucha y realizando cortes en reclamo por su reincorporación.
Dentro de las consignas que levantan estos trabajadores y trabajadoras está presente también, la de pase a planta permanente y estatización del servicio de limpieza, como funcionaba hace años hasta las privatizaciones en los ‘90. Los gobiernos siguen contratando empresas para servicios fundamentales como el de la limpieza de organismos públicos. El Estado terceriza esta tarea y genera negociados millonarios para las empresas.
Así es como Alejandro Raúl Davison y Norma Yolanda Leiva los dueños de Distribon y Gerentes también Codyela S.A. lograron ser socios del gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires y de María Eugenia Vidal, del kirchnerismo en su anterior mandato y también ahora. Recibieron adjudicaciones para la elaboración y distribución de raciones de comida y servicios de limpieza en hospitales bonaerenses con contratos millonarios en 2017 y 2019. Actualmente poseen la adjudicación 2020-21 de servicios de limpieza del Ministerio Público Fiscal de la Provincia por más de $35 millones.
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Mientras, las y los trabajadores cobran salarios bajísimos, llegando a penas a los $12.000 por 5 horas diarias, cuando según datos de ATE Indec la canasta familiar básica debería ser de 66.000. Además no cuentan con licencias ni permisos de ningún tipo. Eso se expresó en formas de despidos en marzo, cuando ante la pandemia el Gobierno Nacional estableció que las personas con factores de riesgo debían gozar de licencias pagas, la empresa Distribon decidió prescindir de sus servicios. El Estado que es responsable de la contratación de tercerizadas, avala su accionar y convalida la precarización laboral.
Asimismo, el Gobierno Provincial, a través del Centro Administrativo Gubernamental de las Torres, debería controlar a estas empresas para que cumplan con los pliegos y condiciones acordadas, pero no es así: los productos y elementos necesarios para que las y los trabajadores realicen sus tareas nunca son suficientes, incluso la cantidad de operarios y operarias es mucho menor a la que figura en el pliego, generando sobrecarga de trabajo en los mismos.
En este momento, la ley decretada por el presidente Alberto Fernández, que prohíbe los despidos y suspensiones por 60 días es papel mojado. No es respetado por Distribon, ni puesto en cumplimiento por Kicillof. El Gobernador permite que Distribon despida con la excusa de que se “terminó el período de prueba” a trabajadoras y trabajadores de 13 hasta 23 años de antigüedad. Lo que sucede es que las condiciones laborales que impone la tercerización hace que no se registre su antigüedad y que en cada cambio de empresa las y los trabajadores tengan que volver a “foja 0”.
Mientras dejan a millones caer en la pobreza, Kicillof prepara un nuevo endeudamiento de la Provincia: emitió letras del tesoro por $ 7500 millones, aunque los bonistas rechazaron la propuesta para reestructurarla bajo legislación extranjera. Plata para deuda hay, para las y los trabajadores, despidos y suspensiones.
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¿Cuál es la salida a ésta estafa laboral?
Desde la Agrupación Marrón Clasista en ATE apoyamos el justo reclamo por la reincorporación de las y los trabajadores, entendiendo que en medio de una pandemia y una crisis económica que va en aumento no puede existir un solo despido. Pero además, estamos en contra de tercerización de servicios fundamentales que hacen al funcionamiento de los organismos públicos y que sostiene en condición de precariedad absoluta a las y los trabajadores.
Por eso, más que nunca se hace urgente la exigencia del pase a planta permanente de estas compañeras y compañeros y la estatización de las tareas de limpieza. Como sabemos, esta es una pelea que hay que dar y vemos que el camino a recorrer, partiendo de asambleas en donde se discutan cuáles son las acciones que hay que llevar adelante, debe ser el de buscar el apoyo de los demás sectores del Estado y la coordinación con los sectores en lucha que hoy están peleando por sus puestos de trabajo, en contra de las rebajas salariales y por la exigencia de los elementos de protección para evitar el contagio del virus, como lo hacen las y los trabajadores de la primera línea que enfrentan la pandemia todos los días. Exigir un salario igual a la canasta básica y para quienes están sin poder trabajar un salario de emergencia de 30.000 pesos para poder afrontar la pandemia.
La salida es desde abajo con las, los y les trabajadores junto a los sectores más empobrecidos, desde cada lugar de trabajo y en los barrios, porque plata hay si se desconoce soberanamente la deuda y se le cobra un impuesto a los bancos y las grandes fortunas esa es parte de la pelea para dar vuelta la tortilla.
