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Red Internacional
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Buenos Aires. Kicillof repudió la amenaza de intervención, pero volvió a pedirle a Milei "trabajar juntos"

En medio de debates por hechos de “inseguridad” y el intento de cambiar el eje por el escándalo por la criptoestafa, Milei le pidió a Kicillof: “Déjenos intervenir la Provincia”. Christian Castillo (diputado nacional PTS-FITU) aseguró que es parte de la campaña electoral, pero advirtió que también “es una muestra más de su política crecientemente autoritaria y antidemocrática”.

Viernes 28 de febrero 13:35

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Javier Milei sigue buscando salir del escándalo de corrupción que protagoniza desde que promocionó la criptomoneda $Libra. Por eso el Gobierno y sus medios amigos vienen tratando de “cambiar la agenda”. Entre otras cosas, con un uso despreciable de hechos que vienen ocurriendo, como la lamentable muerte de una niña en medio de un asalto en La Plata.

Este viernes el presidente publicó un tuit donde asegura que “si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”. El momento no fue casual: en ese mismo horario se publicaba una nota del New York Times que complicaba a Milei y su entorno con más pruebas sobre la cripto-estafa.

Así buscó, además de correr el eje, aprovechar en “modo electoral” hechos que conmueven a barrios de la provincia de Buenos Aires, con mucha cobertura mediática. Una actitud despreciable que, a su vez, muestra el carácter cada vez más autoritario del gobierno.

La mención de una intervención federal generó el rechazo de casi todo el arco del PJ, empezando por su Consejo nacional y sus conducciones provinciales. A su manera, también se pusieron en modo electoral.

Christian Castillo, diputado nacional del PTS-Frente de Izquierda, marcó la utilización del hecho, pero también la actitud crecientemente autoritaria del gobierno.

Éste viernes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió a las amenazas en una conferencia de prensa. "Milei avanza con el sueño autoritario de intervenir una provincia donde perdió las elecciones", dijo. Y afirmó que instruyó al asesor de gobierno y al fiscal de estado de la provincia, para que formulen una denuncia penal para que "se investigue la posible comisión de delito contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia".

Además señaló que el presidente es responsable por el narcotráfico. Y agregó: "Milei dice que podría solucionar la cuestión de la inseguridad..., pero hay una frontera de 200 km en Orán, Salta donde no puede controlar el contrabando, y dice que va a resolver los graves y multicausales problemas de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires".

Lo llamativo es que aún así, Kicillof volvió a llamar a Javier Milei a "trabajar juntos". Esto implicaría no solo ponerse de acuerdo con el presidente, sino también con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien estuvo detrás del operativo de las fuerzas de seguridad en Orán, donde la gendarmería asesinó a Fernando Gómez, joven bagayero y padre de tres hijos.

Aún más, senadores de Unión por la Patria vienen de votar a favor del paquete de leyes represivas que impulsó la ministra de Seguridad, bajo el pretensioso título de "ley anti-mafias", cuyo objetivo es darle mayor impunidad a las policías.

La política de agresión y polarización del gobierno excede este enfrentamiento entre Milei y Kicillof, y parece más una puesta en escena electoral con amenazas y discursos de mano dura, que no resolverá los problemas estructurales que padece la sociedad argentina.

El Gobierno viene descargando represión contra la protesta social, y discursos de odio hacia las mujeres y diversidades, así como también provocaciones a la izquierda y otras fuerzas. En este caso con la amenaza de intervenir un gobierno de otro signo político.

Las conducciones peronistas respondieron rápidamente ante este hecho, pero no van a enfrentar la deriva del gobierno de derecha. En muchos casos han sido cómplices de la aprobación de políticos antipopulares y autoritarias del gobierno, como la aprobación de distintas leyes, incluídas las que fortalecen la criminalización de la protesta y la pobreza.