Esa suma representa, por ejemplo, 32 veces el presupuesto del Instituto de la Nacional de Mujeres. Beneficios de una casta millonaria, cuando los trabajadores aún pagan Ganancias.
Martes 13 de marzo de 2018
Foto: Ámbito
En 2018, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejará de recaudar $ 6.991 millones por la exención del Impuesto a las Ganancias que no pagan los magistrados y funcionarios de los poderes Judiciales de la Nación y las provincias.
A pesar de las promesas electorales de Cambiemos, los trabajadores pagan aún el impuesto a las Ganancias. Sin embargo, los jueces o fiscales que perciben sueldos que superan ampliamente los salarios promedios de los trabajadores están exentos del gravamen.
La estimación surge de un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) sobre exenciones fiscales que adelantó al diario La Nación.
En 2016 y 2017 el Estado dejó de recaudar por este beneficio al poder judicial $ 4.607 y $ 5.759 millones, respectivamente cuando Macri eliminó subsidios y aumentó las tarifas de los servicios públicos para reducir el rojo fiscal.
¿A dónde se podría destinar lo que no se recauda por Ganancias?
La ONG comparó lo que se pierde por exención del Impuesto a las Ganancias a las autoridades judiciales con lo que se destina a determinados programas.
Acij destaca “los 4.077 millones de pesos perdidos en 2015 superaron el valor asignado al seguro de desempleo o al Programa de Ayuda Alimentaria que atiende a la población más vulnerable, con necesidades básicas insatisfechas”.
El informe señala que lo perdido por la exención se podría haber destinado a incrementar el Plan Progresar. Recientemente, el Gobierno modificó las condiciones del programa juvenil y redujo su presupuesto. Un documento de Cepa sostiene que el ajuste del Progresar: del Plan Universal a la Beca Individual implica que cerca de 362 mil jóvenes dejarán de percibir este año la prestación.
El monto que la Afip no recibirá este año del gravamen al poder judicial duplica el presupuesto destinado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de $ 3.773.645.537 millones y representa a 32 veces el presupuesto asignado para el Instituto de la Nacional de Mujeres (INAM) de $ 211.548.292 millones.
Beneficios para una casta millonaria
Mauricio Macri prometió en la campaña electoral que eliminaría el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, pero a fines de 2016 presentó una ley para modificar el mínimo no imponible.
Según una nota del sitio Chequeado en base a datos de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en 2015 en promedio 1,2 millones de personas físicas pagaron el Impuesto a las Ganancias por mes, mientras que en 2016 esta cifra subió a 1,6 millones y en el primer semestre de 2017 ese promedio aumentó nuevamente a 1,9 millones de trabajadores.
Este año un trabajador en relación de dependencia, sin familiares a su cargo y sin deducciones, con un salario mensual de $ 29.855 de bolsillo pagará Ganancias.
Mientras los miembros de la Corte Suprema con sueldos muy superiores a un trabajador promedio están exentos. Por ejemplo, el titular del tribunal, Ricardo Lorenzetti cobra $ 337.989 brutos. Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, perciben $ 330.763 y $ 309.087 brutos respectivamente.
Un tuit de Acij advierte” si tuvieras el sueldo promedio de un/a juez/a de la Corte, pagarías todos los meses $ 80.747 en concepto de impuesto a las ganancias. Los/as jueces de la Corte no pagan nada”.
La excusa para estar exentos del gravamen es la independencia del poder judicial. En 1996, el Congreso derogó la exención para los judiciales y los legisladores, pero el máximo tribunal a través de una acordada, declaró inaplicable la derogación del beneficio para los integrantes del Poder Judicial. La Corte Suprema dispuso “la intangibilidad de las compensaciones asignadas a los jueces por el ejercicio de sus funciones no constituye un privilegio sino una garantía, establecida en la Constitución Nacional para asegurar la independencia del Poder Judicial".
Reformas cosméticas
En la apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia propuso profundas reformas al Poder Judicial. El presidente Macri había cuestionado el horario reducido de funcionamiento de los tribunales y las vacaciones del sector judicial. Pero a una semana del discurso de Lorenzetti la reforma judicial está empantanada.
El diario Clarín adelantó que hay sugerencias cosméticas y ni siquiera se llegó a un acuerdo por la ampliación del horario de atención al público. Las dudas sobre la reforma expresa que representan a un sector que tiene múltiples beneficios que no está dispuesto a modificar. Ventajas que poco tienen que ver con la realidad de la mayoría de los trabajadores.
Ante el descontento y el sentimiento anti casta política que existe en la sociedad, el Gobierno el año pasado quiso aplicar el Impuesto a las Ganancias sobre la Corte Suprema y otros sectores de la administración pública. Pero se trató de una medida demagógica, la Ley de Impuesto a las Ganancias y los legisladores incorporaron como ganancias de cuarta categoría a las provenientes de los "los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017". Es decir que la gran mayoría de jueces seguirán hasta el día de su jubilación con el beneficio de la exención.
Es necesario terminar con los cargos vitalicios, hay que garantizar la elección directa de todos los jueces por sufragio universal, que todos cobren lo mismo que una maestra, que los cargos sean revocables y establecer los juicios por jurados.
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Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
