Semana clave. La CGT no se puede guardar de nuevo: hay que volver al Congreso y al paro

Los ecos de la jornada del 24 de enero todavía resuenan. A pesar de las pocas ganas de algunas conducciones sindicales, el paro se hizo sentir y las marchas fueron masivas. No solo de trabajadores y trabajadoras “agremiados”, sino de miles y miles que llegaron de sus empresas o barrios en pequeñas delegaciones, o junto a las “asambleas populares” en la zona metropolitana. Pero como dijimos acá y en otras notas, solo podía ser un punto de apoyo para mostrar la fuerza obrera y empezar a moverla, luego de años de pasividad interesada.

¿Qué está pasando?

La CGT se conformó, por ahora, con su manifestación controlada. Como le dijo Pablo Moyano a La Izquierda Diario “nosotros ya nos manifestamos, ahora les toca a los diputados y diputadas a ver qué hacen”. Daer se encargó de difundir la apelación que hicieron ante la Justicia del Trabajo tras un fallo que invalida algunos artículos de la reforma laboral incluida en el DNU, pero deja en pie otros. Hoy publicaremos una explicación de cómo se encuentra la situación legal de esa “reforma”. Pero la estrategia de ponerse en modo “pausa” a la espera de cuántos diputados del PJ traicionan o “el veredicto” de los tribunales no va. Incluso si se tuvieran confianza en esos mecanismos parlamentarios y judiciales lo más coherente sería “ayudar” con la acción directa.

Pero la CGT se ha llamado al silencio justo cuando millones de trabajadores y trabajadoras sintieron que tienen fuerzas para que su voz se escuche en la política nacional. Es la contracara de los pactos que se cocinan en hoteles, conferencias y despachos.

No es momento de “bajar un cambio” sino todo lo contrario. La derecha mantiene gran parte de su Ley Ómnibus (LO) en pie y el resto de su programa quiere “rescatarlo” con las facultades delegadas. Myriam Bregman lo simbolizó con otra ironía: el gatito mimoso quiere ser un mono con navaja.

Como analiza Jesica Calcagno sobre lo que está en juego esta semana: "a hoja de ruta del gobierno es achicar gastos licuando jubilaciones y salarios (por eso la movilidad y tantos ataques al empleo público que buscan disciplinar), y aumentar la recaudación mediante retenciones (no coparticipables)".

Y no solo estamos hablando de ataques al bolsillo. La LO convierte en delito cualquier protesta. Atajarse de un bastonazo policial puede terminar en una condena por “resistencia a la autoridad” y a la cárcel. Hacer una asamblea en el portón de una fábrica también. Todos en cana. Salvo que la CGT piense convertirse en una sociedad de beneficencia, tiene que salir a enfrentar seriamente estos ataques.

La realidad es que el sindicalismo peronista está atravesado por las mismas internas que el resto del PJ. Los que quieren oponerse a las medidas pero sin poner en peligro la gobernabilidad de la derecha, los que quieren negociar ventajas para sus provincias o aparatos sindicales, los que ya traicionaron (como los diputados tucumanos) y los que dudan.

La izquierda, el sindicalismo combativo, las organizaciones sociales y asambleas populares no dudan. Arrancaron las jornadas de lucha un “lejano” 20 de diciembre y fueron parte de las siguientes jornadas unitarias pero con sus propias banderas. La consigna es sencilla: “Plan de lucha hasta que caigan el DNU y todas las medidas de Milei”. El método tampoco es complicado: continuar con la movilización masiva, acompañada por los paros y piquetes, para desplegar toda la fuerza del pueblo trabajador. Ninguna negociación parlamentaria ni fallo judicial frenará la decisión de la derecha de dar un golpe criminal a las condiciones de vida de millones.

La CGT, la CTA y las organizaciones sociales ligadas al peronismo no se pueden volver a guardar. Es momento de mantenerse en las calles. El día que se vote la Ley: paro general para llenar el Congreso.