DEEP STATE. La Judicatura agua la fiesta del plan de recuperación del gobierno

“Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar”. A Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no les iría mal repasar algo del refranero español. Este miércoles, al mismo tiempo que el presidente del Gobierno anunciaba las líneas maestras de sus Presupuestos y su plan de recuperación, el ya conocido como “Plan Merkel”, saltaba la noticia de que su vicepresidente será juzgado en calidad de investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El “deep state” continua con su trabajo.

Hace unos meses el gobierno de coalición, con Marlaska en esa ocasión como cabeza visible, se lamentaban de los informes manipulados de la Guardia Civil sobre las manifestaciones del 8M. Olvidaban que éstos llevaban las mismas firmas que los informes manipulados de los que se sirvió el gobierno para conseguir la condena por sedición de los presos políticos catalanes mediante la Abogacía del Estado.

Ahora desde Unidas Podemos se habla de causa amañada para desestabilizar al gobierno. Olvidan que hace solo una semana sus ministros y ministras, como los del PSOE, brindaban un respaldo en forma de “acato respetuoso” o miraban para otro lado ante la última decisión de Marchena, destituir un presidente autonómico por desplegar una pancarta.

Los delitos por los que el juez de la Audiencia Nacional ha pasado la causa al Supremo podrían conllevar hasta 9 años de prisión. A García-Castellón no le interesan tanto los hechos alrededor de la tarjeta sim, sino la voluntad política de Iglesias de intentar aprovechar lo que da por probado como “falsario” sin aportar una sola prueba -que detrás del hurto del móvil de Bousselham estaría la trama Villarejo- para “lograr algún tipo de ventaja electoral”.

Como ya nos tienen acostumbrados los togados de la Audiencia Nacional y el Supremo, las intenciones políticas terminan siendo el principal fundamento de su derecho penal del enemigo para dictar sus autos, instrucciones y hasta sentencias. Mal pinta para Iglesias esta causa. Quien la dirimirá no es otro que el mismo Marchena, el superjuez que mejor representa al búnker.

Este nuevo episodio judicial empañó la jornada de presentación del plan de recuperación que el gobierno de coalición promete desarrollar en lo que queda de legislatura. Una puesta en escena en dos tiempos, con Sánchez hablando a lo Macron por la mañana, y sus cuatro vicepresidentes ampliando detalles por y la tarde.

Iglesias quiso ligar su imputación como parte de los intentos de “algunos poderes profundos (que) nos quieren devolver al pasado”, en referencia a un posible boicot de la Judicatura al plan económico. Pero el contenido del mismo es en lo que más consenso hay en las diferentes alas del establisment y el régimen. Ni un solo euro se desembolsará si no es con la supervisión de la UE y el gobierno de coalición está negociando y transigiendo las principales reivindicaciones de los grandes grupos económicos del país.

La ofensiva de la Judicatura parece tener más que ver con los intentos del gobierno de reformar la elección del Consejo General del Poder Judicial -que debilitaría al sector conservador que se ha erigido, sobre todo a lomos de la ofensiva contra Catalunya, en el árbitro de la política nacional-, el trato al independentismo catalán -si debe haber o no respiro que permita una restauración del autonomismo más estable- o la mejor manera de blindar la Corona.

Atendiendo al plan de reconstrucción presentado ayer, el Estado español recibirá 140 mil millones de euros de la UE hasta 2026. En lo que queda de legislatura, hasta 2023, serán 72 mil, 27 mil de ellos ya estarían incluídos en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Sánchez y sus vicepresidentes adelantaron que éstos se invertirán en proyectos de transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial.

Las cantidades son enormes, pero el agujero generado por la crisis económica y la pandemia lo es mucho más. Según las previsiones del gobierno, éste permitirá un crecimiento del PIB del 2,5%. Pero el mismo gobierno reconoce que la caída de este mismo indicador solo en 2020 superará el 11%.

Las únicas medidas concretas anunciadas fueron la modificación de varias leyes por medio de un Real Decreto para facilitar el acceso del sector privado y las administraciones a estos fondos, y una promesa rimbombante de creación de 800 mil puestos de trabajo. La cifra no deja de tener algo de sorna. Es exactamente la misma cantidad de empleos que prometió Felipe González a su llegada a la Moncloa en 1982. Un años más tarde, sus políticas de reconversión industrial y las primeras contrarreformas neoliberales habían generado 800 mil parados nuevos.

Nada se oyó en ambas comparecencias sobre la reforma laboral o la revalorización de las pensiones, las dos grandes contrarreformas estructurales que el gobierno “progresista” ha aceptado que no solo no deben tocarse, sinó que incluso hará falta profundizarlas, como dejó claro el ministro Escrivá con su propuesta de alargar la edad de jubilación efectiva hasta los 67 años.

Los millones del Fondo de Reconstrucción Europeo y la relajación de los objetivos de déficit para 2020 y 2021 que ha aceptado la Comisión, pueden dar tiempo al gobierno para retrasar a mediados de la legislatura los peores ajustes. Pero, como ya hiciera Zapatero en 2010, éstos están inscriptos en el acuerdo con la UE y en ningún caso ni PSOE ni Unidas Podemos renuncian a aplicarlos si son necesarios para el rescate del capitalismo español.

La Judicatura aguó la fiesta de presentación del plan de recuperación. La puesta en escena quedó deslucida, y esto es un gran problema, porque el plan hasta el momento es sobre todo eso, puesta en escena para el hoy, para ganar tiempo, y una enorme hipoteca que será descargada una vez más en forma de ajuste fiscal y nuevas contrarreformas sobre la clase trabajadora y las clases populares.