La Judicatura mantiene su ofensiva de lawfare contra la amnistía ¿Cómo podemos enfrentarla y pararle los pies?

La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo se suma a las maniobras de la Judicatura para hacer inviable la Ley de Amnistía. Este martes, el organismo emitía un dictamen que respaldaba las tesis del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, para imputar a Carles Puigdemont, por un delito de terrorismo.

El fiscal del mismo Supremo, Álvaro Redondo, había elaborado un informe este lunes en el que consideraba que no existían indicios para poder investigar por este delito al expresidente catalán. Seguía así el criterio de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya se opuso hace meses en la inclusión de Puigdemont y la dirigente de ERC exiliada en Suiza, Marta Rovira, por su responsabilidad en la causa de Tsunami Democràtic que investiga las protestas en octubre de 2019 contra la sentencia del procés.

La decisión de Redondo supuso un pequeño “traspiés” en la hoja de ruta del sector conservador la casta judicial, embarcado desde julio en una carrera en tono destituyente para forzar una repetición electoral en beneficio de un gobierno PP y Vox. La Junta ha resuelto en apenas 24 horas este “imprevisto”. Once de los quince fiscales que la componen se han posicionado del lado del juez.

Todavía puede haber, y seguro que los hay, nuevos episodios en esta batalla judicial. La fiscal encargada de redactar el informe final será Ángeles Sánchez-Conde, ubicada en el sector de la casta judicial próximo al PSOE, y quien podría contradecir a sus compañeros y dar la razón a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Sea este el desenlace de este episodio o el contrario, lo que está sucediendo en las últimas semanas es seguramente el mayor caso de lawfare de la reciente historia del Estado español, que ya es decir. Tanto el PP como el PSOE, con la Corona de entusiasta aliento, han convertido en la última década a la Judicatura en un árbitro todopoderoso, en particular para combatir por todos los medios el independentismo catalán.

Los dos grandes partidos del bipartidismo la auparon para perseguir penalmente manifestantes y activistas, para destituir presidentes de la Generalitat - como Quim Torra -, prohibir investiduras, espiar comunicaciones o autorizar infiltraciones policiales. Incluso partidos como Podemos o el PCE, en su camino a la moderación para ser aceptados como socios de gobierno, pagaron el “peaje” de sumarse a quienes reclamaban que se respetaran sentencias como la del procés en 2019 para oponerse a las protestas que hoy se quieren tipificar de actos de terrorismo.

La operación de lawfare actual apunta directamente a hacer caer el gobierno, con la expectativa de que una repetición electoral daría una nueva oportunidad para un gobierno de Feijoó con el apoyo de la ultraderecha. Y lo hacen con todo descaro. Reabriendo instrucciones de casos de hace 5 años, incorporando acusaciones inverosímiles que buscan los vacíos del articulado de la Ley de Amnistía conforme se conoce el texto, readaptando las causas o ampliándolas - como la que sobrevuela de Alta Traición por la bizarra vinculación del procés con Putin-...

Hoy es el PSOE y su gobierno de coalición con Sumar, quien sufre las consecuencias de esta operación de la que ha sido parte. La Ley de Amnistía es condición de posibilidad para que la legislatura no acabe siendo la más breve de la historia. Y una Amnistía que dejara por fuera al expresident de la Generalitat en el exilio - entre otros muchos políticos y activistas como los CDR de la Operación Judas también se verían afectados - haría inviable mantener el apoyo parlamentario de Junts.

Pero ni con estas el PSOE está dispuesto a enfrentar a la Judicatura. En la misma votación de su Ley de Amnistía optó por votar junto al PP y Vox para rechazar las enmiendas que buscaban blindar el texto de estas farsas judiciales. Aunque lo cierto es que, si las hubieran aceptado, sería la misma Justicia de la UE la que vendría a tumbar la Ley por incluir los delitos de terrorismo. La ilusión del “Europa ens mira” del procés se desmorona por completo cuando es la misma UE la que está haciendo piña con lo más rancio del Régimen del 78, como hizo en 2017 y el golpe institucional del 155.

La Ley de Amnistía acordada por el gobierno PSOE-Sumar y sus socios, incluida Junts, ya dejaba claro que no habrá en ningún caso amnistía total, como peleamos desde numerosas organizaciones contra la represión, movimientos sociales y la izquierda anticapitalista. Cientos de represaliados, por luchar en otras causas o por otros delitos de opinión, seguirán procesados o en prisión aunque se apruebe. Desde sindicalistas, activistas por la vivienda, raperos como Hasel o antifascistas como los 6 de Zaragoza, para 4 de los cuales el mismo Supremo ha dictado 4 años y 9 meses de prisión.

Pero también dejaba claro que la última palabra para su aplicación la tendría la casta judicial. La misma que lleva meses avisando de que harán todo lo posible - y no tienen ninguna instancia por encima de ellas para evitarlo - para impedir que tuviera siquiera los limitados efectos prometidos.

Queda patente que dejar esta reivindicación democrática en manos de las negociaciones por arriba entre quienes fueron parte de la escalada represiva y quienes demostraron su negativa a enfrentar hasta el final a este régimen, solo puede conducir a su consecución hiperparcial o directamente a su no consecución, como apuesta la derecha y su casta judicial afín. Mientras este sector está completamente a la ofensiva, las fuerzas que apoyan al gobierno siguen abogando por una línea de pasteleo institucional, presión parlamentaria y, sobre todo, desmovilización social. Este camino solo puede llevar a la derrota y a que se siga fortaleciendo la reacción.

Frente a esta pasivización, es necesario retomar una amplia movilización democrática por la amnistía total. Que incorpore al conjunto de los disidentes y luchadores procesados, tanto en el procés como en el resto de movimientos democráticos y sociales perseguidos por los diferentes gobiernos, también la misma Generalitat. Que esta sea inmediata y no dependa de los mismos jueces que les condenaron, y que se deroguen el conjunto de leyes liberticidas con las que dictaron sentencia, empezando por la Ley Mordaza y la Ley Antiterrorista.

Necesitamos un movimiento que no se pliegue a los marcos reaccionarios impuestos por la Constitución del 78, y la legislación de la UE, para garantizar el “atado y bien atado”. Y que, para acabar con esta casta reaccionaria que pone y quita presidente, encarcela luchadores mientras absuelve banqueros y políticos corruptos, o es capaz de liberar cientos de agresores sexuales en su cruzada contra el feminismo, pelee por la disolución de tribunales de excepción como el Constitucional, el Supremo o la Audiencia Nacional, por establecer juicios por jurado popular y la elección de los jueces por sufragio universal y que estos no cobren más que el salario medio.

El lawfare es parte constitutiva del Estado capitalista. Es la herramienta por la que un poder no electo y ligado por uno y mil lazos políticos, económicos y hasta sanguíneos con las grandes familias o instituciones como la Corona, interviene en todos los órdenes sociales en favor de los poderosos. La lucha contra ella debe ser, por lo tanto, parte constitutiva de toda lucha contra el curso autoritario del régimen y por la más amplia realización de los derechos democráticos que nos vienen pisoteando.