La denuncia pública contra policías en la ciudad de Cochabamba, tras el caso de una niña que desde los 11 años fue esclavizada sexualmente, violada, obligada a traficar y abortar, generaron una fuerte desconfianza y repudio contra la institución policial. No hay lugar a la “reforma” policial como sostiene el MAS o la oposición, por la disolución de la Policía y las fuerzas represivas.
Miércoles 10 de julio de 2019
Foto: El Deber
Ha despertado indignación y desatado polémicas la noticia sobre la violencia ejercida desde la Policía a una niña de 11 años, que era prostituida en la ciudad de Cochabamba; la violaban y obligaban a abortar y traficar pastillas abortivas. Desde el oficialismo se ha planteado este caso como un problema de corrupción “individual” (a pesar de estar vinculados un cúpula de policías); sin embargo, la violación -hace unos meses- a una mujer detenida en la carceleta de Riberalta, decenas de altos mandos procesados por narcotráfico en el caso Montenegro, la continua violación a los derechos humanos en las intervenciones a los yungas paceños y otros sectores de conflicto, con amenazas y amedrentamientos contra las víctimas para conseguir salir impunes de su violencia, han demostrado reiteradamente que no puede existir ninguna forma de confianza en la Policía para la “seguridad ciudadana”, la imagen tras la que quieren camuflar sus actividades.
La realidad indica que se “renuevan” los funcionarios bajo el barniz de “perseguir criminales”, pero sosteniéndose el fin de esta institución: proteger la propiedad privada de los empresarios y sectores poderosos de la sociedad y reprimir a los sectores populares. Porque ese es el origen de las fuerzas de seguridad: “cuidar y proteger” no a “la comunidad” sino a la propiedad privada capitalista. Esto explica porque los grandes negocios ilegales (de la burguesía) como la trata de mujeres y niñas, el narcotráfico, la prostitución, el tráfico de armas, los talleres clandestinos, entre otros, siempre cuentan con la participación, colaboración y protección de elementos policiales. Por esto tampoco puede existir ninguna confianza en “mejorar”, “actualizarla” o “sensibilizar a los policías”, como pretende aludir el Director Nacional de DDHH de la Policía con su programa de despatriarcalización y masculinidad.
El crimen y la inseguridad ciudadana no va encontrar salida transitoria al “supervisar” esta parte viviente del negocio capitalista, y por el contrario, mayor fuerza pública o más “mano dura” que pretende el Ministerio de Defensa como “solución”, va incrementar la violencia y la inseguridad de los trabajadores y familias pobres, como la continua violación a los derechos humanos en las intervenciones a los yungas paceños, dónde cargan la “lucha contra el narcotráfico” sobre las espaldas de decenas de familias pobres, dejando libres a los grandes negocios y carteles de la droga.
No es un policía, es toda una institución
Desde hace décadas la inversión de los distintos gobiernos en “seguridad” aumenta año tras año, mientras que los índices de hechos de violencia enmarcados en la categoría de “delitos” se mantienen proporcionalmente. Las fuerzas de “seguridad” responden con represión para proteger a la burguesía, mientras el discurso hacia la población intenta “legitimar” y justificar las acciones de la policía, como cuando el gobierno del MAS intentaba deslindarse de su responsabilidad política del asesinato de Jonathan Quispe resultado de la represión policial del 24 mayo de 2018. De la misma manera justificaron la brutal represión a las personas con discapacidad el 2016, a las mujeres de Achacachi y las trabajadoras de aseo urbano de La Paz Limpia el 2017, a los estudiantes de medicina de la UMSA y de la UPEA el 2018 o más recientemente a los campesinos de ADEPCOCA, mientras que grandes delincuentes que hunden empresas, que se enriquecen mediante el contrabando, que violan derechos laborales, que se quedan con los aportes a la seguridad social de las y los trabajadores, o que provocan tremendos desastres con el tráfico legal de madera y de animales, generalmente quedan todos en la impunidad.
Por la disolución de la Policía y las fuerzas represivas
El problema de la inseguridad y el delito es un problema social profundo y estructural: la burguesía pretende resolver el problema de la impunidad y la corrupción de sus instituciones, con más policía, con más normas punitivas y aparatos del Estado para reprimir con más “mano dura” para defender sus intereses y reforzar sus negocios.
Nosotros estamos convencidos que la única forma de resolverlo de raíz es cambiando el sistema mismo, y en este camino, también es necesario disolver las fuerzas del Estado, la policía y los aparatos represores que lo sostienen y que son cómplices. Esto como parte de un programa de lucha contra este Estado de los capitalistas y por un gobierno de las y los trabajadores, al tiempo que defendemos y promovemos todas las formas de autodefensa obrera y popular. Las funciones de seguridad deben ser realizadas por los trabajadores haciéndose cargo de su propia autodefensa, es decir, por milicias de la clase trabajadora, subordinadas y controladas por las organizaciones obreras y del pueblo oprimido. Creemos que este es un aspecto inseparable de la lucha revolucionaria por acabar con el capitalismo, para construir una sociedad sin explotados ni oprimidos.
