Tamaulipas. La STPS pide debido proceso para Susana Prieto mientras siguen los despidos

La abogada y activista fue detenida el pasado 8 de junio por la Policía Ministerial en Matamoros, Tamaulipas por los cargos de amenazas, coacción, motín, y delitos contra servidores públicos. A la fecha Susana Prieto continúa presa.

Desde la STPS exhortamos a las autoridades de Tamaulipas a garantizar el debido proceso de la abogada Susana Prieto y hacer valer el pleno ejercicio de los derechos laborales. pic.twitter.com/j86yBIbpiH

— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) June 24, 2020

Desde el 12 de junio López Obrador ya se había pronunciado porque las Secretarías de Gobernación y del Trabajo revisaran la detención, afirmando que esta había sido un acto de represión.

Lo que hay detrás de esta detención es el intento del gobierno de Tamaulipas de aleccionar a los obreros y las obreras de la ciudad fronteriza, que frente a los despidos y las condiciones de insalubridad a las que han sido orillados en plena pandemia, pararon sus centros de trabajo y denunciaron que los empresarios priorizan sus ganancias antes que la vida de los trabajadores.

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Si bien tanto el presidente como la secretaria del trabajo se han pronunciado porque haya un debido proceso en cuanto a la detención de Susana Prieto, e incluso la Secretaría del Trabajo apela a “respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales”, lo cierto es que es pura palabrería.

Más allá de las sanciones aplicadas a algunas muy pocas empresas por no cumplir con el reglamento sanitario o por despedir a sus trabajadores, la constante de la Secretaría del Trabajo ha sido la de permitir que se avance cada vez más contra los derechos laborales que dicen defender.

Es urgente la liberación inmediata y sin cargos de Susana Prieto, pero también que cesen los despidos de los trabajadores así como la producción de los sectores no esenciales, pues en la ciudad fronteriza la gran mayoría de contagios son de maquiladores.

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Si la Secretaría del Trabajo dice defender los derechos laborales, tendría que expropiar a toda empresa que exponga y despida a sus trabajadores y ponerla a funcionar bajo control de los obreros. Pero a 3 meses de que inició la cuarentena queda claro que eso no está en los planes de Luisa María Alcalde ni del resto del gobierno. Solo los trabajadores organizados podrán imponer el conjunto de estas demandas.