Política. La arremetida de la ultraderecha por el apruebo

Quedan sólo dos meses para que lleve a cabo la elección de este nuevo proceso Constituyente que es totalmente antidemocrático, con 24 expertos designados a dedos, donde el consejo es integrado en su mayoría por la derecha realizando enmiendas impulsadas por la extrema derecha a través del Partido Republicano y que atacan los derechos mínimos o perpetúan el negocio de la salud, educación y AFP.

Frente a este escenario en la última encuesta Cadem se mostró que el 54% dice estar “en contra” y un 24% “a favor”. Ante estos porcentajes el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast puso como meta dar vuelta los resultados de las encuestas, difundiendo ofensivamente lo positivo de la nueva propuesta, esperando que los consejeros sigan con su campaña “Te quiero Chile”, difundiendo las normas del texto y donde el mismo Kast iniciaría una gira que partirá en Antofagasta para luego desplegarla a nivel nacional.

¿Qué hay detrás de la ofensiva del líder del Partido Republicano?
Cabe recordar que este segundo proceso Constituyente se realizó después de que en su mayoría se rechazara el primer plebiscito que emergió gracias al acuerdo por la paz firmado desde el FA hasta la derecha y que desvió todo el proceso de lucha y organización que se estaba gestando en repudio a la herencia de la dictadura, la cual J.A. Kast la defiende con uñas y dientes y a través de las enmiendas busca agudizar las medidas en contra de la mayoría de la población y a favor de unos pocos que se ven beneficiados.

Estas políticas sólo benefician a unos pocos y la situación internacional lo ha demostrado a través de las crisis, donde la mayoría de la población tiene que pagar las consecuencias y lidiar con crisis económicas, crisis migratorias, inflación, bajos sueldos, condiciones que precarizan la vida de miles de familias trabajadoras. A nivel nacional también se viven estas consecuencias de la avaricia empresarial y donde la derecha a través del Republicano José A. Kast, ha salido ofensiva para que en diciembre se apruebe la nueva constitución, manteniendo los pilares de la Constitución de Pinochet, con enmiendas impulsadas por su partido y que van totalmente en contra de la mayoría de la población.

Estas enmiendas apuntan en contra de la libertad y de la organización, como la limitación del derecho a huelga en proceso de negociación colectiva, medida en contra de los trabajadores y a favor de los empresarios, también está la enmienda que permitiría la liberación de presos de Punta Peuco, quienes son asesinos y torturadores, participando de la violación a los Derechos Humanos en la dictadura de Pinochet, hechos que la derecha intenta negar con todas sus fuerzas, además de la constitucionalización de las ISAPRES y de las AFP, buscando seguir con ese negocio, dejando a jubilados con sueldos de hambre.

A esto le agregamos la “libertad de elegir” en educación y salud, algo totalmente segregador, donde los que tienen plata podrán realmente elegir y acceder a un tipo de salud y educación pagada. Esta enmienda sólo busca seguir perpetuando el negocio, mientras por ejemplo la educación pública está cada vez más desfinanciada, lo que lleva a que en Tiltil tengan que cerrar 9 escuelas por deuda, otros establecimientos se caen a pedazos, se llueven, faltan profesionales, se les adeuda el sueldo a las y los trabajadores de la educación, etc. Así como en salud, donde la derecha quiere seguir manteniendo el gran negocio, siendo la salud pública cada vez más precarizada y donde Boric continúa con la medida de Piñera de despedir a los trabajadores Covid, sin hacerse cargo de la realidad que demuestra que a pesar que se terminó la crisis sanitaria de la pandemia, la necesidad de mantener a las y los trabajadores contratados en contingencia y contratar a más trabajadores de la salud es urgente.
Esto se demuestra a través del último informe que envió la cartera sanitaria a la Cámara de Diputados, donde dice que 10.477 personas fallecieron esperando una atención durante el primer cuatrimestre del 2023, situación que se puede agudizar con los despidos.

Además lograron aprobar una enmienda que pone en riesgo uno de los pequeños avances que desde el movimiento de mujeres se ha conquistado respecto a los derechos reproductivos, la Ley de Aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre, feto inviable y violación. Es un golpe contra el movimiento de mujeres e incluso contra la infancia vulnerada, que encabeza nefastas cifras; el promedio de edad de quienes se han amparado bajo la causal de violación es de 13 años. A esto se le suma la arremetida de la derecha en contra de la educación sexual integral, en contra de que las y los estudiantes puedan conocer acerca de su cuerpo, de sus intereses y sus limites y por ejemplo poder identificar una situación de abuso sexual.

Esto demuestra los verdaderos intereses de la extrema derecha que le quiere hacer creer a la población que podrán elegir, que se le entregará libertades de decisiones de salud, educación, AFP, algo totalmente falso, ya que esto solo beneficiará al bolsillo de los empresarios y mantendrá el negocio.

Es por esto que no nos debemos conformar con este proceso anti democrático, debemos organizarnos contra el proceso constitucional, que debe ser derrotado por la fuerza de la movilización de las y los trabajadores, el movimiento de mujeres, los estudiantes organizados y el pueblo.

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Llamamos a todos los sectores que ven críticamente el actual proceso a organizarnos en común, para enfrentar y denunciar el fraude constitucional, pero también para retomar la perspectiva de la organización y la movilización por la conquista de todas las demandas que quedaron irresueltas durante la revuelta, exigiendo a la burocracia sindical que vuelva a movilizar activamente ante los ataques que se han vivido los últimos años, unificando a las mujeres, estudiantes, pobladores y trabajadores en pos de la pelea por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, por un programa contra la violencia hacia las mujeres que este gobierno no ha cumplido, contra las leyes represivas como la Ley de Usurpaciones, y la Ley Naín Retamal - gatillo fácil, por un plan de emergencia habitacional para enfrentar la crisis de vivienda actual y de conjunto para que los costos de la situación económica internacional y nacional no la pague el pueblo trabajador sino que los grandes empresarios.