Estado Español. La bancarrota del ‘banco malo’ incrementará el coste del rescate bancario en 35.000 millones de euros

Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, acaba de ordenar al Estado español que asuma la propiedad en exclusiva de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), el denominado ‘banco malo’. Lo ha hecho porque la SAREB se ha quedado a cero de capital, tras agotar sus últimos recursos. Por lo que al encontrarse en bancarrota Eurostat exige que se transforme en deuda pública la totalidad del agujero creado tras casi diez años de funcionamiento.

Ahora ordena que de los 48.000 millones de deuda avalada por el Estado español en el momento de crearse el banco malo y tras las ventas de unos pocos activos durante este periodo, quedando un saldo negativo de 35.000 millones, se registre ese saldo negativo como deuda pública del Estado. Estas cifras, mareantes, llevarían a un coste público total del rescate de las entidades financieras de 77.651 millones de euros.

Después de la creación en 2012 con el objetivo de limpiar los activos tóxicos de los balances de los bancos, básicamente de las entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco Gallego y Banco de Valencia) y, de las entidades que estaban en proceso de reestructuración (Banco Mare Nostrum, CEISS, Caja3 y Liberbank), la SAREB ha resultado un fiasco de gestión y mala praxis financiera, por lo que el pozo que se ha abierto ha lastrado sus resultados absolutamente.

Pero de la SAREB han chupado tanto los bancos o cajas rescatadas como todas las entidades financieras que se vincularon a ella. Unos saneándose a coste del Estado y colocando activos de préstamos incobrables; o aportando solares, pisos o locales sin salida en el mercado a los precios que les convenían para eludir pérdidas y blanquear sus balances. Todo consentido, apoyado y promocionado por el Gobierno del PP de Rajoy y la UE, y luego por el Gobierno de coalición PSOE – UP, que no ha cambiado nada de esto.

De esto se han beneficiado también las entidades financieras que constituían el capital social junto al Estado, cediendo en forma de aportación de capital otros activos totalmente desvalorizados en forma de más bienes inmuebles -terrenos, solares, locales, viviendas- sin prácticamente valor real. Por lo que, la única parte que ponía dinero contante y sonante en esta operación financiera era el Estado. Además, algunos de estos bancos se beneficiarían después de la limpieza a fondo efectuada en los activos de esos bancos y cajas en quiebra, tras ser privatizados de nuevo al adquirirlos a precio de ganga y en gran medida rehabilitados en sus balances. Eso sucedió, por ejemplo, con el Santander al adquirir el Banco Popular por 1 euro, o ya bajo el Gobierno de coalición con la reciente fusión de Caixabank-Bankia.

Sin embargo, y aunque el Estado aportaba el 45% de los recursos del ‘banco malo’, frente a la parte del capital privado -más bien ficticio- que participaba con el 55% restante, en ningún momento -ni con el Gobierno del PP, ni con del del PSOE y Unidas Podemos- se pusieron los activos inmobiliarios de la SAREB al servicio de las necesidades de la población vulnerable que se encontraba sin vivienda porque era desahuciada sin miramientos, pese a no tener alternativa habitacional. Familias enteras, con menores o con ancianos y ancianas, o personas dependientes eran y son arrojadas a la calle, mientras la SAREB acumulaba viviendas sin salida y a costa del erario público, por la presión de las entidades financieras que, a pesar de haber sido rescatadas, pretendían continuar dando pelotazos con las viviendas.

Ni el Gobierno del PP como es sabido, ni tampoco el de PSOE-UP, que presume de “no dejar a nadie atrás” durante la crisis de la pandemia, han constituido un fondo de viviendas públicas con estos recursos para atajar el problema de la falta de vivienda pública accesible para la población vulnerable. Esta medida ha sido planteada en múltiples ocasiones por la PAH y organizaciones sociales en favor de la vivienda pública, mientras a día de hoy sigue habiendo miles de desahucios pese a decretar la moratoria de los desahucios del Gobierno de Sánchez.

Mentiras, corruptelas, recortes sociales y pérdidas

Mintieron tanto el Banco de España, esa institución pública que siempre hace análisis para justificar el recorte de las pensiones y llama a devaluaciones salariales para salir de la crisis, y que dijo en 2012 la rentabilidad de los activos del ‘banco malo’ podrían alcanzar el 15%. Como el Ministerio de Economía, en boca de su ministro de entonces Luis de Guindos, cuando indicó que el rescate bancario no costaría ni un euro al contribuyente, a sabiendas que el agujero que se iba a generar iba a ser enorme. Y que en realidad lo pagaríamos a través de profundos recortes en sanidad, educación, servicios sociales y, en general en derechos de los trabajadores y las clases populares tal y como sucedió desde 2012 sobre todo.

Así, nueve años más tarde al agujero de 42.651 millones de euros que calcula el Banco de España que ha dejado la banca hay que añadirle 10.000 millones más. Ese dinero se deriva de la existencia de un patrimonio neto negativo de 7.511 millones que ha dejado la SAREB, más los 2.192 millones que había puesto previamente el Estado para constituir el ‘banco malo’. No deja de ser curioso que, habiendo propietarios del capital social privados tanto entidades financieras como aseguradoras, ninguna se haga cargo de estas deudas y lo tenga que hacer el Estado en exclusiva. Más cuando venimos de un 2020 con importantes ganancias de los bancos, que incluso han exigido y logrado distribuir dividendos a sus accionistas pese a la oposición inicial de la UE, y cuando el Estado a través del ICO con préstamos avalados ha sostenido el peso del parón económico provocado por la pandemia. Algo que ha permitido incrementar el negocio de los bancos y reducir considerablemente sus riesgos.

Una vez más la banca nunca pierde, sobre todo si el “gobierno más progresista de la historia” no se atreve ni siquiera a tomar en propiedad las viviendas que ha pagado muy caras para cedérselas a la población vulnerable.

Las corruptelas son consecuencia de que los activos se tasaron y traspasaron con costes muy sobrevalorados, para que los bancos no perdieran. Cuando todos eran sabedores de que esos precios no eran nada creíbles, solo hay que ver la diferencia con los precios a los que compraban los fondos buitres otros activos inmobiliarios en esa misma época.

Además, los costes de la propia organización de la SAREB se dispararon por el mantenimiento del parque inmobiliario y por los gastos financieros derivados de la obtención de los propios recursos contaminados que les suponía un coste financiero absolutamente desorbitado. Paradoja de las paradojas, se adquirían recursos inflados de precio con costes financieros añadidos absolutamente usureros. Los famosos swap, de los que el ‘banco malo’ adquirió el mayor de la historia de España y, probablemente, de Europa. Por ello, se estima una pérdida de unos 3 mil millones. Pese a que los tipos de interés comenzaron a bajar, se seguía pagando muy caro.

Por si esto fuera poco, año tras año, se fueron ajustando las tasaciones de los activos tóxicos cuyo valor iba bajando cada vez más, ahora sí que había que ajustarlos a precios más realistas, y eran muy bajos. Por este concepto solo en 2019 la SAREB perdió 1.000 millones de euros.

Resultado de todo ello, en 2020 solo ha quedado en el pasivo de las cuentas de la SAREB la deuda avalada por el Estado, el resto de operadores desapareció. De ahí la imposición de Eurostat de que el Estado asuma los 35.000 millones de pérdidas. Ahora solo lo que se malvenda de los activos se podrá recuperar, pero en realidad ¿no debería el Gobierno “progresista” ponerlos a disposición de los sectores más vulnerables en forma de una bolsa de vivienda pública y garantizar así la vivienda como derecho público? Algo difícil si recordamos las palabras del ministro del ramo, Ábalos, cuando recientemente dijo que la vivienda no tiene solo carácter social, sino que también es un negocio, mientras Unidas Podemos sigue blanqueando y sosteniendo las políticas social liberales del PSOE desde el Gobierno.

Socializar pérdidas y privatizar beneficios

El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha atacado las consecuencias de la pandemia con las clásicas políticas consistentes en socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios. Más de 120.000 millones en préstamos avalados por el Estado, muchos de ellos a las grandes empresas del IBEX 35, con intereses y condiciones favorables. Al menos 40.000 millones para los ERTE de los que se benefician sobre todo las empresas, los trabajadores solo ven reducidos sus ingresos en un mínimo del 30% sobre salarios ya muy bajos. 10.000 millones de ayudas directas para grandes empresas estratégicas de los sectores afectados. 11.000 millones, 7.000 en ayudas directas, para grandes y Pymes variando el porcentaje de apoyos a partir del 30% de bajada de ingresos, no de pérdidas. Frente a eso apenas 160.000 beneficiaros del IMV (Ingreso Mínimo Vital), cuando iba a llegar a más de 800.000. 16.000 millones entregados a las comunidades autónomas para atacar las consecuencias de la pandemia, pero que muchas, como la Comunidad de Madrid, apenas han gastado en rastreadores o trabajadores y trabajadoras de la sanidad y sí en toros y profesores de religión.

Por eso las colas del hambre siguen expandiéndose, aumentan los desahucios, los cortes de suministros básicos no están garantizados, las necesidades sociales más básicas se disparan, el escudo social, en definitiva, no es más que una quimera. Además, los fondos europeos, 140 mil millones, serán gestionados por las grandes empresas del IBEX 35 a través de proyectos estratégicos que harán de locomotora.

Por ello, hay que iniciar un proceso de movilizaciones y luchas en la calle a través de la autoorganización de la juventud, las mujeres y las y los trabajadores, exigiendo a la izquierda sindical y a las burocracias sindicales, desde la base y de forma asamblearia, y a las organizaciones sociales y políticas a la izquierda del PSOE y Unidas Podemos levantar un programa unitario de emergencia social para que esta vez sí, la crisis la paguen los capitalistas.