“Sí, fuimos nosotros. Y, para desligarnos de nuestro invento no basta alegar que después fuimos más prudentes que otros bancos, que una vez creado el monstruo nos resistimos a utilizarlo en nuestro favor, que incluso quisimos advertir, así fuese tímidamente -¡tímidamente!, ¡vaya eufemismo!-, sobre los peligros de nuestra criatura, sobre el hambre desbocada o la rabia destructiva que estaba escrita en sus genes. No basta con deslindarnos de los estragos ulteriores: tenemos el copyright de la debacle”. J. Volpi, Memorial del Engaño (El mexicano Jorge Volpi escribió la autobiografía apócrifa de J. Volpi, una novela sobre el fundador y director de J.V. Capital Management, quien previamente trabajó en J.P. Morgan y Long-Term Capital Management. En 2008 fue acusado de una de las defraudaciones más grandes de la historia y desde entonces se encuentra fugado de la justicia. Memorial del engaño relata, entre otras cosas, como la banca de inversión es responsable de la crisis mundial desatada en 2008).

“Todo está atado a la negociación de la deuda”, rezan los gurúes económicos de la city porteña. Lo hacen para evitar lo que más les gusta y peor les sale: hacer pronósticos. Una vez más en la historia, con un default selectivo que se amplió con el nuevo gobierno, el país atraviesa una crisis de deuda y su futuro depende de decisiones que se tomen muy lejos. La restructuración de deuda en ciernes (como cada restructuración previa) constituye una oportunidad de negocios para los centros financieros, redoblará la dependencia y el atraso del país, e implicará relegar las necesidades urgentes de las mayorías.

A un mes de iniciada la gestión, el FMI elogió la austeridad fiscal del gobierno de Alberto Fernández. No sorprendió a nadie. Es que la primera iniciativa de la nueva gestión fue la llamada Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Esa ley, festejada este viernes 10 vía Twitter por el ministro de Economía, Martín Guzmán, establece que para atender la emergencia económica existe una prioridad, un primer criterio, una jerarquía principal: pagar a los especuladores.

No se trata solo del espíritu de la ley, sino también de cómo se utilizará el vil metal: el artículo 57 amplía el uso de recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES para atender los pagos de deuda. Las restricciones que aplican para mejorar los haberes jubilatorios, el dogma que reza que todos tienen que poner el hombro frente a las adversidades, es olvidado al momento de echar mano a los recursos de los adultos mayores para beneficiar a los bonistas. La cosa no queda ahí. El artículo 61 autoriza al Gobierno a colocar letras por U$S 4.571 millones en el Banco Central para hacerse de reservas con destino a los buitres acreedores. Estos recursos superan en seis veces el monto del bono a los jubilados. El primer día hábil del año comenzaron a utilizarse los primeros U$S 1.326 millones de reservas para cancelación de servicios de deuda.

La gran estafa

El megaendeudamiento que dejó Mauricio Macri tuvo un primer episodio en un acto de lesa soberanía. Se trata del acuerdo con los fondos buitre votado en el Congreso Nacional en marzo de 2016. Ese acuerdo acató lo dictaminado por el fallecido juez neoyorquino, Thomas Griesa. Sí, un juez estadounidense le indicó al Congreso argentino qué votar. Para rastrear el origen de la posibilidad de tal intromisión en los asuntos internos hay que ir al megacanje de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Roberto Lavagna y Alfonso Prat Gay (así lo denomina Claudio Lozano, recientemente asumido como director en el Banco Nación) de 2005, que se llevó adelante con la cesión de soberanía para que cualquier litigio se resuelva en tribunales de Nueva York. El gobierno de Cambiemos logró, aun siendo minoría en ambas cámaras, la aprobación tanto en diputados como en senadores gracias a la colaboración del peronismo. Uno de los que levantaron la mano a favor de los buitres fue Sergio “ventajita” Massa, el actual presidente de la Cámara de Diputados en representación del Frente de Todos. Ese primer acto de entrega alcanzó fama mundial a causa de un récord: la mayor colocación de deuda soberana de una economía emergente en décadas. Se trataba de la emisión realizada para pagarle a los buitres: deuda que paga deuda. Los fondos buitres -entre ellos el NML Capital Elliot de Paul Singer, Aurelius Capital y Dart Management-obtuvieron ganancias siderales por unos bonos que habían comprado a precio de remate mientras el país se hundía como el Titanic en 2001. Cómo los fondos buitre se aprovecharon de Argentina, titulaba el 1° de abril de 2016 el New York Times: se trataba de un artículo de opinión firmado por Martín Guzmán y su maestro, el premio Nobel Joseph Stiglitz. Allí afirmaban que el NML había obtenido un rendimiento de 1180 %. Destacaban un “detalle” más: el país hasta pagó los honorarios legales de los buitres.

El macrismo lograba así una vuelta triunfal a los “mercados” de deuda luego de años de sequía en los que el financiamiento internacional estuvo vedado para esta nación del sur del planeta. De allí en adelante comenzó un inédito festival de endeudamiento. El marketing cambiemita rezaba que la emisión descontrolada de bonos era para aceitar el gradualismo, un eufemismo poco elegante en esos tiempos violentos en que el ajuste avanzaba a tarifazo limpio. En simultáneo, el poder de compra de los ingresos populares retrocedía: el salario real del empleo registrado perdió 7,5 % el primer año de Cambiemos. La tarea fina se completaba con una reducción de impuestos y un blanqueo de capitales en favor de los dueños del país: un premio a quienes habían evadido impuestos y fugado patrióticamente sus dólares a paraísos fiscales. No hay dudas: la deuda financió una política para empobrecer a las mayorías trabajadoras.

La fiesta inolvidable de los ricos siguió. En junio de 2017, once meses antes del nuevo desembarco del FMI en estas pampas, el exministro de Finanzas, Luis Caputo, obtuvo un segundo récord: la emisión del bono a cien años, el más largo de la historia argentina. En América Latina solo México había logrado el privilegio de una emisión de tan largo plazo. La operación estuvo comandada por los bancos HSBC, Citibank, Santander y Nomura, quienes, obviamente, se embolsaron una jugosa comisión. Hasta los analistas más pro “mercado” alertaron que la tasa de interés pagada fue demasiado elevada. Apenas conocida la noticia, Caputo declaraba que "a pesar de la incertidumbre actual en los mercados internacionales, el Gobierno demostró la capacidad de obtener financiamiento a muy largo plazo”. Omitió un detalle: uno de los fondos que compró el bono fue Noctua Asset Managment LLC, que según los Paradise Papers es una sociedad offshore radicada en Delaware (una guarida fiscal de los Estados Unidos) fundada por el mismo Caputo en 2009. Luego del triunfo en las elecciones de octubre de 2017, el macrismo se declaró en modo “reformismo permanente”. Se trataba de un grito de guerra para acelerar las reformas que exigía el “mercado” en los ámbitos laboral, previsional y tributario. En medio del repudio generalizado y la represión contra las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre, el Congreso votó el robo a los jubilados con el cambio en la movilidad jubilatoria y una rebaja generalizada de impuestos a la clase capitalista. Fue un momento bisagra para el gobierno que dilapidó en poco tiempo el triunfo electoral obtenido dos meses antes. El malestar creciente y la movilización pusieron un límite que impidió que avanzara la reforma laboral. Una vez más, no hay dudas: la deuda financió una política para empobrecer a las mayorías trabajadoras.

En el episodio siguiente la catástrofe se precipitó. A fines de abril de 2018, la banca J.P. Morgan decidió que la “bicicleta financiera” era cada vez más peligrosa y retiró abruptamente una multimillonaria suma de dólares del país. Arrancaba una de las tantas corridas cambiarias que sacudieron la vida de los argentinos hasta que el cepo a la compra de dólares se redujo a su mínima expresión a fines de 2019. La devaluación del peso argentino aceleró la destrucción de los ingresos populares. No solo eso: también se cargó a Federico Sturzenegger, el ultraortodoxo expresidente del Banco Central, y a Luis Caputo, quien había sido empleado de J.P. Morgan. Como las revoluciones, que se devoran a sus mejores hijos, los “mercados” se devoraron a Cambiemos. En mayo de aquel año regresó el FMI y sus recetas que benefician siempre a los mismos. El macrismo obtenía un tercer récord: ser beneficiario del préstamo más grande en la historia del organismo. Casi el 90 % de los desembolsos fueron pactados para realizarse entre 2018 y 2019 (finalmente, no llegó el último tramo de 2019 por U$S 5.400 millones frente al creciente caos económico luego de que el macrismo perdiera las PASO). Estaba claro que se trataba de un préstamo para financiar la permanencia de Cambiemos en el poder. El Fondo se convirtió en el gendarme de la economía nacional sin que el acuerdo original pasara por el Congreso. En febrero de 2019, en ocasión de recibir a la delegación del FMI con bizcochitos, el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, planteó que el acuerdo con el organismo “tendría que haber pasado, antes de firmarse, por el Congreso”. No fue hace un siglo. Recientemente, este hecho fue denunciado judicialmente por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo: es que no existe ningún acto administrativo, decreto o resolución que autorice a firmar el acuerdo con el FMI. Los términos del primer acuerdo fracasaron prontamente y fueron reformulados en varias ocasiones. La última vez fue en abril de 2019 cuando se vislumbraba una nueva corrida cambiaria y el Fondo autorizó el uso de reservas del Banco Central para contenerla. De este modo, se financió la fuga de capitales. En el mientras tanto se impuso el “déficit cero” en el Presupuesto 2019, votado en el Congreso con la ayuda del peronismo: implicó ajuste en partidas de salud, educación y salarios con el objetivo de liberar recursos para honrar la deuda. Entre el primer semestre de 2018 y el mismo período de 2019 (es decir, el primer año desde el regreso del Fondo), subió desde 27,3 % a 35,4 % la cantidad de personas bajo la línea de la pobreza. Nuevamente, no debería haber dudas: la deuda financió una política para empobrecer a las mayorías trabajadoras.

La deuda odiosa

Desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2019, se fugaron del país U$S 88 mil millones de dólares, según las cifras registradas bajo el concepto de “formación de activos externos” en las estadísticas del Banco Central de la República Argentina. En simultáneo, entre el cuarto trimestre de 2015 y el tercero de 2019, la deuda externa pública del Estado Nacional se elevó en U$S 91 mil millones. Aunque los períodos son levemente diferentes, no hay dudas de la relación estrecha entre endeudamiento y fuga. Seguramente, la mayor parte de esa fuga terminó en paraísos fiscales, en esas guaridas mafiosas en las que los dueños del país guardan el producto del trabajo no pago a los asalariados que ellos se apropian. El 27 de agosto del año pasado, en plena campaña electoral, el actual presidente tuiteó una denuncia sobre cómo la deuda financiaba la fuga de capitales y el pago de intereses de deuda anterior. El corolario que se deduce de esa denuncia es que el pueblo trabajador no recibió un centavo del megaendeudamiento macrista. Entonces ¿por qué debería hacerse cargo de esa estafa?

Las negociaciones que encabeza Martín Guzmán para reestructurar la deuda se desarrollan sin beneficio de inventario sobre lo actuado por Cambiemos. ¿No hay nada que revisar, que investigar, sobre el pago a los fondos buitre, sobre la corrida cambiaria impulsada por J.P. Morgan, sobre el bono a cien años, sobre los dólares fugados, sobre el pacto colonial realizado con el FMI? Se podrían realizar muchas preguntas sobre el megaendeudamiento macrista, pero una sola podría sintetizar todas: ¿quiénes fueron los beneficiarios y quiénes los perjudicados? Durante el debate en comisión de la Ley de Solidaridad, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, eludió responder a varias de esas preguntas formuladas por Nicolás del Caño, el diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda. Kulfas rechazó la idea de que la deuda que dejó Cambiemos fuera una deuda odiosa. Su argumento central es que se trata de una deuda contraída por un gobierno democrático (más bien de esa democracia donde los “mercados” gobiernan a diario).

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En una reciente entrevista con Ideas de Izquierda el historiador y doctor en Ciencias Políticas, Éric Toussaint, una de las personas que más estudió a nivel internacional la deuda de los estados soberanos, explicaba que el préstamo del FMI es un acto “hostil a la Nación Argentina, al pueblo argentino. Por lo tanto, para mí, se aplica la doctrina de la deuda odiosa: cambio de gobierno y los dos criterios para definir una deuda odiosa”. Esos dos criterios a los que hace referencia Toussaint son: el primero, que la deuda haya sido contraída contra los intereses de la nación, del Estado o del pueblo; el segundo es que los prestamistas conocían esa situación o no pueden demostrar que no podían saberlo. Finalmente, Toussaint vio necesario aclarar que “según esa doctrina, la naturaleza del gobierno que tomó la deuda no importa. Hay una interpretación falsa de la doctrina de la deuda odiosa. Dice que hay un tercer criterio: el régimen que tomó la deuda era despótico. Es falso”. La doctrina de la deuda odiosa fue elaborada por el jurista ruso Alexander Nahum Sack, quien recogió la jurisprudencia de un siglo y medio de litigios: la Revolución Francesa; la independencia de México; el repudio de la deuda por parte de Portugal; el repudio de la deuda por parte de Estados Unidos en tres oportunidades; el repudio de Costa Rica; el repudio de la deuda por parte de los soviets en 1918; y la anulación de deudas en el Tratado de Versalles. Según Sack “Se debe considerar como gobierno regular el poder supremo que existe efectivamente en los límites de un territorio determinado. Que ese poder sea monárquico (absoluto o limitado) o republicano; que proceda de la ’gracia de Dios’ o de la ’voluntad del pueblo’; que exprese la ’voluntad del pueblo’ o no, del pueblo entero o solo de una parte de este; que haya sido establecido legalmente o no, etc., todo eso no tiene importancia para el problema que nos ocupa.” [1]. Es decir, el argumento de Kulfas no es válido.

La historia sin fin

Claudio Lozano, en el libro La deuda ilegítima (Editorial Autonomía) concentra estudios llevados a cabo en la Comisión Bicameral de investigación sobre el origen y seguimiento de las negociaciones relativas a la deuda externa pública. Esa Comisión fue creada a mediados del 2014 en el marco del debate de la Ley de Pago Soberano, impulsada por Axel Kicillof para tratar de cerrar el conflicto con los fondos buitres en Nueva York, tarea que finalmente realizó Macri. Lozano cuenta que “Por primera vez, desde 1984, el Parlamento argentino parecía asumir la tarea, que, de acuerdo a la Constitución, le hubiera correspondido al finalizar la dictadura”. Existía mucho para investigar.

En una dinámica similar a la del gobierno macrista, el Banco Mundial determinó hace muchos años que el 40 % de la deuda contraída por la dictadura financió la salida de capitales, otro 30 % fue a pagar intereses de la deuda previa y el 30 % restante se destinó a la compra de armamentos e importaciones no declaradas. En los últimos años de la dictadura, Domingo Cavallo nacionalizó deudas privadas de los grandes grupos económicos, entre ellos Techint, Renault, Pérez Companc, Bridas de la familia Bulgheroni, Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), Ford y la familia Macri. Esa deuda la terminó pagando el pueblo trabajador. En el año 2000, el juez Jorge Ballestero dictaminó en un fallo que se detectaron 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura. Alejandro Olmos Gaona, hijo de quien hizo la denuncia original, relató en una entrevista con Ideas de Izquierda que ese fallo fue enviado al Congreso. Allí duerme el sueño de los justos. Se da la “paradoja” de que el Congreso, que nunca trató el fallo del juez Jorge Ballestero, votó pagar a los buitres atendiendo un fallo de un juez de Nueva York.

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El Plan Baker y el Plan Brady en los años 80 y 90 constituyeron renegociaciones de la deuda que facilitaron las políticas neoliberales y el despojo de los bienes públicos a través de las privatizaciones a “precios cuidados”. El “blindaje” en el 2000 y el “megacanje” de Domingo Cavallo de 2001 están sospechados de fraudes con la colaboración del FMI, el Banco Mundial y bancos privados. Con el “megacanje” la deuda pública se incrementó en U$S 53 mil millones. En 2001, el desembolso del FMI que siguió al “déficit cero” se evaporó casi todo en la fuga de capitales. Existen investigaciones que indican que el 80 % de la fuga fue organizada por el Citibank, Bank Boston, Banco Galicia, Banco General de Negocios y BBVA.

Incluso la supuesta negociación soberana del kirchnerismo de 2005 fue cuestionada por Lozano: como se dijo, denominó a esa reestructuración el “megacanje” de Kirchner - Duhalde - Lavagna - Prat Gay (quien hasta 2004 fue presidente del Banco Central): dice que fue un canje inconstitucional, ilegal y sospechado. Además, afirma que en los hechos fue una reestructuración sin quita. Esa definición de Lozano se puede corroborar en lo que ofreció Axel Kicillof para intentar cerrar el litigio con los fondos buitre en 2014. En esa ocasión ofreció las mismas condiciones del canje de 2005 y lo explicó así: “Argentina quiere pagarles en condiciones justas a todos los bonistas. Por eso el señor Paul Singer –titular del fondo NML, principal litigante contra la Argentina– puede venir y conseguir un 300 por ciento de ganancia si compra los bonos reestructurados en las condiciones de los canjes que lanzamos en su momento. ¿Esa ganancia es poco para él? Sí, es poco, porque es un buitre”. Finalmente, Singer y los estafadores de Nueva York lograron con el macrismo ganancias más elevadas.

La Comisión Bicameral de investigación sobre el origen y seguimiento de las negociaciones relativas a la deuda externa pública no constituyó una política voluntaria del kirchnerismo, sino una concesión realizada para lograr apoyo parlamentario a la Ley de Pago Soberano impulsada por Kicillof: “resulta imposible (resaltado del original) producir un informe que sea el resultado de un trabajo de investigación colectivo hecho por los Diputados y Senadores que lo integran”, concluyó Lozano a fines de 2015. Luego la Comisión se reunió muy pocas veces. Una de esas oportunidades fue en abril de 2018. Allí Kicillof se cruzó con Luis Caputo: "Usted tiene mucha información para llenarse de guita", le disparó.

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Es parte del programa del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad rechazar el pago de la deuda y expulsar al FMI de la Argentina: es la única forma de poner fin a un aspecto estructural central de la dominación que las potencias imperialistas ejercen sobre el país. Durante todo el año pasado, basada en la experiencia histórica y en las estadísticas fundamentales de la deuda, la izquierda advirtió algo que los economistas de los partidos del régimen capitalista rechazaban: que era imposible sostener los pagos de deuda sin atacar al pueblo trabajador y que una nueva crisis de deuda estaba golpeando la puerta. El progresismo kirchnerista exhibe una inconsecuencia ostensible con la impugnación de la deuda macrista formulada no hace tanto tiempo. Medidas elementales como la suspensión de los pagos y una auditoría -algo que sí sostiene (¿o sostenía?) Lozano- fueron guardadas en el baúl de los recuerdos. El gobierno de Alberto Fernández conduce la renegociación de la deuda en sus dos frentes más importantes generando la ilusión que esta vez será distinto: por un lado, alienta la idea que podrá obtener un acuerdo amigable con fondos especulativos como Templeton, PIMCO y Black Rock, que concentran gran parte de las tenencias de la deuda argentina y administran volúmenes de recursos que superan en 30 veces el tamaño de la economía local; por el otro, que el FMI aceptará la idea de crecer primero y pagar después, cuando en su naturaleza está desplegar los intereses de los Estados Unidos y las grandes potencias en los países dependientes. Una demostración: el albertismo moderó su posicionamiento en temas internacionales, como lo vimos recientemente en Venezuela, para no incomodar a Donald Trump. Sin romper las cadenas de dominio, el país seguirá siendo un juguete en manos de los centros financieros internacionales.