Opinión. La caída de Vivanco y la decadencia del Poder Judicial

Este lunes, los abogados de la plaza, cuyas causas debían ser vistas por alguna de las salas de la Corte Suprema, se encontraron con un imprevisto. Todas las causas agendadas para el 9 de septiembre fueron suspendidas debido a la convocatoria a un pleno extraordinario del tribunal superior del país. Incluida la resolución del polémico caso de abuso sexual infantil que involucra al padre del senador Macaya, la decisión deberá esperar hasta que se resuelva la crisis que afecta al Poder Judicial de la República de Chile.

Ángela Vivanco, la integrante de la Corte Suprema cuyo caso se trataría en el pleno extraordinario, evitó acercarse hoy a las dependencias de los tribunales. Consciente de que recaería sobre ella el juicio público, quiso evitar el espectáculo de ser lanzada a la plaza para ser devorada por los cuervos, como un cadáver insepulto.

Sin embargo, no pudo evitar convertirse en el rostro de ese cadáver en descomposición que es el Poder Judicial en estos momentos. La filtración de sus conversaciones con Hermosilla, ya ampliamente conocidas, la colocó en un lugar privilegiado para ser objeto del escrutinio público.

Temprano en la mañana, los diputados del Partido Socialista anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra Ángela Vivanco para removerla de su cargo como jueza. Senadores de dicho partido, como Juan Luis Castro, vociferaban en todos los medios contra la jueza. Sin embargo, convenientemente, el partido guardaba silencio respecto a que para que Ángela Vivanco fuese nombrada jueza, fueron necesarios sus votos, los cuales otorgaron.

La memoria del senador Juan Luis Castro parece ser selectiva. No le parecía escandaloso el rol que cumplió la jueza como vocera del rechazo. Tampoco sus compañeros de la Corte Suprema parecen tener buena memoria, dado que Ángela fue electa vocera del organismo por todos ellos para defender sus privilegios de casta contra la tímida propuesta de reforma al sistema de nombramientos judiciales contenida en la propuesta constituyente de la extinta convención.
Ángela, por lo demás, no es la única cuyo cuerpo corre el riesgo de ser usado como chivo expiatorio. El ilustrísimo ministro de la Corte, Jean Pierre Matus, parece estar pronto a correr la misma suerte, dada su descarada negación de tener relaciones con Hermosilla, a pesar de que lo negó más veces que el apóstol Pedro a Jesús. Pero más allá del caos de la coyuntura, es importante reflexionar sobre lo que está en juego en estos momentos.

El Poder Judicial tiene una tradición de más de 200 años de ser una institución con muy pocas reformas y de gozar de una estabilidad institucional que ha sobrevivido a revoluciones, guerras civiles, golpes de estado y crisis políticas de todo tipo. En toda esta historia, que algunos historiadores del derecho comparan con la institución de la Real Audiencia de la Colonia, solo dos jueces han sido destituidos de la Corte Suprema.

Los ilustrísimos magistrados, a fin de preservar su independencia, gozan de sueldos millonarios y privilegios de casta, como el uso de autos de lujo, actualizados cada año y comprados con dinero público. Además, disfrutan de sus cargos hasta cumplir los 75 años, casi sin posibilidad de ser destituidos, y son responsables casi únicamente ante sus superiores jerárquicos y/o sus iguales.

En las facultades de derecho generalmente se enseña que los jueces también deben ser probos en la dictación de sus sentencias, dado que el correcto ejercicio del derecho y aplicación de la ley los legitima frente a la opinión pública. Pero la verdad es que los jueces temen más por la opinión de sus superiores que por los intereses del pueblo al que supuestamente deben servir.

La institución de la justicia en Chile posee tal estabilidad debido al acuerdo transversal que existe para su conservación. Los jueces, guardianes de la libertad, siempre han contribuido con su supuesta independencia a defender el derecho de los ricos en momentos en los cuales los partidos empresariales no han podido preservar el modelo.

No olvidemos que dicha institución fue partícipe activa del golpe de estado de 1973 y de la administración pinochetista durante todo el mandato del dictador.

Pero el Poder Judicial, con el fin de cumplir su misión de preservar el régimen, también actúa con astucia. En otros países hemos visto cómo jueces y fiscales se han entrometido directamente en el juego político, proscribiendo candidatos para limitar el voto popular. Esta forma de bonapartismo judicial también se ha manifestado en Chile, aunque de manera diferente.

Conscientes de que el estancamiento político en el parlamento es una olla de presión, los tribunales, que siempre tienen el pulso de la calle al contar con la información de miles de litigantes y resolver cientos de demandas ciudadanas, han dictado fallos que, exacerbados en sus facultades, terminan siendo verdaderas leyes dictadas por personas no elegidas por nadie.

Andrés Bello, para evitar que los jueces se convirtieran en tribunos de una tiranía del derecho, los convirtió en esclavos de la ley, obligando a que sus fallos solo pudieran tener efectos relativos al caso concreto y no efectos erga omnes. Claro, todo el mundo aplaudió el fallo de la Suprema contra las isapres, fallo que intentó ser boicoteado en múltiples ocasiones por la misma Ángela Vivanco.

Sin embargo, por más progresista que pueda ser ese fallo, no es menos cierto que los jueces han asumido una atribución que solo corresponde a un poder electo por el pueblo. Es decir, el bonapartismo judicial, este intento de mediar entre las clases en disputa, también puede asumir una faceta progresista.