Al momento que cerramos esta nota, la revuelta de las evasiones masivas en el metro contra una nueva alza del pasaje, se transformó en una verdadera rebelión popular que ha puesto en jaque al gobierno del derechista Sebastián Piñera y ha dejado virtualmente herido al régimen chileno y el consenso de la transición. La lucha de clases vuelve a la escena y de forma violenta.

Una verdadera rebelión popular

Organizadas desde inicios de semana por múltiples grupos de jóvenes secundarios, sobre todo de liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, que venían sufriendo una represión brutal los meses anteriores, las evasiones y concentraciones en estaciones, las sentadas en los andenes del metro y la liberación de torniquetes ganaron la simpatía de millones de trabajadores y sectores populares, que vieron en la juventud un ejemplo de decisión y que expresó sus sentires y malestares frente al Chile y sus herencias de la dictadura.

El día viernes se transformó directamente en una revuelta social contra el gobierno. Comenzó con masivas protestas todo el día ocupando las estaciones de metro. La brutal represión contra jóvenes, mujeres, ancianos, niñas y niños, se masificaron y dieron paso a enfrentamientos en más de 70 estaciones. El cierre de casi todas las líneas del metro por parte del gobierno llevó al caos en Santiago, con las principales arterias de la ciudad bloqueadas y el sistema metroviario sin funcionar, producto de las manifestaciones. La estrategia buscaba reprimir a la vanguardia juvenil y a la vez poner a la población en su contra, pues los “vándalos” y “grupos organizados” habían dejado un “caos”. Pero lejos de ello, encendió más la pradera. Como señala correctamente el columnista Ascanio Cavallo, “el santiagazo lo ha desbordado todo. Los hechos sugieren que al afectar las líneas del Metro se tocó el sistema nervioso, no ya de la ciudad, sino de todo el cuerpo social.”

La simpatía expresada en redes sociales se transformaron en amplio descontento y en la tarde-noche, tras el anuncio de Piñera de aplicar la “ley de seguridad interior del Estado” de la dictadura, todo Santiago se rebeló, no solo en la capital y en los alrededores de La Moneda, sino con cacerolazos y barricadas en la mayoría de las comunas periféricas donde reventó la ira popular. En la comuna de Maipú se vivió una verdadera “batalla” que obligó a que la policía se retirara, y así también en muchas otras comunas de la periferia. Edificios de empresas privadas, estaciones de metro y lugares públicos resultaron incendiados, y los carabineros quedaron completamente sobrepasados.

Piñera, quien recibió el repudio masivo por su asistencia a una pizzería del barrio alto a un cumpleaños familiar en el medio de la revuelta, decidió a medianoche imponer el “estado de emergencia constitucional” que puso la región metropolitana al mando de los militares, una medida autoritaria inédita en democracia y que hizo volver el imaginario de medidas de dictadura . Sin embargo, fue como bencina en la hoguera, se pasó de la relación de fuerzas y la revuelta se transformó en rebelión popular el día sábado. En todo Santiago cientos de miles salieron en concentraciones, cacerolazos, barricadas y enfrentamientos con la policía y en algunos casos con militares, en un abierto desafío que puso en jaque al gobierno y al propio estado de emergencia. Los videos de manifestantes gritándoles a los militares con una moral que no se veía hace décadas, viralizaron por todas partes.

Y fue más allá, el “santiagazo” se transformó en una rebelión popular nacional en todas las regiones del país. Desde las grandes concentraciones urbanas como Valparaíso, Concepción o Antofagasta, la solidaridad contra el estado de emergencia en Santiago, nacionalizó el conflicto hasta las localidades más remotas, pequeñas y alejadas, en algunos casos con enorme odio popular. Todo el país se rebeló y explotó un odio social como expresión de un malestar social profundo del “jaguar” o el “oasis” de América Latina.

En un intento de contener la escalada del levantamiento, mientras Piñera anunció la “suspensión” del alza de la tarifa, el General a cargo del estado de emergencia anunciaba el toque de queda, una medida no usada desde 1987, en dictadura militar. Sin embargo, desde las 22:00 horas que empezaba a regir, fue desafiado con barricadas, cacerolazos, y sobre todo una ola de ira, con decenas de micros quemadas, saqueos en cientos de grandes establecimientos comerciales como Walmart; quemas de casetas de policías y retenes; incendio de establecimientos públicos como la municipalidad de Quilpué. “Símbolos del poder” como el edificio de El Mercurio de Valparaíso (diario histórico de la reacción chilena) quedó incendiado. La respuesta del gobierno ha sido extender el estado de emergencia con el mando de los militares en Valparaíso, Concepción, Coquimbo, Serena y Rancagua, con toque de queda en Valparaíso, y con un saldo de varios muertos en Santiago.

Las generaciones más viejas, trabajadoras y trabajadores que acudían a sus centros laborales, jubiladas, mujeres que acudían a pedir hora a los consultorios, y así muchos más, muestran una simpatía. El alza no tocó el pasaje estudiantil, pero ahí están las y los jóvenes luchando por nosotros: esa ha sido el sentimiento generalizado. Pero no para permanecer observando desde el palco, sino para acompañar esta lucha en las calles. La juventud secundaria ha sido un constante “cáncer” del régimen chileno heredero del pinochetismo, como mostró la “rebelión de los pingüinos” del 2006, luego la masiva lucha del 2011. El gobierno y el régimen les dijo “junten odio”, y odio acumularon, y lo traspasaron a todo un país descontento. “Gracias a los jóvenes por hacernos perder el miedo”, se escuchaba en viejas generaciones.

Ya no se trata del alza del pasaje sino de un malestar social profundo por las herencias de la dictadura que siguen vivas, en salarios y pensiones de hambre, trabajos precarios, precios altos, endeudamiento, y así muchas más. “La gente va temprano a los consultorios a hacer vida social”, “si madrugan para tomar locomoción, podrán ahorrar plata”, “nadie reclama cuando suben los tomates”: fueron algunas de las frases para el Óscar de un gobierno al servicio de los capitalistas completamente desconectado de las vivencias del pueblo trabajador, y que fue encendiendo la llama.

Se trata de un levantamiento espontáneo que continúa escalando, sin que ninguna organización política y sin que las organizaciones de masas –sindicales o estudiantiles- más importantes se hayan puesto a la cabeza. Por ahora, por el contrario, aunque se pronuncian a favor, siguen mirando por la galería. Se trata de jornadas revolucionarias en las que se identifica como enemigos al gobierno, a carabineros y el ejército, así como a diversas instituciones del régimen, cuya base es el malestar social y que ha dejado herido al “pacto social” de la transición a la democracia. Los incendios, cacerolazos, barricadas, enfrentamientos y saqueos, constituyen una expresión elemental de este odio que se ha volcado en las calles.

Una situación con rasgos prerrevolucionarios y la herida profunda del “consenso neoliberal”

Piñera sacó a los militares a las calles e impuso el estado de emergencia con toques de queda por la “grave alteración del orden público”. Se trata de un salto en la “bonapartización” del régimen: su soporte, en estos momentos, es el aparato militar y policial. Como dice una editorial de hoy de El Mercurio, se jaqueó el “consenso mínimo” de la transición a la democracia: “el Estado de Derecho y el consiguiente respeto a un marco de reglas cuya vigencia se reconoce, independientemente del legítimo derecho de discrepar de ellas y querer hacer reformas dentro del marco de la legalidad.” El pacto social de la “transición pactada” está roto, que no es lo mismo que vaya a caer necesariamente, para lo cual se requieren objetivos y una estrategia adecuada.

El uso del ejército buscó no solo reprimir cuando la policía fue sobrepasada, sino que buscó atemorizar a la población con el histórico “vienen los militares” y así evitar la activación de las principales reservas de la clase trabajadora y del movimiento estudiantil y un escenario que ponga en entredicho su poder. Las fuerzas de la clase trabajadora, que han intervenido en esta rebelión pero por ahora “diluidas” en la masa y no con sus organizaciones y métodos de huelga y movilización, son estratégicas para un nuevo salto en la situación y es lo que el gobierno busca como sea impedir. Las burocracias sindicales y los partidos de izquierda reformista se niegan a llamar a una lucha abierta y generalizada contra el gobierno, y actúan como fuerza de “contención” para que la situación se transforme en revolucionaria.

Este levantamiento está en curso y está abierto hacia donde va. La Unión Portuaria llamó a preparar la huelga general, y durante este domingo se realizarán una serie de asambleas y plenos estudiantiles. Para el día de mañana está convocado un “Paro Nacional” por la Confech (organización de estudiantes universitarios) y por organizaciones de estudiantes secundarios y de liceos. Distintos sectores de trabajadores llaman y exigen el “Paro” o “Huelga”. El día lunes amenaza de nuevo con encender la lucha, y que puedan entrar batallones centrales de la clase obrera, que imprimiría un nuevo curso a la rebelión, así como la juventud en sus liceos, colegios y universidades. Por lo mismo el gobierno decretó la “suspensión” de clases que busca sacar a la gente de las calles en un país virtualmente paralizado.

Ya no se trata solo del alza sino de una lucha que amenaza con llevarse a un gobierno que literalmente, está “suspendido” en el aire, y se busca reafirmar con los militares o con la “oposición” burguesa de la ex Concertación. Está planteado que intervenga la clase obrera, se estructure el movimiento en lugares de trabajo, escuelas y universidades, y se desarrolle la huelga general que ponga en primer plano la derrota del estado de emergencia y la caída del gobierno, para que tome un curso revolucionario. Disposición al combate, existe. La discusión que se abre ahora, es cuál es la estrategia para vencer.

¿Vía institucional o vía revolucionaria?

La ex Nueva Mayoría ha jugado un rol favorable al gobierno de Piñera. Primero figuras claves, como José Miguel Insulza, repudiaron las evasiones y apoyaron la represión policial. Tras el estado de emergencia, se distanciaron de la medida. Sin embargo, el día de ayer, tras la suspensión del alza a la vez que se instaló el toque de queda en Santiago y luego el estado de emergencia en Concepción y Valparaíso con toque de queda en esta última ciudad, el PPD, PS, PR y DC, todos partidos de la vieja Concertación y del pacto de la “transición” con los genocidas, realizaron un nuevo giro aceptando el “diálogo” con el gobierno, y el día de hoy se reunirán con Piñera en La Moneda para encontrar una salida a la rebelión. Lamentable fue la posición derechista del diputado de RD Pablo Vidal, que ubicándose junto al gobierno, salió a criminalizar las protestas por “violentas”.

Con ello no hacen más que repetir su rol histórico de ubicarse como “falsos amigos del pueblo” ´para ser el sostén del régimen heredero de la dictadura. En este momento de un gobierno jaqueado y una rebelión popular en curso que se ha nacionalizado y sigue in crescendo, juegan el miserable rol de ser sostén de un gobierno que se encuentra aislado. Sin embargo, el progresismo “neoliberal” ya no es lo que era, y el rechazo popular alcanza a sus principales figuras y partidos, en franca decadencia.

El Partido Comunista y el Frente Amplio, que vienen ganando mucho peso en la situación producto de su agenda de reformas sociales, se buscaron ubicar rápidamente del lado de las protestas con apoyo pasivo. Luego, hicieron un llamado al gobierno a “escuchar” a la gente, a cesar la represión y al “diálogo”. Tras el decreto del estado de emergencia con llamado al diálogo de Piñera, se distanciaron de este llamado, denunciaron la militarización y condicionaron el diálogo a fin del estado de emergencia. Ambas organizaciones el día de ayer se unieron a las protestas con sus principales referentes, e incluso el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) y el diputado Gabriel Boric (FA) protagonizaron “increparon” a los militares diciéndoles “fuera”.

Mientras tácticamente condicionan el diálogo al fin del estado de emergencia, estratégicamente su salida es una “vía institucional”, es decir, mediante las viejas instituciones del viejo régimen. En el caso del PC, como señaló su presidente, el diputado Guillermo Teillier: “Si él está renunciando a gobernar, porque gobernar significa acoger las demandas de la ciudadanía y se escuda tras los militares, si no tiene capacidad de gobernar, lo mejor sería que renunciara y llamara a nuevas elecciones ahora”. En el caso de Beatriz Sánchez del FA señaló: “El gobierno renunció a la democracia (…) el país hoy día nos está pidiendo una definición (…). Como FA decimos: estamos claramente con la gente”.

Si bien es correcta la ubicación de negarse al diálogo con el gobierno al mantenerse el estado de emergencia, es una posición “mínima” de alguien de izquierda. Pero en este momento no se trata de ir tras los hechos y apoyarlos pasivamente, sino de dotarles de objetivos superiores y un método y estrategia que permita transformar esta rebelión en una movilización revolucionaria para derrotar al gobierno y del régimen político y social de conjunto.

Hablamos de un “apoyo pasivo” y una salida “institucional” pues siendo que tienen un gran peso político-parlamentario, con cerca de 30 parlamentarios entre el PC y el FA y alcaldes reconocidos como Jorge Sharp en Valparaíso, así como su peso dirigente en las principales organizaciones de masas como la Central Única de Trabajadores, No+AFP, el Colegio de Profesores, los mineros y la salud, por nombrar sólo algunos ejemplos, están mirando completamente por la galería sin contribuir a que entre la clase obrera de forma organizada a la batalla con sus posiciones estratégicas y las “reservas” de millones de trabajadores cuya mayoría se encuentran desorganizados (sin sindicatos ni centrales) e intervienen en la rebelión pero diluidos y sin sus métodos de combate.

El PC y el FA, que podrían jugar un rol central para que se desarrolle la situación en un sentido revolucionario y que ponga la perspectiva de la caída del gobierno y el régimen, no busca esto, sino “contener” justamente este desafío superior. Mientras hablan de apoyar y miran desde la galería con las organizaciones de masas, se niegan a convocar al Paro y menos a la Huelga General para derrotar el estado de emergencia y al gobierno empresarial.

La vía institucional (o eventualmente electoralista, de “elecciones anticipadas”) para “resolver” los problemas sociales es completamente impotente. No será este régimen quien terminará con las alzas, las pensiones y salarios de hambre, los trabajos precarios, los altos arriendos, y múltiples herencias que están en la base del malestar social. No será con ningún “pacto social” ni diálogo parlamentario que tendremos mejores salarios y pensiones, trabajo estable, salud y educación pública, etc. Será mediante la huelga general y la movilización, con la clase obrera interviniendo y sobre las ruinas de este régimen, que podremos conquistar nuestras aspiraciones y anhelos. Sin embargo, no se trata que intervenga la clase trabajadora con sus organismos para “sumar” solo sus demandas, sino para ponerse a la cabeza de esta lucha y llevarla en una lucha política abierta contra el gobierno, con un programa que haga “hegemonía” para conquistar aliados en todas las clases oprimidas por este régimen.

Las organizaciones como la CUT, No+AFP y demás organizaciones ni siquiera han tomado el llamado de organizaciones como la Unión Portuaria que llamaron a preparar una “huelga general” contra el gobierno. En el caso de la CUT, su dirección vergonzosamente sigue mirando por la galería o llamando a concentraciones puntuales que nada cambian. Como se ha mostrado estos años, las burocracias sindicales de la exNM y del PC, y ahora la alianza con el FA que convive pacíficamente con ellas y está asimilando rápidamente sus métodos, transforman a la central y los sindicatos en organizaciones completamente conservadoras frente a la situación, en un momento de crisis donde está planteado que el movimiento obrero entre masivamente en escena mediante paros, huelgas y movilización radicalizada encabezando una huelga general. La vía institucional de la “izquierda anti-neoliberal” busca que Piñera retroceda pero manteniéndose en el poder, y facilitar que mediante las mismas instituciones odiadas por la población que ha protagonizado esta rebelión, se revuelva el conflicto.

Para los revolucionarios en cambio, se trata de luchar por un programa que partiendo de la rebelión popular, desarrolle las tendencias más avanzadas y se proponga derrotar a Piñera mediante la huelga general con movilización. Para ello, la exigencia a las direcciones oficiales para que cientos de miles hagan una experiencia con su rol y las obliguen a salir de sus cómodas oficinas, es central.

Sin embargo, esta batalla debe ir acompañada por una estrategia que se proponga desarrollar masivamente la auto-organización de masas, que permita unificar la pelea, planificar democráticamente qué programa y estrategia se dota el movimiento para triunfar, e impedir un ataque más reaccionario o una salida de “desvío” institucional. Si surgieran asambleas masivas de delegados o coordinadoras estaríamos en mucho mejor pie para que surjan organismos democráticos de lucha de las masas para la unidad de acción y con un programa que gane las alianzas de las clases oprimidas. Hasta ahora aún no se desarrollan organismos de este estilo, y es uno de los límites que tiene la situación, aunque se abren tendencias al convocarse reuniones en plazas como Temuco, Valparaíso y Antofagasta, y el Santiago desde el lunes se han convocado a reuniones y asambleas en cientos de liceos, universidades y también en sindicatos. No puede haber “programa de acción” para el momento que no contemple desarrollar estas tendencias y que pongan el objetivo en el surgimiento de organismos de lucha auto-organizados que busquen pelear por otra perspectiva para el movimiento.

Ya esta lucha dio un salto, y está planteado no solo la defensa de las libertades democráticas frente a los ataques bonapartistas mediante los métodos de la lucha de clases (poner fin al toque de queda y al estado de emergencia), sino que avanzar a la derrota del gobierno mediante la Huelga General, e imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, con representantes revocables y que ganen lo mismo que un trabajador y electos cada 20.000 electores, sobre las ruinas del régimen neo-pinochetistas e instaure una salida favorable a los trabajadores y el pueblo.

Detrás de la estrategia institucional se busca contener en vez de desarrollar el movimiento, sin tocar los pilares del régimen y a los “poderes reales” o factores de poder que gobiernan Chile. Para ir hasta el final, se trata de una vía revolucionaria para voltear al gobierno, al régimen y cuestionar a los pilares del capitalismo chileno, y conquistar un gobierno de las y los trabajadores de ruptura con el capitalismo, para la realización íntegra y efectiva de nuestras aspiraciones y reivindicaciones.