Lesa Humanidad. La continuidad de la dictadura tiene cara de PRO

El nombre de Julio Ramos había sido publicado en el listado de miembros del Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 en el año 2010. Mucho antes en los archivos de la CONADEP un testimonio da cuenta de su presencia en una sesión de interrogatorio bajo tortura. Allí Ana María Rivas de Solé denuncia que Julio Adelaido Ramos, más conocido como “Negro” o “Tipi”, interroga bajo tortura a su hijo Luis Felipe Solé preguntándole por el paradero de su hermano, que finalmente desapareció en Agosto de 1977.

Luis Felipe Solé, ex detenido, retomó esta denuncia en su testimonio en los juicios por delitos de lesa humanidad en 2015, donde reconoció a “Tipi” Ramos como uno de los que lo interrogaron en un CCD: "En ese chupadero, soy interrogado y aparece a cara descubierta Julio Ramos, alias "Tipi", quien fuera militante de la Juventud Peronista en los setenta y pasó a ser colaborador de los servicios de inteligencia. Allí me preguntaron por mi hermano. Lo hizo este Ramos, entre otros. Reconocí también a otro integrante de los servicios por haberlo conocido de mi barrio en la adolescencia, que vivía en Primera Junta al 3400, llamado Rubén Real", quien también operaba "a cara descubierta".

En su relato Luis Solé dejó constancia de que Ramos tenia perfecto conocimiento de quién era él. Posiblemente a causa de su infiltración en las filas de la Juventud Peronista. Este es el segundo testimonio en la provincia que da cuenta de civiles que participan como agentes del ejército durante la dictadura genocida.

Como publica Pagina 12: “A fines de noviembre, el abogado Carlos Pacheco denunció a tres ex compañeros de la escuela secundaria de Santo Tomé que aparecieron en la lista de Personal Civil de Inteligencia (PCI), Oscar Hugo Martínez, Angel Roque Sgroi y Angel Antonio Yommi, y dijo estar "seguro" que uno de ellos participó en el "interrogatorio" cuando lo torturaron en "La Casita" (otro chupadero que aún no fue localizado), en marzo de 1977”.

Este oscuro referente político, así como muchos otros colaboradores civiles, tanto en la provincia como en todo el país, goza del beneficio de la impunidad. Ocupó cargos en la función pública bajo las filas del peronismo santafecino hasta el 2009 y luego fue apadrinado por el PRO de Mauricio Macri. Todo a pesar de contar con denuncias que lo señalaban como Personal Civil de Inteligencia, algo que no es de extrañar para el gobierno de Cambiemos, ya que hoy en el poder “envalentona” a esos mismos que fueron la pata civil del golpe de estado.

Otro caso emblemático es el de Gerardo Martinez, el burócrata sindical de la UOCRA que fue parte del Batallón de Inteligencia 601, como PCI. La información que brindó el Ejército indica que prestó servicios a esa dependencia militar entre el 1 de marzo de 1982 y el 31 de diciembre de 1983.

En los archivos están los responsables

La importancia de la apertura de los archivos de la dictadura, que incansablemente exigimos desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, radica en la necesidad vital de enjuiciar al conjunto de los militares y sus cómplices civiles de la burocracia sindical, empresarios, de la Iglesia Católica, agentes del PCI.

Sabemos que estos archivos existen, porque ante diferentes crisis o necesidades políticas algunos de ellos han salido a la luz como fue en el caso de Malvinas, en el que el gobierno k tuvo que “entregar” estos documentos del ejército a los ex combatientes, luego de años de pelea para que esos delitos sean considerados de lesa humanidad.

Hay razones de sobra para anticipar que Macri se negara también. Sin ir más lejos, su familia fue una de las beneficiadas con la dictadura: los militares estatizaron su deuda junto con la de otros empresarios. Su gobierno, compuesto de CEOs, cuenta en sus filas con personajes aliados de los militares que ponen en duda la cantidad de desaparecidos, como Lopérfido, o directamente servicios como Julio “Tipi” Ramos.

Los testigos se exponen a cada momento cuando valientemente declaran porque lo hacen contra genocidas que están libres, que tienen su aparato de poder intacto, como lo muestran los casos de Julio López, de quien se cumplen 10 años de su desaparición, y de Silvia Suppo, que fue asesinada antes de que finalice el juicio.

Existe un desfasaje entre la cantidad de juicios realizados o en curso, la cantidad de condenas firmes, el número de víctimas y los CCD identificados. Según el informe anual de la Procuración General de La Nación de un total de 2.166 imputados, menos de un 30 % cuenta con sentencia (622 condenados y 57 absueltos). De ese total, la condena quedó firme, por estar finalizada la causa, para 95 imputados.

Este 24 de marzo por una marcha independiente junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Ahora el PRO de Macri está envalentonado y a la par que da cientos de motivos a los trabajadores y a los jóvenes a movilizarse contra el ajuste, el tarifazo, el techo a las paritarias y el conjunto de las medidas neoliberales que nos quieren imponer el reaccionario Protocolo Represivo.

Tal como dijo nuestra compañera Myriam Bregman, diputada del PTS en el Frente de Izquierda y fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, nadie después de Onganía se atrevió a tomar una medida como la del PRO que prohíbe virtualmente el derecho a la protesta. Macri y Bullrich piden lo mismo que pedían los militares. Nos dicen: circulen, no se concentren de a grupos. ¿Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo serán expulsadas de sus rondas por estar manifestando? ¿Los que defendemos con piquetes a los petroleros de Las Heras injustamente condenados a cadena perpetua seremos desalojados a balazos? Es una tarea de primer orden enfrentar este protocolo represivo con la más amplia unidad de los que defendemos las libertades democráticas.
 
Por eso este 24 de marzo tenemos que ser miles en las calles, movilizándonos de forma independiente del Estado y sus gobiernos. Convocamos, como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, a marchar contra la impunidad de ayer y de hoy.