Contra los augurios y las ilusiones de los amantes del tan mentado “blindaje” o “desacople” del Ministro Astori, el cuarto episodio de la corrida cambiaria ocurrida en Argentina, volvió a poner sobre la mesa las contradicciones de la economía uruguaya. En solo dos semanas el Banco Central del Uruguay vendió más de 500 millones de dólares para contener la suba de la divisa norteamericana.
Miércoles 19 de septiembre de 2018
En pleno siglo XXI donde el capitalismo se destaca por encontrarse en su mayor período de mundialización, plantear como supuesto la inmunidad de una economía “abierta” en términos económicos y de intercambio, es, por lo menos… “inocente”. Es así como a partir de la suba de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, los capitales productivos y especulativos que en el período de la política expansiva se movían del centro hacia la periferia, ahora comienzan el flujo inverso, colocándose en Bonos del Tesoro Norteamericanos con rendimientos altos y seguros en dólares. En este sentido, Uruguay es parte de la división internacional del trabajo y ocupa un lugar totalmente subordinado en la palestra internacional, con una economía atrasada, donde se exportan centralmente materias primas, y dependiente de la exportación de capitales desde los países centrales. Este esquema de subordinación y dependencia del capital trasnacional ha perdurado las administraciones frenteamplistas y se ha profundizado.
Lo que estamos presenciando es la punta del iceberg de los problemas de un modelo económico que desde hace décadas se basa en la especulación financiera. El gobierno tomó como primer medida la dolarización de la cartera para los grandes inversores posicionados en Letras de Regulación Monetaria (las LeBac’s orientales) cuyos bonos tengan vencimiento al 31 de diciembre. El total de este monto ronda los 30 mil millones de pesos (unos 914 millones de dólares). Previendo una posible corrida cambiaria en nuestro país, el gobierno le da la posibilidad a estos fondos especulativos de recomprar sus LRM y liquidar sus pesos con el interés correspondiente, o, la opción preferida por el gobierno, el cambio de las posiciones en pesos a dólares. Es decir, el Banco Central busca prevenir la corrida, cambiando deuda en pesos por deuda en dólares. Pero esto no es todo… El monto total de posiciones en LRM asciende a 250.000.000.000 millones de pesos (8 mil millones de dólares), mientras que las reservas del BCU se encuentran en 16.900 millones de dólares, pero quitando 10 mil millones de encajes que no se pueden movilizar, las reservas reales descienden a 7.200 millones de dólares. Todo esto, mientras la deuda pública trepa a las tres cuartas partes del PBI.
El miedo del gobierno es a una salida “en estampida” del país de los fondos especulativos con posiciones en pesos. Uno de los fondos con mayor cantidad de LRM es Templeton, el gigante grupo especulativo norteamericano amigo de Luis Caputo (el financista presidente del Banco Central argentino), que ya se está retirando del vecino país. Algunos analistas ya plantean que las recompras de LRM o la dolarización de cartera exigirá una mayor tasa de interés que haga rentable el acuerdo para los inversores. Es decir, el gobierno para intentar controlar la situación, sale a cubrir las pérdidas de los fondos especulativos y a dar garantías de rentabilidad de sus posiciones, protegiendo la ganancia del capital financiero para que no elijan irse.
La posición del gobierno es acompañar el alza del precio del dólar, vendiendo las reservas que sean necesarias para evitar la volatilidad en el precio. Es una política de devaluación “controlada” que buscará llevar al dólar a un precio “competitivo” para el empresariado uruguayo. Su correlato estará dado en los índices de inflación y por sobre todas las cosas, en el salario y el poder adquisitivo.
Pero para que este plan “controlado” funcione, el alicaído gobierno de Vázquez-Astori (que se encuentra en el momento de peor valoración de gestión por parte de la población) depende de una estabilización cambiaria en Argentina. Escenario difícil de prever si tenemos en cuenta los últimos paquetes de medidas y recortes que propone el macrismo con el Fondo Monetario, que lo único que harán será empeorar las condiciones de vida del pueblo trabajador y generar efectos aún más recesivos sobre la economía.
La desindexación de los salarios a la inflación fue una primera victoria para las patronales en los consejos de salario. Como decíamos aquí, las cámaras empresariales fueron las que esta vez renunciaron a la paz social y pegaron el portazo en la negociación colectiva.
Por otra parte, las patronales desde el mes de enero con el surgimiento del movimiento Un Solo Uruguay vienen pujando por una devaluación “que le devuelva la competitividad al campo uruguayo”, además de su programa de recortes del gasto público y rebaja de conquistas sociales.
En el cierre de la última Expo Rural, vimos nuevamente al presidente de la ARU (Asociación Rural del Uruguay), Pablo Zerbino, nuevamente insistir con los “costos” y la “competitividad”. Detrás de esto hay un claro mensaje del conjunto de las cámaras empresarias de comenzar con el ajuste ahora, mientras en el gobierno lo intentan contener pensando en las elecciones.
Es que, como también decíamos en el mes de enero, la década de crecimiento y “pacto distributivo” entre el gobierno y las patronales ha llegado a su fin. Se acercan momentos de menor actividad económica y las patronales presionarán por un ataque en toda la línea. Frente a esta situación, el gobierno intenta mantener “el equilibrio” de un modelo que ya muestra sus desajustes, y que, en lo esencial, no ha cambiado las condiciones de vida del pueblo trabajador.
En lo que concuerdan todos los analistas es que el próximo gobierno sea del signo que sea, llevará adelante un ajuste en toda la línea. Ya lo vemos estos días con la propuesta de suba de edad jubilatoria y a las patronales presionando en la negociación colectiva para lograr nuevos marcos de trabajo. Es la antesala de una reforma laboral.
Ante la situación económica que se deriva de la inestabilidad en la situación regional, los trabajadores, el movimiento estudiantil, e importantes movimientos como el de las mujeres, deben oponer un programa para que la crisis la paguen los empresarios. Mediante la nacionalización de la banca y del comercio exterior, y la nacionalización bajo control de sus trabajadores de toda empresa que cierre o despida.
