La crisis de la vivienda afecta duramente a las mujeres de la clase trabajadora: a la cadena de brechas salarial y de pensiones, se le suma la de la vivienda: más de un tercio de los hogares que tienen como sustentadora principal a una mujer acaba bajo el umbral de la pobreza tras pagar los gastos de la vivienda, frente al 25% de los encabezados por hombres.
Sábado 23 de noviembre
Fotograma del documental ’¿Dónde vamos a vivir?’
El Sindicat de Llogateres y cerca de 4.000 entidades convocan el sábado 23 de noviembre una manifestación bajo el lema "Bajemos los alquileres" contra el incremento de los precios de los alquileres y el grave problema de la vivienda.
Las reivindicaciones son esenciales: rebaja de los alquileres un 50%, contratos de alquiler indefinidos, prohibición de la compra de vivienda para la especulación y la recuperación de la vivienda para el uso residencial, entre otras.
Aunque el derecho a la vivienda debería ser un derecho elemental, como el de la alimentación o la educación, estamos ante un verdadero drama. En Barcelona el precio medio del alquiler es de 1200 euros: ¿quién cobra un salario para pagar esa desorbitante cantidad además del resto de gastos fijos, sin ahogarse o caer en la pobreza?
Ahora bien, si el acceso a una vivienda es difícil para el conjunto de la clase trabajadora, se hace especialmente dramático para las mujeres, hogares mayoritariamente encabezados por mujeres y se ceba con las víctimas de violencia machista atravesadas por la dependencia con sus agresores.
Cuando hablamos de que la igualdad de género ante la ley no significa necesariamente una igualdad ante la vida, la problemática de la vivienda es un ejemplo angustiosamente concreto. La emancipación de las mujeres y en particular de las víctimas de violencia machista es utópica cuando, atravesadas por la dependencia económica, la falta de recursos o la ausencia de una red sólida, se le añade esta crisis estructural: la de la vivienda.
Los motivos también son estructurales y están en los andamios del sistema capitalista y patriarcal. Porque cuando hablamos de brecha salarial, hoy de un 18,36% en el Estado español, estamos hablando de enormes desigualdades en el presente (precariedad y explotación) y en el futuro de las mujeres trabajadoras (bajas pensiones).
Cobrar salarios más bajos, no tiene que ver con la decisión arbitraria de tal o cual empresario, sino con las consecuencias de la división sexual del trabajo, tan histórica como duradera, tras la cual las mujeres ocupan los sectores laborales más infravalorados: servicios de limpieza, hostelería, de cuidados para personas dependientes, cocina en grandes empresas o servicios públicos.
Según los datos de salarios de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2022, la diferencia salarial mensual bruta entre hombres y mujeres fue del 15,7%, 5,25 puntos porcentuales por debajo de la brecha en 2018, lo que representa una reducción del 25%. El gobierno “progresista” difunde estos datos como un avance de sus políticas feministas. Pero la realidad es que existe un colectivo que las cifras no pueden calcular que son las miles de mujeres sin contratos, mayoría migrante o racializadas. Además, la reformas laborales de Yolanda Díaz no atacó uno de los nudos de la precariedad laboral, que es la externalización de servicios esenciales y de sectores mayoritariamente feminizados.
Que estos trabajos estén infravalorados significa que son trabajos externalizados, tal como denuncian Las Kellys, es decir, con contratos de empresas privadas, como son las cocineras, limpiadoras de los colegios o las monitoras de tiempo libre; por ejemplo, todas ellas representan el 50% de las plantillas de un centro escolar público. Muchas otras tareas de la sanidad pública o las trabajadoras del SAD (Servicio de Atención Domiciliaria) o las de las residencias de personas mayores o dependientes, también sufren estas condiciones laborales precarias, horas extenuantes de explotación laboral y salarios mínimos. Ya ni hablar de las trabajadoras del hogar, chantajeadas por los “papeles” de las reaccionarias leyes de extranjería, viviendo donde trabajan como internas, sin ningún derecho. Todas ellas, invisibles en los datos oficiales.
No estamos hablando de un colectivo menor. Y esta enorme brecha salarial afectará en el futuro de las trabajadoras, porque toda brecha salarial encadena las brechas de las pensiones. Y en el presente, impacta desde el sufrimiento de múltiples enfermedades laborales no reconocidas como “enfermedades profesionales”, hasta la precariedad en su vida entera: tiempo escaso para el ocio y la conciliación personal o familiar, pobreza y, el problema que nos atañe, gran impacto de la crisis global de la vivienda. Ellas, son las primeras en sufrir los precios altísimos de los alquileres si tienen que decidir independizarse.
Más aún si son víctimas de violencia de género, -que como vemos las cifras de casos siguen siendo altas-, ya que son ellas, las mujeres, las primeras en tener que huir por la puerta de sus insoportables hogares.
Los datos: el impacto de la crisis de la vivienda en las mujeres trabajadoras
Hemos visto cientos de imágenes de mujeres desahuciadas, solas, con sus hijos o hijas, o mayores. Mientras desahucian a las familias de la clase trabajadora de sus casas, en Catalunya los grandes tenedores acumulan 29.000 pisos vacíos, también en manos de la banca, Santander, el BBVA, CaixaBank. Gente sin casa, casas sin gente: un lema que recorre décadas, mínimo desde que en el año 2007 pinchó la burbuja inmobiliaria frente la estafa de las hipotecas. Ahora estamos viviendo una verdadera burbuja de los alquileres.
Las cifras que relatan cómo afecta a las mujeres son escalofriantes también: una de cada cuatro mujeres sin hogar acaba en situación de calle tras haber sufrido, ella o sus hijos, violencia machista (infoLibre, 2024).
Según este medio, mayoritariamente son hombres quienes adquieren viviendas en carácter de propietarios, mientras que 6 de cada 10 viviendas de alquiler son adquiridas por mujeres de casi todos los tramos de edad; el el 84% de quienes alquilan son mujeres de entre 18 y 24 años. Además, según datos de Provivienda, 1 de cada 3 hogares con mujeres al frente están en pobreza relativa tras pagar la vivienda con gastos que representan el 60% para pagar el alquiler y el 25% en el caso de las hipotecas.
Si analizamos la encuesta de Condiciones de Vida del INE (2021), podemos decir que, a la cadena de brechas, -salarial, de pensiones-, se le suma la de la vivienda: un tercio de los hogares que tienen como sustentadora principal a una mujer acaba bajo el umbral de la pobreza tras pagar los gastos de la vivienda, frente al 25% de los encabezados por hombres. Estamos hablando del 60% de los hogares encabezados por una mujer, que debe pagar un alquiler.
Este 25N son muchos los colectivos de mujeres y feministas que saldrán a las calles a denunciar esta situación, bajo el lema: “Derecho a la vivienda contra la violencia machista”. Según el INE, el 70% de las mujeres que sufren violencias machistas no denuncian su situación por miedo a perder su hogar o quedarse sin lugar donde vivir.
El 23N y las reivindicaciones de las mujeres
Bajar los alquileres, subir los salarios y expropiar los pisos en manos de los grandes tenedores sin ninguna indemnización, son las demanda clave hoy si queremos resolver a fondo una crisis estructural que ningún gobierno, ni autonómico ni central, está dispuesto a solucionar cuando son ellos quienes legitiman a los grandes tenedores y a la banca.
Que los precios y los usos de la vivienda estén regulados por comités de inquilinas en cada barrio. Y deberían ser los sindicatos de CCOO y UGT quienes se movilicen por un plan de lucha que incluya una huelga general para imponer estas demandas, ya que el problema de la vivienda es un problema de la clase trabajadora que sufre salarios por debajo del coste de la vida, a veces más bajos que el alquiler de un mes. Y, de este modo, construir un movimiento de la vivienda unitaria, desde el barrio y con la clase trabajadora.
Entre todas las demandas, se hace indispensable plantear las exigencias de los colectivos de mujeres como: aumento significativo de viviendas con alquileres accesibles para familias monomarentales y medidas específicas de apoyo a las madres o mujeres con hijos/as, para garantizar que puedan acceder a viviendas dignas y asequibles. Aumento de los presupuestos del Estado para los servicios de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género, viviendas de acogida, acompañamiento psicosocial son demandas imprescindibles en la lucha contra las violencias de género y un puente hacia los grandes problemas de la crisis de la vivienda.
