En medio de un proceso constitucional los sectores más rancios de la derecha y ultraderecha debaten sobre el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes. Mientras tanto, los partidos políticos tradicionales de la centroizquierda nos invitan a seguir confiando en este proceso, que ya demostraron ser un callejón sin salida y generan una brecha para conquistar nuestros derechos.
Martes 18 de julio de 2023 15:29
Las encuestas vienen marcando un claro rechazo al proceso, pero la ultraderecha no ha detenido su ofensiva conservadora y anti derechos. Han salido a declarar desde sus consejeros constitucionales que intentarán “(...) que la identidad del Partido Republicano sea reconocible a través de nuestras enmiendas (...) Nosotros queremos poner nuestras cartas sobre la mesa”.
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Pese a que los personeros del Partido Republicano habían señalado que no pondrían en la discusión constitucional el debate sobre el derecho al aborto, lo cierto es que la agenda de este sector siempre ha sido un elemento fundamental de su discurso. Por lo mismo, era inevitable que se aprovecharan de la holgada votación que obtuvieron en el Consejo Constitucional para instalar la prohibición del derecho a la interrupción del embarazo en todas sus instancias y causales, utilizando las enmiendas para modificar el anteproyecto redactado por la Comisión de “Expertos”.
Estos sectores se encuentran atacando incluso el insuficiente aborto en tres causales: señaló el Consejero Barchiesi que "Nosotros estamos apostando a robustecer la protección del derecho a la vida del que está por nacer, que es lo que dice hoy la Constitución (...) A mí me parece que es un objetivo absolutamente deseable por parte de la bancada". Decimos “insuficiente” porque un 43% de los médicos obstetras contratados en hospitales públicos son objetores de conciencia en la causal de violación, mientras que en el caso de riesgo vital de la mujer o inviabilidad fetal hay un 15,3% y 23,1%, respectivamente.
Por otro lado, el pinochetista Luis Silva declaró que "nosotros vemos y creemos que es uno de los grandes silencios, una oportunidad para robustecer en el texto del proyecto que se va a terminar presentando a la ciudadanía la protección de la vida del que está por nacer".
La iniciativa legislativa popular o iniciativa popular, también conocida como iniciativa ciudadana, es un mecanismo de democracia directa. Se trata de la posibilidad, amparada en la Constitución, por la que las personas pueden presentar iniciativas de ley sin ser representantes populares en sus respectivos congresos.
A esto se suma que una de las pocas Iniciativas Populares de Norma (IPN, un mecanismo que habilita a las personas para presentar iniciativas de ley), que alcanzó los diez mil votos, “Toda vida cuenta” (plataforma antiaborto y antieutanasia), busca que se consagre el siguiente artículo:
La Constitución asegura a todas las personas: 1. El derecho a la vida. La dignidad y vida de todo ser humano es inviolable desde que principia su existencia hasta su muerte natural. Son personas todos los individuos de la especie humana. La Constitución protege y respeta irrestrictamente la vida del niño que está por nacer. La madre, durante el embarazo y después del parto, gozará de especial asistencia y protección, como una obligación del Estado y un deber de la sociedad.
Demás está señalar que esta instancia de “participación popular” en el desvío constituyente actual fue de una bajísima adherencia (menos de 250 mil firmas), en comparación con casi el millón de personas que dieron su firma para una IPN en la fallida Convención Constitucional del año pasado.
Teniendo esto en consideración, no sólo salta a la luz que estas IPN cumplen únicamente el rol de recubrir de falsa democracia un proceso trucho, sino que además habilitan al sector más conservador de hacer pasar su agenda como una cuestión popular. Nada más lejos de la realidad.
El verdadero problema que enfrentamos hoy desde el movimiento de mujeres y disidencias sexogenéricas es que seguiremos esperando, si dejamos el derecho al aborto en manos de las instituciones. La ministra Orellana (ministra de Mujer y Equidad de género) ya había señalado que el aborto no se impulsaría este año desde el gobierno, dejando para un futuro indeterminado una exigencia histórica.
Posterior al triunfo del rechazo, quedó demostrado que el Estado chileno, con estas trabas objetivas que se disponen a reforzar desde Republicanos y los viejos partidos de la derecha, es incapaz de otorgar concesiones que pongan en cuestión la herencia autoritaria y neoliberal de la dictadura cívico militar, que impuso el orden actual a sangre y fuego, perfeccionado luego por la Ex-Concertación, quienes hoy son parte del gobierno.
El alerta que nos enciende toda esta situación, es que debemos redoblar nuestros esfuerzos por articular y cohesionar una fuerza social capaz de hacerle frente a la ofensiva conservadora. Votar una y otra vez por el mal menor nos tiene en este estado de las cosas, donde la derecha no solamente quiere restringir las libertades democráticas de las mujeres y disidencias, sino también atacar la organización de los trabajadores, limitando el derecho a huelga y consagrando el mercado de la salud y la educación.
Ellos, los republicanos y derechistas en general, se preparan con uñas y dientes para defender el modelo pinochetista. Solamente nuestra fuerza desplegada en las calles, de forma independiente al gobierno y junto a los sectores obreros y populares puede garantizarnos doblarle la mano a la derecha e imponer así las demandas urgentes que ni la Convención Constitucional logró resolver ni el actual Consejo resolverá.
Se hace más acuciante todavía que las organizaciones de nuestro movimiento como la Coordinadora Feminista 8M rompan la pasividad y convoquen activamente movilizaciones que nos abran un camino propio.
