Luego de tres semanas desde que el gobierno ingresara el veto presidencial a la ley anti-toma o ley de usurpaciones, esta semana el senado, en su comisión de seguridad, comenzó a revisar el documento. Mientras el gobierno apuesta a una ley “negociada” la derecha va por todo y pretende imponer la pena de cárcel a todo evento.
Miércoles 25 de octubre de 2023
Durante la tarde de ayer sesionó la Comisión de Seguridad del Senado para revisar el proyecto de veto que ingresó el gobierno a principios de octubre para modificar la ley de usurpaciones o la ley anti-tomas. El veto incluye 14 observaciones pero que serán recalificadas por el gobierno debido a temas técnicos de si el veto es supresivo o aditivo.
Luego de las votaciones de la comisión, el gobierno sacó, provisoriamente, cuentas alegres ya que aún cuando se rechazó en la comisión la eliminación de la autotutela o defensa privilegiada para la recuperación del bien apropiado promovida por el gobierno, para poder insistir la oposición debe contar con el apoyo de ⅔ de los votos del senado lo cual no sería alcanzable. También quedó satisfecho con la graduación de las penas asociadas a las diferentes calificaciones de la “usurpación”, diferenciando entre violenta, no violenta, habitada o no habitada, considerando que para las “menos graves” las penas podrían ir desde multas hasta la carcel, cuestión que desde la derecha consideran inaceptable.
Aún en este escenario, la derecha estuvo abierta a aprobar diez de las catorce observaciones que propuso el gobierno ya que como señaló Kast (evopoli) y Aravena (republicanos) los agregados del gobierno le dan un marco más severo a la norma.
Con esto, el discurso criminalizador de la derecha se hace evidente, pero también el ánimo de “negociación” del gobierno, que es reconocido por la propia presidenta del PS, Paulina Vodanovic señalando que “se está creando un delito que no existía y que lo importante es que ese delito tendrá pena según la gravedad de los hechos” y en todas existe la posibilidad de que se considere la pena de cárcel pero queda a criterio del juez, como también lo reforzó la ministra del interior, Carolina Toha días atras.
Ahora la ley deberá ser votada en sala para sus ultimos trámites, aunque aun queda abierta la puerta a una posible revisión del Tribunal Constitucional aunque por ahora desde la derecha solo se tendría como posibilidad.
Pero como decíamos semanas antes, esta ley es una ley que busca criminalizar la pobreza y la lucha por el acceso a la vivienda. Son las familias pobres las que sufren el hacinamiento y el déficit habitacional, mientras los ricos construyen donde quieren, las inmobiliarias no respetan los permisos de edificación o hacen lobby para modificar las reglas como ocurrió en Con Con, hay 81.643 familias viviendo en 969 campamentos en todo Chile, la cifra más alta desde 1996. Sólo desde octubre de 2019 a marzo de 2021 el número de familias viviendo en campamentos en el país aumentó casi en un 74%, todo esto empuja a los sectores más desfavorecidos a moverse hacia las tomas en muy precarias condiciones.
El proyecto de ley no casualmente se llama de “Usurpación de terrenos” que busca defender la propiedad privada de grandes grupos económicos que lucran con el suelo, muchas veces casi regalados por el Estado, para con ello rentabilizar los lugares para mayores ganancias, mientras aumentan los costos a la población.
Desde los campamentos y ocupaciones así como de organizaciones por el derecho a la vivienda, denuncian este proyecto como criminalizador y defensor del uso del suelo como un negocio, mientras el Estado no entrega ninguna respuesta por el reclamo de vivienda digna. Y señalan que busca detener las protestas por vivienda que han ido en aumento así como reprimirlos sin necesidad de contar con el respaldo de la justicia.
Asimismo establece un peligroso precedente para poder desalojar, reprimir y criminalizar al movimiento mapuche también, pues es uno de los ascensos de toma de tierras de los últimos dos años, aunque en este caso como una lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales usurpadas por las forestales y latifundistas. Incluso, movimientos por el derecho a la vivienda digna han acusado que bajo esa figura se podría perseguir todo tipo de ocupaciones, desde liceos hasta universidades y eventualmente empresas frente a casos de huelga u otros casos similares.
