Mendoza. La deuda es con la educación: a las calles el 10 contra el pacto con el FMI

El comienzo de clase en Mendoza tuvo como noticia que una tormenta de verano inundó decenas de escuelas mostrando el gran deterioro de infraestructura en la educación pública. Y siguió con una gran movilización por aumento salarial: la inflación se está comiendo el ya escaso poder adquisitivo de nuestros salarios. La inflación del 2021 alcanzó el 50,9 % fue el segundo registro más elevado en más de 30 años, sólo superado por el 53,8 % alcanzado en 2019 con Macri. En enero se aceleró y fue de 3,9 %, la suba de alimentos trepó a casi el 5 %, para febrero se esperan cifras similares.

Estos dos hechos mostraron la necesidad de discutir las prioridades presupuestarias, empezando por recomposición y aumento salarial e inversión real para reparar y poner en condiciones las escuelas.

El acuerdo del Gobierno nacional con el FMI quieren aprobarlo este 10 en el Congreso Nacional, legitimando la deuda ilegal e ilegítima que tomó el gobierno de Macri. Los borradores que ya circulan sobre el acuerdo muestran un futuro donde los salarios, la infraestructura y las condiciones de vida de nuestros estudiantes y sus familias son la variante del ajuste.

Veamos lo que proponen

“Administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con el crecimiento de la economía”. Es decir mayores ajustes a los sueldos estatales que ya vienen de una gran caída en los últimos. El promedio del salario real entre 2021 y 2020 cayó 3,3 %. El derrumbe de los últimos años es mayor. En diciembre del año pasado el salario real se derrumbó un 26 % en relación a noviembre de 2015. Sumado a esto se plantea limitar las transferencias discrecionales a la provincia recortando los presupuestos provinciales como en los últimos años, en educación, salud y vivienda. Los salarios están lejos de poder cubrir una canasta familiar. La Junta Interna de ATE del Indec informó que en enero un hogar constituido por dos una pareja con dos hijes en edad escolar necesitó $128.832 para llegar a fin de mes.

Otra parte importante será la quita de los subsidios a la energía, por lo cual viviremos grandes tarifazos. El FMI exige que las facturas de gas y electricidad tengan un incremento del 60%. Sabemos que implicará aumentos de los productos básicos, por la transferencia de las grandes empresas de estos aumentos a todos los productos.

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Sobre el pacto firmado por el gobierno nacional y el FMI falta conocer la “letra chica”, ya que el gobierno se anticipa y dice que no hay que preocuparse por las jubilaciones, pero los trascendidos son que el 82% móvil de las y los docentes será la moneda de cambio para el ajuste fiscal que pide el fondo.

El debate que ya se vino

Enfrentamos en el 2020 la reforma educativa que pretendían Suárez y Thomas. Pero el proyecto lo tienen a la mano para volver a la carga en cualquier momento. En CABA ya abrieron la discusión sobre una reforma que pretende liquidar el estatuto, atando el salario a ideas como “productividad”, “eficiencia”, formas de flexibilización, precarización y tercerización para la educación.

Con discurso “meritocrático” y venta marketinera y electoral como “plan exitoso” educativo por sus planes de alfabetización y presencialidad, e “investigadoras” como Ana María Borzone y su Klofky, etc., buscan avanzar en imponer la idea del salario atado a productividad y eficiencia.

En este mismo sentido encontramos diseños curriculares con fuerte presencia de tópicos como emprendedorismo y control de las emociones a la vez que grande ausencia de la historicidad, las capacitaciones docentes en los mismos términos a cargo de fundaciones que cobran millones y en dólares, divisiones que cierran y aumentan la matrícula en el resto y desafectan docentes. Estos son los motores de la reforma pendiente de Cambia Mendoza.

El debate sobre nuestras paritarias y las condiciones de trabajo y estudio no pueden estar desligadas de este trasfondo.

En cada escuela debemos debatir lo que va a significar el acuerdo sobre nuestro futuro, el de nuestras familias y las familias de los y las estudiantes. No abrir y masificar este debate es pretender tapar el sol con las manos. Basta un dato: la pobreza infantil llegó al 54,3%, esto es 6 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país, que son nuestros alumnos y alumnas.

Por eso exigimos que la nueva conducción del SUTE, alineada con la CTA yaskista abra el debate en las escuelas y plenarios. Es imprescindible unir la lucha por salarios y condiciones de trabajo a la lucha contra el ajuste al pueblo trabajador que viene de la mano del FMI.

Hay un techo y no un piso a las ofertas salariales que luego negocian las provincias. En muchas de ellas y con gobiernos de diferentes colores políticos, fueron en la misma sintonía o incluso muy por debajo de la propia paritaria nacional. Y en este marco, hace pocos días y sin consultar a ningún docente, la CTERA cerró un acuerdo con el Gobierno nacional. Un aumento del 45,5% en cuatro tramos para el salario inicial que es ajuste con una inflación en 2021 del 50,9% según el Indec, y una proyectada para 2022 de alrededor del 54%, según un informe del Banco Central.

Por eso fueron decenas las provincias que arrancaron el ciclo lectivo con paro. La CTERA tiene que romper su paz social con el gobierno nacional, y proponer un paro y plan de lucha nacional, para que triunfen todas las provincias en lucha, defender nuestras jubilaciones y enfrentar el acuerdo con el FMI, que solo traerá aún más ajuste a las familias trabajadoras y a la educación.

Hacia los plenarios del SUTE de esta semana abramos el debate y preparémonos para movilizarnos masivamente el 10, en una jornada que recorrerá todo el país, diciendo claramente: no al pacto con el FMI.