La principal prestadora de servicios de transporte de la provincia despidió a los 400 choferes de su empresa y plantea irse de la provincia. Argumentan crisis e inviabilidad para seguir sosteniendo el sistema de transporte. Un negocio millonario a costa del pueblo trabajador.
Miércoles 30 de enero de 2019
En el día de hoy los casi 400 trabajadores de la empresa de transporte de pasajeros recibieron telegramas de despidos. Ersa, encargada del transporte urbano de la capital, es la principal empresa de transporte de la provincia con al rededor de 100 mil usuarios diarios.
Desde fines del año pasado los trabajadores se mantenían en conflicto con la patronal debido al atraso en el pago de los salarios. La semana pasada realizaron un paro de 5 días debido a la falta de pago de 3800 pesos de remuneración salariar, dinero proveniente de subsidios nacionales que la empresa cobró pero hasta el día de hoy se les niega a los trabajadores.
Empresa Romero SA (Ersa) es también una de las principales patronales del transporte de nuestro país, posee la prestación del servicio en 10 provincias además de funcionar en Uruguay y Paraguay.
Se expansión exponencial se da a partir de 2009, en base de los subsidios recibidos por el gobierno kirchnerista, con complicidad de los diferentes gobiernos provinciales. Ahora, tras la quita de subsidios plantea irse de Santiago del Estero al mismo tiempo que se encuentra en conflicto con sus trabajadores en diferentes lugares del país.
Subsidiando un negocio millonario
Según los registros de la Secretaria de Transporte de la Nación, durante el año 2018 la empresa recibió mas de 228 millones de pesos, es decir mas de 600 mil pesos diarios en concepto de subsidios directos y compensaciones complementarias.
Además se benefició del subsidio al gasoil, que pudieron comprarlo a 11 pesos el libro cuando el precio de mercado ya roza los $40.
A todos estos subsidios debemos sumarles los recibidos por el gobierno el municipal y las ganancias obtenidas por el cobro de boletos a los usuarios, lo que hace del transporte interurbano un negocio que diariamente factura millones de pesos.
Para tomar una dimensión de la magnitud que se le transfiere de los fondos públicos a las empresas, consideremos que el costo de un colectivo de transporte público urbano 0 km promedia los 10 millones de pesos.
Es decir que Ersa, con solo lo que recibe de subsidio podría comprar 22 coches nuevos por año. Sin embargo los servicios de transporte es catastrófico y escasos. La inversión brilla por su ausencia.
Si consideramos que el salario bruto promedio de los trabajadores del transporte es de 40 mil pesos, con los 400 trabajadores que posee la empresa, la masa salarial anual aproximada es de 208 millones de pesos. Es decir que con tan solo lo recibido por el subsidio nacional le alcanza a la empresa a para hacer frente a los salarios anuales de todos sus trabajadores.
Por su lado el gobierno provincial lamenta la situación actual atribuyendo la responsabilidad al gobierno nacional y sus políticas de ajuste y quita de subsidios. Un discurso que choca con la realidad, cuando el zamorismo dio quórum y voto a favor del presupuesto de ajuste del gobierno macrista.
Mientras tanto el macrismo ha lanzado una campaña demagógica pidiendo una sesión extraordinaria en el consejo deliberante para resolver el conflicto en dicha cámara, pero sin explicar cual es su posicionamiento y su salida frente a los despidos y el retiro de Ersa.
Ni el zamormismo ni el macrismo ponen en cuestión la privatización del servicio publico. Tampoco le exigen a la empresa que abra sus libros contables, para ver cuales son los números reales de la empresa.
Nos encontramos frente a el vaciamiento empresarial de una patronal que durante muchos años vivió a costa del Estado, recibiendo subsidios millonarios, no invirtiendo un peso en sus servicios. Mientras tanto los que sufren las consecuencias de esto son los trabajadores de Ersa y todo el pueblo trabajador en su conjunto que es el que diariamente debe tomarse el colectivo para llegar a sus lugar de trabajo.
Hay que exigir a la UTA que rompa la tregua con los empresarios y convoque a un paro provincial en defensa de los puestos de trabajo. Hay que quitar este servicio público de manos privadas, estatizándolo bajo control de un comité de trabajadores y usuarios.