NUESTRAS VIDAS VALEN MÁS QUE SUS GANANCIAS. La huelga de los trabajadores agrarios oxigena la lucha contra el régimen del 93

El martes 1 de diciembre, los dirigentes de los obreros rurales se reunieron con representantes del ejecutivo para tratar de encontrar una solución a la huelga de los trabajadores agrarios que se inició el lunes pasado. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y, en horas de la tarde, los representantes obreros se retiraron de la mesa de dialogo anunciando que continuaran y radicalizaran su medida de fuerza hasta que sus demandas sean tomadas en cuenta por el gobierno central.

Como ya lo mencionamos en una nota anterior, los trabajadores rurales rechazan la ley 27360, también conocida como Ley de Promoción Agraria o Ley de la explotación agraria. Esta iniciativa jurídica permite que las grandes empresas agroexportadoras contraten a sus trabajadores bajo un régimen especial donde casi no se les reconocen derechos laborales, esto ha llevado a que los obreros tengan un sueldo mínimo menor a los S/ 980 (300 dólares aproximadamente) y se vean obligados a trabajar jornadas diarias que en algunos casos llegan a las 12 horas.

Los trabajadores reciben CTS y gratificaciones menores a su sueldo y en muchos casos son contratados por empresas tercerizadoras o services, lo cual lleva a que sus salarios y derechos laborales se recorten aún más. Recordemos que todas estas facultades de las que gozan los empresarios para sobre explotar a sus trabajadores se encuentran normadas por la vigente constitución de 1993.

Esta ley agraria, que a su vez otorga otros beneficios a los empresarios agroexportadores, fue promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década del 90 y el destituido gobierno de Martin Vizcarra junto al disuelto congreso de mayoría fujimorista, en septiembre del año pasado, prolongo su vigencia hasta el 2031. En esa ocasión, el ejecutivo y el legislativo hicieron un alto al fuego para aprobar esta iniciativa anti obrera. Dentro de los parlamentarios que aprobaron la ampliación estuvieron los congresistas del partido Morado del cual es parte el actual presidente Francisco Sagasti.

Cuando se aprobó la prolongación de los beneficios de esta ley, los burócratas que controlan las grandes centrales obreras del país hicieron muy poco para oponerse a esta iniciativa ya que apoyaban al gobierno de Martin Vizcarra, así como los dos partidos de la izquierda reformista que en ese entonces tenían presencia en el parlamento (Frente Amplio y Nuevo Perú). Jamás convocaron a una medida de lucha seria y contundente para parar esta medida que como vemos hoy, se ha convertido en una de las principales causas del empobrecimiento y la sobre explotación de miles de obreros rurales de todo país. Este accionar de la burocracia sindical y de los partidos reformistas con presencia parlamentaria fue recurrente durante el gobierno de Vizcarra, por eso, medidas tan reaccionarias como la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, entre otras, pasaron tan fácilmente y sin que se les mueva un pelo.

Hoy, los trabajadores agrarios irrumpen con su lucha exigiendo la derogatoria de esta ley de sobre explotación agraria y la burguesía y sus medios de comunicación responden “terruqueando” a los que luchan y llamando a la represión policial. Mientras tanto, Sagasti y sus técnicos no pueden dar solución a la demanda de los obreros del campo porque este es un gobierno que sirve a los intereses de los grandes empresarios.

Solo la lucha unitaria de las y los trabajadores es garantía de victoria, por eso, consideramos que la CGTP, la CUT, la CCP y otras centrales obreras y campesinas, junto a los frentes de defensa del país deben organizar y llamar cuanto antes a un paro nacional para derogar la nefasta ley 27360 de promoción agraria y en ese marco incorporar las otras demandas de los diversos sectores de trabajadores que hoy se encuentran en pie de lucha, como los trabajadores de salud, los trabajadores mineros, los trabajadores despedidos de la empresa AJE, entre otras.

Hay que darle continuidad a la lucha abierta por la juventud que tiro al ilegitimo gobierno de Merino y vincularla a la clase obrera, para ello, es fundamental que la clase trabajadora recupere sus formas naturales de lucha y centralice sus acciones junto a los demás sectores explotados y oprimidos por el capitalismo. Solo de esa manera se crearán las condiciones concretas para luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos permita empezar a cambiarlo todo, pero, al margen de la institucionalidad vigente impuesta por el régimen de 1993.