A pesar del enorme rechazo social a su gestión, el pleno del Congreso aprobó adelantar las elecciones generales, pero para el 24 de abril del 2024 y no de manera inmediata, como era el sentir de la mayoría del pueblo peruano, sobre todo de aquellos sectores que se vienen movilizando en las regiones del interior del país.
Miércoles 21 de diciembre de 2022 02:14
El pasado martes 20 de diciembre, el pleno del Congreso aprobó con 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención el texto sustitutorio para que las elecciones generales se realicen en abril del 2024. Esta iniciativa fue presentada por la comisión de Constitución, la cual es liderada por el Congresista fujimorista Nano Guerra García. Según el texto aprobado, “los Congresistas culminan su representación el 26 de julio del 2024". Al ser una reforma constitucional, este proyecto de adelanto de elecciones debe ser ratificado en segunda votación en la próxima legislatura ordinaria, prevista para febrero del 2023.
De esta manera, otra vez, quedo demostrada la profunda desconexión entre los parlamentarios y la voluntad popular de millones de peruanos que exigen que los 130 Congresistas cesen en el menor tiempo posible sus funciones. Recordemos que en los últimos estudios estadísticos realizados por importantes empresas encuestadoras como el Instituto de Estudios Peruano, IEP, se ponía en evidencia que más del 85% rechazaba el accionar del Parlamento. En ese mismo estudio, el IEP mostraba también que el 83% de la población encuestada cree que es mejor adelantar las elecciones generales de inmediato para salir de la actual crisis política.
A pesar de todo ello y de la enorme conflictividad social que se vive en el Perú, sobre todo en las regiones más pobres del interior del país, la cual hasta la fecha a costado de manera oficial 26 muertos y cientos de heridos provenientes del sector de los protestantes, el grueso del Parlamento ha priorizado su voluntad de alargar lo más posible su estadía en el Congreso, para seguir gozando de las prerrogativas políticas y las gollerías que les permiten sus cargos. Este proceder de la mayoría parlamentaria contribuirá a deslegitimar aún más este poder del estado y seguramente acrecentara la bronca de los manifestantes hacia el Legislativo.
Recordemos que, desde que se inició el debate sobre la posibilidad de adelantar las elecciones generales, hecho que estuvo motivado por el levantamiento popular contra el gobierno dictatorial de Dina Boluarte, la mayoría parlamentaria se mostró hostil a esta posibilidad. En un primer momento, alegaban que no era posible realizar elecciones generales tan pronto porque, según ellos, había “la necesidad” de realizar reformas al sistema electoral. Sin embargo, lo que en realidad querían era ganar tiempo para que las fuerzas militares y policiales, amparadas por el estado de emergencia decretado por Boluarte, terminen ahogando en sangre el levantamiento popular.
Como las luchas sociales siguen en diferentes regiones del país y como el repudio al Congreso cada día se hace más generalizado, la mayoría parlamentaria, presionada también por los medios de comunicación, terminó aprobando ahora un adelanto de las elecciones generales, pero para el 2024, con lo cual, tanto los Congresistas como los grupos de poder, buscan desviar y aplacar ese descontento popular que se manifiesta todavía en las movilizaciones y convocatorias a acciones que hacen todos los días diversos sectores del pueblo.
Este repudio casi generalizado contra el Parlamento no es nuevo. Recordemos que, ya cuando gobernaba el país Martin Vizcarra, el Congreso de aquel entonces, de mayoría fujimorista, también gozaba de un alto rechazo, por eso Vizcarra lo terminó cerrando y convocó a nuevas elecciones parlamentarias, lo que lo llevo elevar significativamente su popularidad. Paradójicamente, el nuevo Parlamento terminaría vacando al mismo Vizcarra y colocando en la presidencia a Manuel Merino, quien, una semana después, se vio obligado a renunciar a raíz de las potentes movilizaciones sociales que costaron la vida de los jóvenes Inti y Bryan, quienes fallecieron como consecuencia de la brutal represión policial.
El desprestigio del parlamento tiene que ver con que este poder del estado se ha convertido mayoritariamente en el reducto de un sector importante de la denominada “burguesía emergente”, muchos de los cuales han construido sus fortunas a raíz de negocios ilícitos. Estos sectores han hecho del Congreso el espacio natural para sus componendas económicas y para la consolidación de sus negocios. Ellos tienen presencia en el Congreso porque muchos de estos empresarios son a su vez dueños de sendos partidos políticos, como es el caso de Alianza para el Progreso del millonario Cesar Acuña, Podemos Perú de José Luna Gálvez, Renovación Popular de López Aliaga, a los cuales se suman otros partidos manchados de corrupción y entreguismo pro empresarial, como es el caso de Acción Popular, así como Fuerza Popular de la tristemente célebre Keiko Fujimori.
Por esa razón, un adelanto de elecciones controlado por estos sectores políticos totalmente descompuestos y al servicio de los grupos de poder, no podrá dar solución a las demandas de la población. Solo un cambio de régimen a partir de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana nacida de la movilización social y sostenida en la auto organización de los sectores populares, la clase trabajadora y todos los que luchan, nos permitirá avanzar en ese sentido.
