Opinion. La inseguridad y el verso macrista de la depuración policial

A poco de entrar en el decisivo año electoral de 2017, las pantallas de televisión muestran día y noche, de forma interesada, un hecho de inseguridad tras otro.

Atento a las encuestas, el macrismo se propone mostrarse activo frente al problema, especialmente en la estratégica provincia de Buenos Aires, donde se definirá una parte importante de su futuro político. Con ese fin, este martes dispuso el envío de 6200 agentes federales al territorio bonaerense.

Los hechos y las medidas, sobre todo en vísperas de elecciones, van acompañados de relatos. Si en el terreno económico, para justificar su política de ajuste, el gobierno nacional se escudó en el discurso de la “herencia recibida”, en el problema de la inseguridad también deslinda culpas: según la versión oficial, los hechos delictivos que muestran los medios de comunicación serían una reacción a una serie de medidas gubernamentales que buscarían acabar con la corrupción de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo a declaraciones de fuentes de Casa Rosada a la agencia DyN, “hay un proceso normal en un cambio de modelo donde no se permite más el robo y, ante eso, hay una reacción”. El ministro bonaerense Cristian Ritondo señaló en el mismo sentido que hay una respuesta “al evidente avance en la lucha contra el narcotráfico, que provoca reacciones típicas de las mafias cuando son atacadas en sus bases de sustentación”.

Dicho de otro modo, el discurso oficial sostiene que el macrismo avanza a mano firme sobre las mafias policiales, y que éstas le responden mediante un complot que da lugar a hechos delictivos de alto impacto como robos, asesinatos o secuestros.

Los medidas principales del macrismo que sustentarían este discurso son la creación de la nueva policía en la Ciudad de Buenos Aires y la detención de numerosos efectivos de la Bonaerense involucrados en delitos.

Un discurso que no se sostiene

La provincia de Buenos Aires está bajo Emergencia en Seguridad desde diciembre de 2015, es decir, desde la llegada del macrismo al gobierno. La medida le permite a la gobernadora Vidal convocar a retirados, reubicar personal, cambiar destinos, disponer bajas y ascensos.

A pocos meses de comenzada la nueva gestión, una crisis surgió cuando desde las propias filas de Cambiemos Elisa Carrió denunció que el nuevo jefe de la bonaerense Pablo Bressi, designado por la gobernadora, tiene complicidades con el narcotráfico.

Al respecto, el periodista especializado en temas policiales Ricardo Ragendorfer, señaló recientemente en una entrevista radial que “Carrió lo denuncia como si hubiese descubierto la pólvora, y el problema que existe dentro de la Bonaerense no es que el jefe sea un muchacho malo, porque de algún modo es difícil encontrar muchachos buenos. Lo que pasa es que los muchachos malos están peleados entre sí. Hay una interna muy fuerte dentro de la Bonaerense porque el cambio de gobierno en su momento había agitado las ilusiones de muchos comisarios de ocupar puestos de poder, pero eso no sucedió. La gobernadora no hizo otra cosa que acogerse a la herencia recibida y dejó intacta la estructura ministerial y policial que existía con Granados”.

En otras palabras, el nombramiento de Pablo Bressi, hombre vinculado al anterior jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin, no tiene los nobles objetivos enunciados por el macrismo de atacar las mafias policiales, sino que estamos ante una disputa de poder y por el control político de esta fuerza de decenas de miles de efectivos que está ligada a todos los grandes delitos como el narcotráfico, las redes de trata, el juego ilegal o los desarmaderos de autos, y que es utilizada para reforzar el control social en tiempos de fuerte descontento con el ajuste económico. El propio prontuario de Bressi es un indicio contundente en este sentido.

Similares internas son las que se observan actualmente en el proceso de creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, entre los efectivos provenientes de la Federal y los que se incorporan desde la Metropolitana.

Esta realidad no impide que el macrismo utilice el desprestigio policial para intervenir en las distintas fuerzas, así como para decidir el envío de fuerzas federales a la provincia de Buenos Aires bajo el discurso demagógico de luchar contra la inseguridad.

Sin embargo, como se denuncia desde hace años desde la izquierda, fuerzas como la Gendarmería Nacional, una de las “estrellas” del nuevo operativo, poco tienen que envidiarle a la Bonaerense. Su rol en el espionaje ilegal del “Proyecto X” o en la represión a las luchas obreras como las de Lear o la de los choferes de la Línea 60 de colectivos, dejan a las claras que nada bueno puede esperar el pueblo trabajador por este lado. Una vez más, estamos frente a disputas de poder ajenas a los intereses populares, que buscan también ser utilizadas para fortalecer el control social y el poder de fuego contra las peleas de los trabajadores y la juventud.