Escándalo político. La interpelación a los ministros de Lacalle Pou por el narco pasaporte y el rechazo a asumir responsabilidades políticas

Desde horas de la tarde del lunes el Senado interpeló a altas jerarquías del Ministerio del Interior y la Cancillería por la expedición de un pasarte al reconocido narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, a fines del año pasado.

Pasaporte expedido a pesar del conocimiento público acerca del prontuario criminal del personaje y también por hechos documentados: como por ejemplo que el propio Estado uruguayo brindó información acerca de sus implicaciones criminales a autoridades paraguayas meses antes de expedido el pasaporte.

Entre las primeras repercusiones de la interpelación, el ministro Heber desplazó de su cargo de confianza e inició investigación administrativa al subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, quien además admitió haber tenido contacto con el abogado de Marset, Alejandro Balbi. Según Heber está involucrado en un sospechoso email que tuvo como objetivo acelerar el trámite para tres pasaportes, entre los cuales estaba el de Marset.

Tanto el Ministerio del Interior como el de Relaciones Exteriores, informaron que han iniciado investigaciones administrativas en sus respectivos ministerios.

El gobierno apeló en la interpelación a tapar todo justificándose con argumentos legalistas y burocráticos, como si se tratara de un mero trámite administrativo. Pero es evidente que, este como intentar tapar el sol con una mano es inútil, porque más allá de todas estas argumentaciones que puedan hacer, le otorgaron un pasaporte a un narcotraficante de una forma claramente irregular, que es lo que le permitió a este individuo quedar en libertad y lograr evadirse hasta ahora de la justicia.

Para agregar gravedad a la situación se conoció la semana pasada la absolución (argumentando un tecnicismo por parte de la jueza a cargo) del narcosojero Martín Mutio, empresario agropecuario que fue descubierto con la posesión de 4 toneladas y media de cocaína.

En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación anunció que estudiará la versión taquigráfica de la interpelación y las investigaciones administrativas iniciadas por los ministerios, para resolver si tomará medidas al respecto.

Marset

Sebastián Marset es un reconocido narcotraficante uruguayo que poseía antecedentes penales en Uruguay por crímenes vinculados al narcotráfico. Condenado por ejemplo por el intento de trafico de más de una tonelada de marihuana en 2013 en donde Marset reconoce incluso vínculos con el ex presidente paraguayo Horacio Cartes, suceso que terminó además con la condena del tío de Cartes en Uruguay.

Por si fuera poco es investigado por las autoridades de Paraguay por liderar una organización delictiva responsable de traficar grandes cargamentos de droga al exterior, señalado por diversos medios de prensa como una figura clave en el narcotráfico en la región mediante el uso de la hidrovía Paraná – Paraguay. La organización de Marset es sospechada de ser la responsable del asesinato del Fiscal paraguayo Marcelo Pecci que tenía a cargo la investigación de las actividades delictivas que llevaban a cabo.

Además de todo esto, en el momento que se le tramitó el pasaporte a Marset, éste estaba detenido en Dubái por usar un pasaporte paraguayo falso.

En Uruguay incluso había sido condenado por múltiples delitos vinculados al crimen organizado, y era sospechado de ser el ideólogo del atentado sufrido por la brigada anti drogas y las amenazas a la fiscal de crimen organizado en el año 2020.

La interpelación

Solicitada por la bancada opositora, comparecieron ante el Parlamento los ministros Luis Alberto Heber a cargo del Ministerio del Interior, el ministro Francisco Bustillo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Vice Ministra de Relaciones Exteriores Carolina Ache, entre otras autoridades gubernamentales. Pero con la resonante ausencia de la principal autoridad de los servicios de inteligencia del Estado, Álvaro Garcé principal responsable de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la República por modificaciones establecidas durante la presente gestión de gobierno.

En la interpelación la bancada opositara del Frente Amplio, pidió explicaciones a dichas jerarquías gubernamentales acerca de un hecho que tiene amplia repercusión nacional e internacional. Remarcaron entre varias cosas, la ausencia del Secretario de Inteligencia, la no obligación de expedir dicho pasaporte en las circunstancias que acaecieron y en definitiva la responsabilidad política de las autoridades gubernamentales en la resolución de la situación, que terminó por habilitar a Marset a gestionar su salida de Emiratos Árabes.

Más allá de estos cuestionamientos mencionados, no se cuestionó más incisivamente las explicaciones dadas por la Vicecanciller Carolina Ache que reconoció haberse reunido con el abogado del narcotraficante y más de una vez reiteraron que “no se trataba de cuestionar la honorabilidad de los ministros” o que “no se adjudican malas intenciones” en el actuar de los funcionarios.

Cabe decir además, que aunque le cabe razón al Frente Amplio en todos estos señalamientos que hace y en la denuncia hacia la actitud del gobierno frente a este tema. También es cierto que el propio Frente Amplio cuando fue gobierno tuvo grandes escándalos propios en relación a este tema. Nunca yendo hasta el final hacia el control de las actividades financieras del empresariado (solo algunas medidas y leyes tímidas al respecto), o en cuanto a la relación con las fuerzas de seguridad y autoridades aduaneras que son los organismos que por su corrupción intrínseca permiten que en la práctica se establezca fluidamente el tráfico ilegal de drogas.

El gobierno se refugió en la justificación de que cumplieron al pie de la letra con lo que dice la ley, argumentando sobre todo lo que para ellos “obliga” el decreto 129 que data del gobierno de José Mujica, insinuando la responsabilidad de dicho gobierno anterior por modificar las disposiciones para la emisión de pasaportes en el exterior. Según los funcionarios del gobierno, de haber estado vigente la anterior reglamentación ellos no estarían obligados a emitir el pasaporte. De acuerdo al gobierno, Marset en esos momentos no tenía causas penales abiertas en Uruguay y no era requerido por Interpol.

Como respuesta la oposición, respondió que no había ninguna obligación a emitir el pasaporte tal cual se hizo, ni con la reglamentación actual, ni con la anterior. Que los argumentos del gobierno intentan desviar la discusión y presentar todo como si fuera un mero trámite administrativo. Eludiendo de esta forma la responsabilidad política del gobierno en todo este asunto.

El Frente Amplio finalmente retiró la confianza hacia los ministros y dispuso a votación la destitución de los mismos, por el contrario la bancada oficialista votó la absoluta satisfacción por la explicación de los ministros y sostuvo la permanencia en el cargo por el voto de la mayoría en el Senado.

El gobierno sabía

Durante la sesión se confirmó que el individuo en cuestión estaba siendo investigado por organismos de seguridad uruguayos, hecho que consta en múltiples informes otorgados por el Estado uruguayo al Estado paraguayo durante el mes de mayo de 2021. De hecho, hay documentación probatoria de que la Brigada Antidrogas informó a Paraguay sobre actividad narco de Marset en dicho mes de mayo. Posteriormente en setiembre del mismo año la misma brigada le consulta a Cancillería uruguaya sobre la detención de Marset en Dubái.

También se confirmó que el Ministerio del Interior se comunicó con Cancillería en otras oportunidades acerca de Marset, inclusive esas comunicaciones fueron anteriores a la reunión de la Vicecanciller con el abogado de Marset Alejandro Balbi en la propia sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Todos hechos que demuestran que el gobierno estaba perfectamente enterado de quién era Marset, en momentos que el mismo solicitó la tramitación del pasaporte a través del consulado en el país árabe. Además de que, durante esas semanas hubo una amplia cobertura periodística acerca de la situación de Marset en Dubái y la naturaleza de sus actividades delictivas.

Todo esto no impidió que la Vicecanciller Carolina Ache recibiera al abogado de Marset Alejandro Balbi en su propio despacho, y reconociendo además de que le brindó información acerca de la valija diplomática (que en el momento ya había salido) que es la vía normal para el envío de los pasaportes en el exterior: “El día 17 de noviembre de 2021 me solicita una audiencia vía WhatsApp. No me dice el motivo, me dice que es por un asunto de Cancillería. Yo lo recibo el 24 de noviembre en Cancillería, en mi despacho, le doy la reunión que me solicita en mi despacho. Y en esa reunión, él me hace una consulta: la valija diplomática para Emiratos Árabes cuándo salía… esa valija ya salió”.

En la interpelación Ache afirmó que con Balbi solo habló de eso y no interfirió en el trámite del pasaporte, poniendo solamente su palabra como prueba, en sus propias palabras: “Esto es como yo me manejo en política, en la Cancillería y en la vida: con la verdad. Le guste a quien le guste, me crea quien me crea, le duela a quien le duela, esta es la verdad”.

Llamativamente y para fortuna de Marset su pasaporte tramitado no se encontraba en dicha valija que “ya salió”, según reconoció el Canciller Bustillo el pasaporte de Marset figuraba en la lista de la valija por “un error informático”. Lo que permitió posteriormente que el abogado Balbi se hiciera con el mismo, para que llegue en manos de Marset en Dubái por una vía poco habitual, supuestamente trasladada por “un familiar” del narcotraficante.

No son hechos fortuitos

Por todos es conocido el daño que provoca el narcotráfico y el crimen organizado en general, sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por esta misma razón resultan escandalosos los privilegios que tienen estos altos criminales y que salen a la luz como ha pasado con este affaire del pasaporte de Marset.

Todo este escándalo también pone de manifiesto la doble vara del sistema a la hora de sancionar las actividades delictivas, mientras los pobres son enterrados en las cárceles bajo condiciones infra humanas, los criminales como Marset o Mutio tienen a su disposición todos los privilegios y facilidades que le otorga el propio poder estatal y sus funcionarios.

La hipocresía de la política punitivista que despliega el gobierno en relación a este tema, queda también totalmente expuesta, a la luz del trato privilegiado del que se ha beneficiado Marset. Mientras intentan mostrarse como los primeros cruzados en la llamada “guerra contra el narcotráfico” como estrategia para abordar este problema social. Política de “guerra al narcotráfico” que es un fracaso total no solo en Uruguay, sino en todo el mundo.

La ilegalización, el prohibicionismo es el dogma detrás de esta supuesta “guerra”, que como política de los distintos Estados que la sostienen, solo beneficia las grandes ganancias de las cadenas empresariales involucradas en el narcotráfico, sin ninguna regulación más que la “guerra” impotente que no logra más que afectar una mínima parte del negocio.

En un país como Uruguay, con una legislación blanda en cuanto al control por el lavado de activos, sostenido por un pequeño grupo de bufetes de abogados con actividad públicamente conocida en relación al narcotráfico desde hace décadas. Y que encima sostiene una legislación de financiamiento de partidos políticos turbia que deja amplio margen para que el crimen organizado influya e intervenga en el sistema político y por lo tanto en el poder del Estado. Las condiciones para la corrupción y la connivencia con el narcotráfico son más que explicitas y dejan en total evidencia la suma hipocresía de la política de pose de “guerra al narco”.

Todo esto, más que probado también, con el caso del narcosojero Mutio por ejemplo, donde se demuestra con toda claridad los vínculos del narcotráfico con otras actividades económicas, que posibilitan dicho comercio ilegal a gran escala, junto con el lavado de dinero.

El narcotráfico da sobradas muestras de cómo son una parte integrante más de una casta empresarial que domina las principales actividades económicas de la sociedad y el entrelazamiento profundo entre las actividades legales e ilegales de la misma, en búsqueda siempre de diferentes modalidades de obtener más ganancias.

Y todos ellos estrechamente vinculados y relacionados con el sistema de partidos y de poder estatal, mediante los amiguismos y favores que se intercambian en dicha cúpula social, son totalmente naturalizados los privilegios y el tráfico de influencias entre ellos. La naturalización de la relación que manifestó tener la Vice Canciller Carolina Ache con el abogado Alejandro Balbi, reconocido defensor de altos criminales, es un ejemplo muy concreto de las relaciones que se dan en esa cúpula social y política.

En conclusión el narcotráfico, el crimen organizado, no es un fenómeno aislado o anormal de la sociedad capitalista y de los sistemas políticos que la sostienen. Es parte constitutiva del poder social y político que nos domina, los escándalos como este que emergen cada tanto a la luz de la opinión pública, son una pequeña muestra de la convivencia cotidiana de la cúpula social y política que nos domina.