De espaldas a la población. La ley ómnibus llega el lunes al recinto con una reforma laboral y ataques a jubilados

“Ya estamos firmando el dictamen” dijeron diputados de La Libertad Avanza y el PRO en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales. También ponían sus firmas los bloques colaboracionistas de la UCR, gran parte de Hacemos Coalición Federal de Pichetto, Innovación Federal y los tucumanos ex Unión por la Patria. Pero el texto que ya empezaba a juntar firmas y será el que llegue al recinto el lunes, no solo no era público, sino que tampoco era el definitivo. Seguían las negociaciones.

El plenario comenzó sin que el oficialismo ni sus aliados informen a la población cuál es el contenido de esta nueva versión de la Ley ómnibus. Los diputados de La Libertad Avanza se limitaron a “felicitarse” a sí mismos por el “intenso trabajo y el diálogo”. Lo mismo hicieron los del PRO, lo que le valió a Silvia Lospennato el grito de “abogada defensora” por parte de Leopoldo Moreau. Myriam Bregman de la izquierda agregó “sí, de Milei”. Es que en los pasillos del Palacio el comentario es que Lospennato fue la organizadora y casi vocera parlamentaria de La Libertad Avanza en las reuniones de negociación de las ultimas semanas.

Christian Castillo del Frente de Izquierda, integrante de Presupuesto y Hacienda, fue el primero en denunciar la irregularidad de lo que estaba pasando, y exigió que se de a conocer cuál es el texto que quieren llevar al recinto. “Se apuran porque está creciendo la movilización del pueblo trabajador de este país” dijo, y advirtió que “va a haber multitudes frente al Congreso repudiando esto que se quiere hacer ilegalmente”.

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Mientras se desarrollaba la discusión, continuaban haciendo modificaciones en privado entre el gobierno y los bloques colaboracionistas. Finalmente, incluyeron una versión más reducida de la reforma laboral propuesta por la UCR, y sacaron al Banco Nación de la lista de empresas públicas a privatizar porque el gobierno no tenía los votos para aprobarlo. Una vez cerrado el texto, también se apuraron a pedir la sesión que ya se confirmó para el lunes 29 de abril a las 11 horas.

La nueva versión de la Ley ómnibus, mantiene núcleos centrales de la primera que fue derrotada en febrero con persistentes movilizaciones en las afueras del Congreso, pero tiene agregados. Uno de ellos es la eliminación de la moratoria jubilación por la cual, actualmente, se pueden jubilar 9 de cada 10 mujeres por los altos niveles de informalidad en el país. Esa eliminación va acompañada de la creación de una Prestación de Retiro Proporcional, que al igual que la PUAM, eleva la edad jubilatoria para las mujeres a los 65 años. Esta prestación y la PUAM serán las únicas opciones que quedarían para quienes se vieron obligados y obligadas a trabajar en la informalidad, por la cual van a recibir haberes menores que la ya indigente jubilación mínima. La diputada Bregman hizo especial hincapié en denunciarlo. “Hago un llamado a todas las mujeres: no podemos permitir que deroguen la moratoria, es una ataque a todas las mujeres. Seamos miles en la calle, convoquen a todo el mundo para que estemos acá afuera. No puede pasar esta ley, es un ataque al conjunto de los que trabajan”.

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Otro de los agregados es una reforma laboral regresiva en una primera cuota. La UCR fue la más insistente en incluirla, pero el texto que propusieron originalmente era peor que el propio DNU 70/2023 del gobierno, y hasta a Pichetto le pareció mucho. Por eso dejarán para un próximo debate los puntos que quedaron afuera en esta versión. Es decir, habrá otras cuotas de la reforma laboral.

En el nuevo texto de la Ley ómnibus, el capítulo denominado “modernización laboral” sufrió varias modificaciones por las negociaciones entre el gobierno, la UCR y allegados a la CGT. Hay que decir que fueron quitados varios artículos, como los que coartaban el derecho de huelga, convertían en delito un bloqueo o declaraban la educación como servicio esencial. No fue una actitud de generosidad. Sabían que iba a generar, cuando se conociese, un fuerte rechazo en la clase trabajadora, incluidas sus organizaciones. Aunque la CGT no ha hecho nada en estas semanas ni convoca medidas para el día del tratamiento, el gobierno tomó nota de que sus propuestas fracasarían adentro del recinto pero sobre todo podrían generar movilizaciones afuera, luego de ver la marcha educativa. Aún así, el radicalismo quiere continuar la discusión de una reforma laboral, esa parte del DNU está suspendida pero no eliminada y la Ley Ómnibus contiene medidas flexibilizadoras y beneficios a los empresarios. Incluye: eliminación de multas a empleadores por tener trabajadores no registrados, extender el período de prueba a 6 meses para cualquier empresas, a 8 meses paras las que tienen entre 6 y hasta 100 trabajadores y de 1 año si tienen hasta 5 trabajadores, además habilita el despido discriminatorio por cuestiones de género, opinión políticas o ideología, porque aunque aumenta la multa evita la reinstalación. Uno de los más graves es que fomenta el “modelo UOCRA” de cese laboral, un sistema que facilita y abarata los despidos, aunque en este casi deberán acordarse por convenio. Pero no son los únicos: hay artículos diseñados para facilitar el “trabajo independiente”, o sea sin relación laboral y como “colaboradores”, en empresas de hasta 5 personas, así como dar más posibilidades para la tercerización laboral.

Myriam Bregman hizo duras críticas a este nuevo capítulo laboral y lo tildó de “inconstitucional” porque va en contra de tratados internacionales a los que adhiere nuestro país que establecen que los derechos deben ser progresivos no regresivos. “¿Saben que el régimen de la UOCRA lo inventó la dictadura de Onganía y después lo ampliaron con Videla y Martínez de Hoz?” preguntó. Por la nueva legalización de tercerizaciones que incluye dijo que “es un homenaje a Menem y a De la Rua”, y lo contrastó con los enormes beneficios al poder económico que contempla esta ley y el paquete fiscal que quieren votar.

El dictamen que quieren llevar al recinto incluye la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia económica, financiera y energética por 1 año, para que Milei haga lo que quiera en esas áreas. También una reforma del estado que tiene ataques a trabajadores estatales, paquetes de privatizaciones de empresas públicas, y la posibilidad de intervenir y disolver distintos organismos del estado. Otro capítulo preocupante es el de Energía, diseñado a la medida de las grandes petroleras y grandes empresarios como Paolo Rocca de Techint, para que puedan exportar la energía que produce nuestro país sin que sea prioridad el abastecimiento interno. Esto tendrá impacto en una energía más cara en el país, y nuevos tarifazos. También se incluye un Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) con enormes beneficios impositivos a grandes capitales, y que genera alerta hasta de organismos internacionales por abrir la puerta a que ingrese dinero ilegal del narcotráfico. Igual que el blanqueo que está en el paquete fiscal, nadie les va a preguntar por el origen de sus dólares.

La firma del dictamen de mayoría obtuvo 61 firmas, y hubo disidencias parciales de la UCR (que insiste con la reforma laboral completa), y de algunos diputados de Hacemos Coalición Federal. Entre los radicales, se negaron a acompañar con su firma Carbajal y Juliano. Por su parte, la Coalición Cívica optó por un dictamen de minoría, donde plantean gran parte de las coincidencias con el oficialismo y otras diferencias. En su caso se oponen a la delegación de facultades. Tanto la UCR como gran parte de Hacemos anunciaron que en el recinto van a pedir por la incorporación del capítulo del tabaco, que generó lobbys a dos bandas (con LLA y el PRO del otro lado). Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron un dictamen de rechazo al conjunto de la ley, con fundamentos distintos.

Luego del dictamen de esta nueva versión de la ley ómnibus, la jornada continúa con el mismo plenario de comisiones, pero para dictaminar el “paquete fiscal”. El acuerdo del gobierno, los gobernadores y los dialoguistas es que se voten ambos proyectos en la misma sesión. Una movida para juntar voluntades en las provincias, muy interesadas en el paquete fiscal para hacerse de más recursos en sus cajas.