La patronal está mostrando una de sus caras más inhumana. Trabajadores caminando por el barro de madrugada durante horas para llegar a su puesto de trabajo u obligados a coger sus vehículos poniéndose en peligro por temor a perder su trabajo.
Miércoles 6 de noviembre
Gente que lo ha perdido todo, recibe llamadas de sus empresas -algunas grandes empresas o supermercados- para que se reincorporen a sus puestos de trabajo, muchas veces en tareas de limpieza.
"Hay empresas de València que han buscado subterfugios para que sus empleados vayan a trabajar y, si no lo hacen, el planteamiento extendido es que pidan vacaciones" reconoce Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de CC.OO. del País Valencià.
Los sindicatos, así como otras asociaciones, están recibiendo centenares de denuncias y consultas por esta problemática. Según CC.OO. hay unas 400.000 personas que viven en zonas afectadas y deben desplazarse para trabajar hasta lugares que no han sido castigados por las lluvias y las inundaciones.
El decreto ley presentado por El Ministerio de Trabajo y Economía Social y aprobado por el Gobierno establece permisos retribuidos para los trabajadores cuyo desplazamiento suponga un peligro para su seguridad o interfiera en las labores de rescate, así como para quienes hayan perdido su vivienda, busquen a familiares desaparecidos, o bien estén al cuidado de niños o ancianos.
A pesar de esto, la realidad es muy distinta. "Estamos detectando comportamientos que, además de vulnerar la legalidad, son inhumanos" señala la portavoz de Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona, quien considera que el decreto ley es "necesario, pero insuficiente". Para ella, "La clase trabajadora tiene derechos sobre el papel, pero no se cumplen", producto del abuso de la patronal frente a el desconocimiento, la precariedad o leyes como la de extranjería. E insiste en que "los trabajadores, en un contexto de subsistencia, deben tener la garantía de poder concentrarse en salvar a su familia, sus viviendas y sus enseres".
Las organizaciones sindicales tienen la responsabilidad de velar por los intereses de los trabajadores y garantizar que se cumplan sus derechos.
Es necesario que se pongan al frente de exigir un plan de emergencia que responda a la magnitud de la crisis y antepongan nuestras vidas a los beneficios de los capitalistas. Es una necesidad que los grandes sindicatos, junto a la izquierda sindical y los movimientos sociales, llamen a movilizaciones y paros de solidaridad en los centros de trabajo para exigir junto a que se hagan efectivos los permisos retribuidos, otras medidas como la Suspensión de los alquileres y anulación de todas las hipotecas y créditos de aquellas personas que han perdido o visto dañada su vivienda, vehículo o pequeño negocio.
Que todos los pisos vacíos de grandes propietarios y establecimientos hoteleros pasen a estar bajo el control de comités de vecinos y vecinas para el realojamiento inmediato de quienes han perdido su vivienda o está inhabitable.
Así como una comisión investigadora independiente del estado y el gobierno, que depure responsabilidades frente a esta crisis.
