Minería. La lucha contra el saqueo del Litio desde Ciudad Juárez hasta la Patagonia

En Latinoamérica se extrae el 60 % del litio del mundo en el llamado “triángulo del litio”, conformado por Chile, Argentina y Bolivia como los principales productores. Chile es el segundo productor en el mundo después de Australia, con el 26 % y el 55 % de la producción respectivamente.

Recientemente en Argentina la Reforma aprobada por Gerardo Morales, actual gobernador de la provincia de Jujuy al norte de este país -y quien además se ha postulado como precandidato a las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre- hace entrega del recurso del litio, la tierra y el agua necesaria en su proceso de extracción en la provincia. Esto ha provocado intensas movilizaciones de trabajadores, campesinos, mineros y docentes, que ya luchaban por un aumento salarial acorde con la canasta básica y por insumos en las escuelas; y que han unificado sus luchas contra esta Reforma Parcial de la Constitución jujeña, y contra la brutal represión que el gobierno de Morales ha levantado contra el pueblo.

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En México, se aprobó una Reforma a la Ley Minera en marzo de 2023 que intentó dar al gobierno un mayor poder sobre los bienes minerales extraídos, sin embargo, no logró modificaciones sustanciales en favor de las grandes mayorías, ni habla del despojo que las mineras canadienses y españolas han hecho sobre los territorios de los pueblos originarios.

Por ejemplo: norma que las mineras deberán otorgar a las comunidades indígenas que se encuentren en el territorio explotado tan sólo el 5 % de los beneficios de la extracción; el límite de la duración de las concesiones mineras se redujo de 100 a 80 años; ya no se otorgarán concesiones en zonas con escasez de agua o en áreas protegidas, pero se conservarán las 1671 concesiones mineras en 70 áreas protegidas que ya existen en México y 11 de ellas están catalogadas como “altamente contaminadas” por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Aunque se requiere el mecanismo de consulta previa para los pueblos originarios para otorgar la concesión, algo que se estipula en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la que México es un Estado parte desde antes de su entrada en vigor en 1991, esta se ha violado sistemáticamente, siendo uno de los países con más asesinatos de medioambientalistas, junto con Filipinas, Colombia y Brasil, llevando 9 asesinatos en lo que va del año.

Esto supone un riesgo para la apertura económica de México en el terreno de la explotación de litio, que se viene planteando desde 2021, cuando el gobierno mexicano ya había entregado 36 concesiones para explorar y explotar el litio, que hoy cuenta con casi el 2% del mineral en exploración.

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¿Cómo solucionamos el despojo?

En el marco del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 16 de junio se hizo pública la exigencia del gobierno estadounidense que demanda al gobierno mexicano revisar las condiciones de los trabajadores de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas; propiedad del millonario Germán Larrea -dueño de Grupo México- donde los trabajadores estallaron la huelga en julio de 2007, pero no estalló sola, sino en conjunto con las huelgas de Taxco en Guerrero y Cananea en Sonora.

Un día después de la alerta estadounidense, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, notificó un laudo en el que declaran a Grupo México como el responsable de la huelga y su obligación de pagar los salarios caídos, prestaciones y recontratar a los trabajadores en caso de aperturar la empresa nuevamente.

En su momento, la empresa usó a la fuerza pública para desalojar a los huelguistas y sustituirlos por esquiroles que continuaron produciendo minerales, tal como sucede ahora con la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), que sigue en pie luego de 40 meses, y que continúa generando gastos como si estuviera operando de forma ilegal con Sanjuana Martínez a la cabeza.

Ni el Estado ni los organismos internacionales han mostrado tener un interés verdadero por las y los trabajadores, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, no es definitivo, la Secretaría de Economía de México tiene hasta el 26 de junio para responder si acepta o no dicha solicitud, y otros 35 días para revisar el caso en su totalidad.

No podemos confiar en la justicia burguesa, pero sí en la fortaleza que los mineros han mostrado durante estos 16 años de lucha, la única que puede hacer triunfar la huelga si se unifica con el resto de las luchas de mineros.

México es el país latinoamericano con más conflictos mineros, 58; le sigue Chile con 49; Perú con 46; Argentina 28; Brasil 26; Colombia 19; Bolivia y Guatemala 10 respectivamente; Ecuador 9; Nicaragua y Panamá 7 cada uno, y Honduras 6, según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (Ocmal)

Los mineros codo a codo con los trabajadores de otros sectores, pero principalmente los jornaleros, campesinos y trabajadores del agua en cada país pueden lograr la expropiación de las minas en contra de las grandes empresas que sólo saquean y contaminan el territorio con métodos de extracción como el fracking, la salmuera y la evaporación que utilizan enormes cantidades de agua.

La poderosa industria de la minería bajo control de sus trabajadores podría planificar una extracción cuidadosa que permita la regeneración del medio ambiente y combata el despojo de las tierras y el agua, de la mano con las comunidades originarias y con apoyo de expertos industriales.

Sigamos el ejemplo de Jujuy

Desde hace semanas, las y los docentes jujeños protagonizaron jornadas de protesta históricas en la provincia reclamando salarios justos y contra la Reforma constitucional votada el 16 de junio.

Las protestas no se hicieron esperar, en medio de la reforma que entrega los recursos y la lucha por los salarios, los trabajadores mineros han forjado una unidad política que supera el carácter gremial, pues cuestiona el autoritarismo, la antidemocracia y el saqueo. La respuesta del gobierno fue la represión, llegando a una brutalidad tal que la ONU tuvo que emitir un comunicado llamando a no cometer violaciones contra los derechos humanos.

El jueves 22 de junio continuaron las enormes movilizaciones de distintos sectores de trabajadores y comunidades por el centro de San Salvador en Jujuy, y con réplicas de solidaridad en otras provincias del país.

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