Derechos laborales. La persistencia de la voluntad: seis años de lucha en el DIF-CDMX

Primer momento: las expresiones de la lucha

A finales de 2018, tres compañeras de tradición trotskista, Alejandra Sepúlveda, Flora Aco y Ameyali Amador, formaron la agrupación “Queremos Trabajo Digno”. Como es costumbre, los cambios de gobierno aparejan despidos, así que intuyeron que el gobierno AMLO, representado en la capital por Claudia Sheimbaum Pardo, no sería la excepción, por lo que había que tener una trinchera de resistencia dentro del DIF de la Ciudad de México, donde las tres laboraban. No se equivocaron.

Para poder reorientar el gasto social a programas sociales (y también al Ejército), la 4T se procuró toda una reingeniería fiscal, una nueva distribución presupuestal en donde las y los trabajadores sin derechos fueron los más golpeados, el eufemismo para esta política fue “Austeridad Republicana”. Puesto que este tipo de empleos carecen de afiliación al ISSSTE o al IMSS, fue muy difícil conocer las dimensiones del despido, las estimaciones rondaban entre doscientas mil y medio millón de personas.

El 14 de febrero de 2019, le tocó a la dirección del DIF-CDMX ejecutar el ajuste contra las y los trabajadores de honorarios. Ese día se anunciaba a las y los profesores del extinto programa Niñas y Niños Talento (que duró de 2007 a 2019) la reducción salarial del 25%, lo que de inmediato provocó malestar. Conforme se fueron enterando, empezaron a concentrarse alrededor de trescientos profesores en Av. Cuauhtémoc No. 1473, casi esquina con Av. Popocatepétl, en las instalaciones que ahí tiene la dependencia, donde se les citaba para firmar contrato, procedimiento que mes con mes hacen pues se les simula la relación laboral con un contrato por honorarios —de carácter civil— a pesar de desempeñar funciones de base. Para ese año, los docentes que ingresaron desde el inicio del programa estaban por cumplir doce años de trabajo, sin prestaciones, sin la posibilidad de generar antigüedad, sin seguridad social, con salarios que van de los 4 mil a los 8 mil pesos mensuales, ¡congelados hasta hoy día!

La ofensiva del gobierno obradorista contra la clase trabajadora del DIF-CDMX fue operado por su entonces directora, Esthela Damián Peralta; personaje sumamente agresivo contra los derechos laborales, baste recordar su actuar en tres ocasiones. En una de las reuniones con los docentes, con referencia al recorte presupuestal, dijo que era la cobija que les había tocado, pero omitió mencionar que ella y su equipo recibían un aumento salarial de 5.7% (el salario de director ronda los 100 mil pesos mensuales brutos), como pudimos constatar en la Plataforma Nacional de Transparencia. Durante una mesa de negociación con las compañeras de Trabajo Digno, les dijo que los derechos laborales que exigían eran soviéticos, con una clara connotación peyorativa, siendo que están en la Ley Federal del Trabajo. A Flora y Ameyali, les inició un proceso legal de inhabilitación (que es la forma en la que proceden estas sanciones, y no mediante el mero arbitrio de la autoridad como se suele creer), para que no pudieran trabajar en el servicio público de la Ciudad; lo llamativo del caso es la manera en que se elaboró la demanda, por daño moral al DIF: con fichajes policiacos donde aparecían fotos de las compañeras en manifestaciones exigiendo derechos laborales (no es casualidad que Damián Peralta en el gobierno-Sheimbaum esté al frente de la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana).

Al poco tiempo que emergió la agrupación Queremos Trabajo Digno, la efervescencia por el descuento salarial hizo surgir el movimiento de profesoras y profesores del programa de Niñas y Niños Talento. Este momento es crucial, ya que despertó un interés que había estado dormido por muchos años: la exigencia de basificación, que la dependencia reconociera la relación laboral de las y los profesores; se concibe la lucha por un futuro mejor. Hasta entonces, sobre la relación laboral, que implica ser reconocido como trabajador por parte de la institución, pesaban muchos mitos —algunos aún persisten—, como que al obtenerla cambiarían arbitrariamente horarios y funciones a desempeñar. Por increíble que parezca, dependencias estatales como el DIF-CDMX tienen laborando a cientos de personas sin reconocerlas legalmente como sus trabajadoras, contratadas por honorarios, servicios profesionales o mediante outsourcing (tal es el caso del servicio de limpieza).

Aquel movimiento de profesores no logró revertir el descuento, solo contuvo el monto: del 25% pasó al 3%. De ese periodo, que duró hasta mayo de 2019, cabe destacar el desgaste al que le apostaron las autoridades, gestionaron el conflicto para que no se saliera de control, pues en el DIF-CDMX hay un aproximado de tres mil personas trabajadoras sin ningún derecho laboral.

Sin experiencia política colectiva, la fuerza de trescientos docentes fue desarticulada, nunca se atrevieron a cerrar una sola calle (para no afectar a terceros), les conflictuaba incorporar a la lucha a trabajadores de otras áreas (no-docentes) y se presentaron disyuntivas que no fueron aprovechadas, como la ocurrida en una larga asamblea que se realizó en el Jardín “Ramón López Velarde”, cercano a la estación Centro Médico del metro de la Ciudad. Ahí, ya acaecida la noche, se informó frente al pleno que el periódico La Jornada se ofrecía a publicar una nota —con testimonios— sobre el movimiento, sin embargo, la mayoría de los presentes, presionados y temerosos de las represalias, votaron por no aceptar la oferta; pensaron que, si la nota se publicaba con el aval grupal, se entendería como un gesto de intransigencia y el acto sería usado por las autoridades para cerrar las mesas de diálogo que se habían logrado con ellas.

Lo que expresaban este tipo de situaciones era despolitización, resultado de décadas de ofensiva neoliberal sobre la clase trabajadora, que buscó imponerle una subjetividad dócil, temerosa e ignorante de sus propias luchas y derechos. En este contexto, las posiciones políticas de las y los profesores, por naturalidad diversas, nunca lograron acuerdos de largo plazo. Convivían posturas de todo tipo, desde el anticapitalismo hasta fieles seguidores de la política-AMLO; hubo quienes, en la desesperación, se acercaron al PAN o al PRI, pensando que desde esa oposición de derecha se podía conseguir algo; pesaba el ideario (neo)liberal, de que la autoridad puede conciliar “civilizadamente” cuando conoce el problema; no faltó quien dijo que así nos habían contratado y al firmar el contrato estábamos de acuerdo, por lo que no podíamos exigir nada; o que nunca se le puede ganar al gobierno. En suma, la despolitización no radicaba en ausencia de un pensamiento único y su respectiva línea correcta —impulso de los totalitarismos—, sino en asumirse en la lucha histórica de la clase trabajadora, donde han coexistido un sinfín de tradiciones y corrientes.

Por su parte, Trabajo Digno, de tradición anticapitalista, no bajó la guardia, mantuvo el ABC que a todo marxista le enseñan: la independencia de clase, de gobiernos y patronales. Hay que resaltar que, debido a la experiencia de las compañeras en distintas luchas, por ejemplo, en 2012, Flora Aco estuvo a punto de ser encarcelada en el marco de las movilizaciones por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, y por otro lado la inexperiencia política colectiva de las y los profesores, las dos maneras de exigir derechos laborales colisionaron. Esa diferencia hizo que el movimiento de docentes viera con desconfianza a la agrupación Queremos Trabajo Digno, porque daban una batalla frontal contra la autoridad, sin medias tintas, y a varios profesores (as) les parecía una manera muy furiosa e inclusive sospechosa de luchar, “¿de dónde son?”, “¿qué intereses traen?”. Llegaron a ser señaladas como agentes extrañas y ajenas al movimiento. Por lo que, sin mediación posible, ambas expresiones de lucha avanzaron en caminos paralelos.

Segundo momento: los despidos y la unidad

Como se mencionó, el movimiento de profesores se agotó en mayo, a la última reunión asistieron siete integrantes de los más de trescientos que eran. Por su parte, la decidida lucha por derechos laborales les valió el despido, en julio de 2019, a Alejandra (entonces embarazada), Flora, Ameyali y Erick Reyes. Con el respaldo de la organización a la que pertenecen (Movimiento de los Trabajadores Socialistas, MTS) y los acuerdos políticos con varios profesores, se emprendió un nuevo momento de la lucha: conseguir su reinstalación.

Para estas fechas, los estragos del ajuste presupuestal ya habían colocado a organizaciones y sindicatos en pie de lucha, entre otros a la Asamblea General de Trabajadores (AGT), la Unidad General de Trabajadores de México (UGTM), Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares (FNAMOP), el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del a CDMX (SUTIEMS) y más. Para abril, en conjunto con estas organizaciones se había logrado crear el Foro de Luchas Sociales (FLS) desde donde se acordaba el plan de acción conjunto. El ir en unidad con otras colectividades abrió nuevas esperanzas. Hay que destacar que por muy diferentes que son estas agrupaciones entre sí, la mayoría se presenta con sesgos anticapitalistas, posiblemente ese componente las haya hecho confluir hacia acuerdos más o menos comunes, por ejemplo, se da por hecho que la movilización implica cierre de avenidas, tomas simbólicas, lucha frontal contra la autoridad, entre otras herramientas históricas que ha desarrollado la clase trabajadora.

La existencia del FLS no impidió que Trabajo Digno emprendiera sus propias batallas. Fueron tres meses agotadores, se organizaban movilizaciones cada semana y se elaboraban notas de análisis y denuncia que salían en la Izquierda Diario México. En ese periodo, se instaló una especie de cuartel permanente en el departamento de Flora, nadie estaba dispuesto a doblegarse. En ocasiones, llegaba sospechosamente un dron, que se veía por la ventana de la sala (si fuera el caso, no sorprendería que fuera enviado a vigilar o amedrentar).

Después de un sin fin de acciones, —incluyendo la organización de un festival cultural en la Alameda Central e ingreso de quejas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México—, y tras dos fuertes movilizaciones del FLS en el mes de septiembre, que logró cerrar simbólicamente las instalaciones del Gobierno Central de la Ciudad, mismas que se ubican a un costado de la plancha del Zócalo, frente a Catedral, se lograron varios acuerdos con la autoridad. Trabajo Digno consiguió que las compañeras fueran instaladas no en el DIF, pero sí en la Alcaldía de su preferencia, se les ofreció un contrato llamado Nomina 8, que mejora un poco la contratación pero sin ser un trabajo plenamente de base, pues se firma año con año; también se presionó a las autoridades para que un bloque de trabajadores del DIF-CDMX pudieran iniciar su juicio laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) por el reconocimiento a la relación laboral ¡sin ser despedidos!, pues cada que estos procesos ocurren, a las y los trabajadores ya no se les renueva contrato. Moralmente fue un gran logro, porque pesaba un despido masivo ocurrido en febrero de 2012; cuando cien trabajadores metieron su demanda, la dependencia los despidió ¡a todos!

El acuerdo de “reinstalación” no fue expedito, la agrupación presionó hasta que a inicios de noviembre de 2019 lo hicieron efectivo, se desconfió en todo momento de la autoridad hasta que las compañeras lograron verse en su puesto de trabajo.

Tercer momento: la pandemia

La lucha de la segunda mitad de 2019, desgastó a Trabajo Digno al interior del DIF-CDMX, pero la ofensiva del ajuste presupuestal no daba tregua, fue así que 2020 empezó de manera intensa, el 21 de febrero la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX) entraba en huelga. La agrupación tomó una especie de pausa dentro del DIF, pero siguió extendiendo su solidaridad con diversas luchas, con las y los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), de General Motors en Silao, PILARES, Fondo de Cultura Económica, #YaPágameINAH, #NovivimosdelAplauso, Asamblea de profesores de la UACM, y un largo etcétera.

El trabajo de vinculación externa e interna, quedó interrumpido por el inicio de la emergencia sanitaria para contener la pandemia de Covid-19. A finales de marzo de 2020 se decretó la suspensión de labores para actividades no esenciales, entre ellas la mayoría de las dependencias estatales; las actividades se reanudarían de manera general hasta finales de 2021. Cabe destacar que fue un duro golpe para la clase obrera en México, pues a los pocos días que se decretaban las medidas de cuarentena, empezaron las presiones del gran capital trasnacional norteamericano para declarar como actividad esencial —aunque no lo fuera— la industria automotriz, aeroespacial y de la construcción, logrando que el gobierno acatara los intereses de estos sectores; pocas semanas después se les levantó la cuarentena. Los circuitos de la economía mexicana, volcada a la exportación, fue uno de los determinantes en la distribución de los contagios, afectando principalmente la salud de la clase trabajadora, decidiendo su vida o su muerte, constituyendo una necropolítica del capitalismo.

Cuarto momento: la reorganización

Luego de levantarse las medidas de emergencia sanitaria, una vez reincorporados todos los y las trabajadoras estatales a su centro de trabajo (a varios de ellos no se les dio receso, los tuvieron atendiendo a la población con medidas precarias de protección sanitaria durante ese periodo), se reactivaron luchas y golpes que habían quedado suspendidos durante más de un año. El hostigamiento laboral se hizo presente contra dos compañeras de la agrupación: Elizabeth Mondragón y Montserrat Jiménez. A la primera, su jefe le anunció que quedaría despedida para enero de 2022; a la segunda la fueron recluyendo en un espacio de trabajo con poco contacto con población, hasta que la amenaza directa llegó el 26 de mayo de 2022.

Con esa presión encima, Trabajo Digno decidió arriesgarse y sin acuerdo de por medio con la autoridad, como había ocurrido con el primer bloque de demandas, se ingresó otro bloque en la JLCA en el mes de marzo de 2022, exigiendo el reconocimiento a la relación laboral, donde estarían incluidas las dos compañeras; fue una especie de respaldo antes de que la autoridad ejecutara el despido, ya que, de ocurrir, el proceso legal seguiría su curso, cuestión que sería más engorrosa si ya no laboraran en el DIF.

Las denuncias y exigencias, acompañadas del posterior recurso legal, lograron contener el despido de Elizabeth, pero no así el de Montserrat, que se consumó el 1 de junio de 2022. La agrupación no tenía las fuerzas de 2019, la pandemia también la había debilitado, uno de sus mismos integrantes, Juan Carlos Flores, había fallecido por Covid-19. Se pensó que iba a ser muy difícil la reinstalación de la compañera, no obstante, no todo fue desgracia, este trago amargo fue acompañado con el anunció de la basificación de Libia Galicia, otra integrante de Trabajo Digno, que había sido despedida injustificadamente por el DIF-CDMX en 2019, luego de veinte años activa con contrato de honorarios. En julio de 2022 ganó el juicio legal contra la institución y gracias a la organización, en mayo de 2024 se presionó a la autoridad para que se hiciera efectivo su laudo (después de dos años), se le ofreció reubicarla en la Alcaldía de su preferencia, pero no en el DIF. Aún queda pendiente que se cumpla con su antigüedad, como lo estipula la sentencia.

Quinto momento: La Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la CDMX

Luego de la lucha de 2019, el gobierno capitalino le apostó al desgaste del FLS, dándole infinidad de reuniones no resolutivas, con mandos medios que no garantizaban la atención a las demandas de las organizaciones. La pandemia hizo lo suyo, ayudó a extinguir este frente unitario. Fue hasta mediados de 2023 que se encontraron condiciones para proponer otro esfuerzo conjunto en la Ciudad de México: los saldos de la pandemia contra la clase trabajadora (fallecimientos y secuelas producidas por el Covid-19), aunada a la política obradorista de ajuste estatal, dejaban ver que el gobierno no había hecho mejoras sustantivas a favor de las y los trabajadores del Estado.

En ese contexto surge la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la CDMX, varias organizaciones habían formado parte del FLS, pero otras no, como los trabajadores(as) del sector salud que se incorporaron, consecuencia de las carencias laborales que experimentaron durante la pandemia, o el Sindicato Nacional de los Trabajadores de los Pueblos Originarios al Cuidado del Bosque, quienes en la pasada ola de calor enfrentaron los incendios en condiciones precarias. El nuevo impulso colectivo logró darle fuerza otra vez a Trabajo Digno. Las movilizaciones masivas, que se comenzaron a realizar desde la Coordinadora, pusieron en la mesa de negociaciones la reinstalación de Montserrat, la cual increíblemente se logró dentro del mismo DIF, el 3 de noviembre de 2023, después de año y medio de su despido injustificado. El acontecimiento mostraba que, con suficiente fuerza y lucha persistente, era posible lograr reinstalaciones (en la misma dependencia) y no sólo reubicaciones (en alguna Alcaldía).

Desde el espacio unitario, en el primer semestre de 2024, se lograron conseguir ligeras mejoras sólo para los integrantes de la agrupación, pues la autoridad gestiona el conflicto particularizando los casos, como si se tratara de cuestiones individuales y no colectivas. Se consiguieron cambios de centro de trabajo (que acercasen al trabajador a su domicilio), reducción de horas (en compensación por más de una década de salario congelado), becas de apoyo para quienes tuvieran infancias, entre otras conquistas pequeñas que para nada suplen los derechos laborales. También se consiguió que los horarios de firma de contrato siguieran siendo de dos días completos, pues la autoridad los había reducido a menos tiempo.

Hasta ahora, después de seis años, el mayor logro obtenido en esta lucha ha sido el ofrecimiento de quince bases para integrantes de Trabajo Digno. Después de varias movilizaciones —una de ellas sumó aproximadamente dos mil trabajadores que se distribuyeron para cerrar simultáneamente tres avenidas principales de la Ciudad, colapsándola—, a mediados de septiembre de 2024 la dirección de Recursos Humanos del gobierno capitalino dio a conocer dicho compromiso. Doce, de las quince bases, quedaban en el DIF-CDMX, cuestión inaudita, pues los casos de lucha que son conocidos, no logran la basificación en esta dependencia, se les envía a Alcaldías o al Sistema de Aguas de la Ciudad.

Reflexiones finales

En 2019, con el gobierno entrante de López Obrador, las autoridades estatales eran más agresivas que hoy. La legitimidad recién expresada en las urnas, embalentonó a personajes como Esthela Damián Peralta o Sanjuana Martínez, y otros directivos (incluido —paradójicamente— Paco Ignacio Taibo II), de tal manera que lanzaron la ofensiva laboral de la 4T, recortes y despidos contra las y los trabajadores estatales, pensando que no iba a ver respuesta o que la podían controlar. Hoy, con un sexenio que no tuvo una política progresiva para formalizar y mejorar el empleo en el Estado, hay malestar entre la clase trabajadora y la lucha persistente lo visibiliza, porque no pudieron cooptar a todas las organizaciones. Esa lucha es parte de la presión social que logró un cambio de actitud de las autoridades, no es una graciosa concesión de los de arriba, sino la perseverante lucha de los de abajo. Sin resistencia alguna, el gobierno hubiera procesado todo el malestar, sin mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo en las dependencias públicas, porque al contrario las han empeorado con contratos cada vez peores, el caso de los llamados beneficiarios (trabajadores en los programas sociales) es uno de ellos.

Un actor que brilló por ausente en todo este periplo de lucha es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SNTSNDIF), que ha permitido cualquier tipo de abusos contra las y los trabajadores de la dependencia, nunca se ha opuesto a la pérdida de derechos, la precarización laboral ni los despidos que avanzan desde hace décadas, ha mantenido permanentemente inmóvil a la base trabajadora. Ha dejado pasar toda la ofensiva neoliberal contra la clase trabajadora, por décadas. En estos mismos seis años, tenemos registrado que sólo “movilizó” a sus agremiados de la CDMX dos veces: la primera fue en la contienda electoral por la jefatura de gobierno de la Ciudad en 2018, los coaccionó para que asistieran a un mitin de Alejandra Barrales, candidata del PRD, en el Monumento a la Revolución (el tradicional acarreo político); la segunda fue en 2023, pues el Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC) era menor que el de las personas trabajadoras del DIF Nacional, sólo consiguieron que la autoridad les aclarara que eso se debía a que están en fideicomisos distintos, con menor rendimiento el de los trabajadores de la Ciudad. En comparación, la agrupación convocó —al menos— a treinta marchas, diversos mítines, cierres de avenidas, varios encuentros, conferencias de prensa, etc., para exigir derechos laborales.

Entre los logros de la agrupación Queremos Trabajo Digno, podemos destacar los tres siguientes:

1. Es posible demandar, por el reconocimiento a la relación laboral, a la dependencia donde se labora sin que despidan a la persona trabajadora que la realiza. Para eso es necesaria la movilización y unidad con otros sectores.
2. Si la persona trabajadora es despedida injustificadamente, es posible lograr reinstalaciones en la misma dependencia. Para eso es necesaria la movilización y unidad con otros sectores.
3. Se pueden conquistar basificaciones en la misma dependencia donde labora la persona trabajadora. Para eso es necesaria la movilización y unidad con otros sectores.

Mientras más fuerza organizada se tenga para las acciones políticas, la correlación de fuerzas entre la patronal y la clase trabajadora, se cargará a favor de esta última, colocándola en un mejor lugar para triunfar. Las personas trabajadoras debemos ser conscientes de la lucha que tenemos en frente, pues las conquistas no llegan de un día a otro y mucho menos por la vía exclusivamente legal (preguntándole a los abogados qué política hacer). Aquí hablamos de un periodo de seis años en el que hemos aprendido a defendernos, en el que hemos aprendido que la lucha legal es apenas un acompañante-subordinado a la lucha política.
Con las recientes conquistas de la agrupación, se abre una nueva etapa de lucha por derechos laborales y surgen nuevos desafíos, el objetivo es hacer más fácil la existencia de las personas trabajadoras, empleo estable para todas y todos, salarios dignos y reducción de la jornada de trabajo al mínimo posible, ganar tiempo libre para ejercer nuestro derecho a una vida que valga la pena ser vivida; si no oponemos resistencia a la patronal, mantendrá su impulso de regresar la rueca de la historia en materia laboral a los siglos XVIII o XIX, seguirá manteniendo salarios de miseria con jornadas de trabajo extendidas.