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Red Internacional
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ESTADO ESPAÑOL. La pobreza y la precariedad aumentan entre las mujeres y la juventud

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el Estado español la pobreza y la carestía de la vida afectan especialmente a las mujeres y a la juventud.

Juan Carlos Arias

Juan Carlos Arias @as_juancarlos

Jueves 16 de noviembre de 2017

En el Estado español un 13,1% de sus trabajadores viven en hogares que se encuentran en el umbral de la pobreza. Es decir, son hogares que no alcanzan el 60% de los ingresos medios. Para hacernos una idea de la relevancia de este dato como indicativo de profunda pobreza hay que indicar que en la UE solo están en peor situación Grecia y Rumanía, con un 14,1% y un 18,9%, respectivamente. Es decir, no estamos muy lejos de Grecia, solo a un punto, de un país que ha sufrido una caída del PIB durante la crisis económica superior al 20% y con tres rescates financieros europeos a sus espaldas, una especie de tsunami económico.

El Estado español sin llegar a caer tanto su Producto Interior Bruto (PIB) durante la crisis, aproximadamente ha llegado a bajar un 10%, y habiendo incluso superado ya levemente el PIB de antes de la crisis, según las cifras oficiales, sin embargo, ocupa, como hemos visto la antepenúltima plaza en esta desoladora clasificación de niveles de cercanía a la pobreza según la EPA. Por delante se encuentra Italia que se queda a dos puntos, tiene un 11,5% de la población en esta situación. Portugal, país también muy azotado por la crisis y que tuvo que ser rescatado, se encuentra a continuación y ya a 2,2 puntos del Estado español, tiene un 10,9% de su población en esa posición de riesgo. La media de la UE está en el 9,5%.

Sin embargo, estas cifras tienen un carácter general, se trata de medias, porque si buceamos un poco más en la estadística podemos comprobar que dentro del grupo de trabajadores y trabajadoras, son sobre todo las mujeres trabajadoras las que más sufren los contratos a tiempo parcial y las situaciones de pobreza derivados de ellos dado que este tipo de contrato, lo demuestra la estadística oficial, son una fuente de pobreza y degradación salarial, así alcanzan una tasa de umbral de la pobreza muy superior a la media señalada antes: el 24,3%.

Esto ha hecho que las ayudas sociales ya no se dirigen solamente a la población marginal al uso, sin trabajo y desestructurada socialmente, sino que afectan de manera directa a muchos sectores de trabajadores y trabajadoras que con el sueldo que tienen no consiguen alimentar con garantías de salud a sus hijos ni ofrecerles una vida con un mínimo de calidad y dignidad existencial. En este sentido, Cáritas ofrece cifras según las cuales hasta un 40% de las personas a las que están ayudando proceden de hogares en los que al menos un miembro tiene trabajo.

Las mujeres, como decíamos, están siendo globalmente de una manera muy importante las “paganinis” de la crisis. Los datos son demoledores para una sociedad avanzada que pese a que crece a cierto ritmo no lo vienen notando grandes grupos de población. Durante 2017 la economía española se prevé que crezca un 3,1% y viene haciéndolo por encima del 3% desde hace ya tres años. Pues bien, en este contexto en que las empresas están haciendo beneficios importantes y con coste cero para las inversiones, dado el interés de dinero que es prácticamente inexistente, más de 1,1 millones de mujeres empleadas ganan menos de 710 euros al mes, según datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la EPA. Los hombres afectados por esta franja salarial tan pírrica, son 400.000, es decir, menos de la mitad. La pobreza y la miseria tienen en gran medida nombre de mujer.

La pobreza o el alto riesgo de caer en ella, está afectando muy duramente a todas las trabajadoras y trabajadores que están sumidas en la precariedad, y que son cada vez más. Esto queda claramente visualizado si tenemos en cuenta que en el mes de junio pasado se superó el mayor número de contratos realizado en un mes, algo más de 2 millones de contratos. Siendo que antes uno de cada seis contratos tenía una duración igual o inferior a una semana, mientras que esto ahora sucede a uno de cada cuatro, es decir, al 25% de los contratos.

Así que el perfil de los pobres actuales está fundamentalmente compuesto por trabajadoras o trabajadores que tienen contratos precarios por un número escaso de meses, semanas o días, y que por lo tanto, no pueden ganar lo suficiente para vivir ni tampoco cotizar para lograr cobrar desempleo y no, hablemos de las posibilidades de llegar a cobrar una pensión digna de ese nombre cuando llegue el momento. Por lo tanto, con sueldos actuales y diferidos (pensiones, desempleo, etc.) que no dan para vivir en absoluto, lo que implica una doble marginación.

Entre los jóvenes también golpea muy durante la precariedad, así tenemos que el porcentaje de trabajadores pobres de 18 a 24 años ha pasado del 7% en 2007 al 21% en 2014, según el último informe sobre emancipación juvenil en España publicado el 2016 con los últimos datos disponibles que responden a 2014. Todo indica que la situación pueda ser peor ahora, en cualquier caso la caída implica un incremento de 14 puntos de la pobreza entre los jóvenes trabajadores para ese período de tiempo.

Otro dato interesante que ofrece la Encuesta de Población Activa, es que según la misma, en el año 2016 la mitad de los asalariados ganaban menos de 1.594 euros brutos al mes por término medio, lo que implicaba una bajada de dos euros con respecto a 2015. El 30% de los asalariados ganaban menos de 1.229 euros brutos, menos de 1.000 euros netos al mes, pero en el caso de las mujeres ese porcentaje subía al 40,3%, es decir, casi la mitad de la mujeres, mientras que los hombres afectados eran el 20,7%.

Si seguimos analizando datos que demuestran la enorme brecha salarial entre hombres y mujeres y, además cómo éstas se encuentran gravemente afectadas por situaciones de pobreza y marginación económica, nos encontramos, por ejemplo, con que son al menos 2,1 millones de mujeres, frente a 900.000 hombres, las mujeres que cobran menos de 1.002,8 euros brutos al mes, esto se ha conocido hace pocos días tras la divulgación de la EPA de 2016 por el INE.

La EPA arrojó, entre otros datos, que la tasa de temporalidad femenina fue del 26,4%, siete décimas más que la de los hombres. Pero en lo que respecta al tiempo parcial el índice se dispara al 70% de todos los empleados a tiempo parcial que resultaban ser mujeres. Esa situación de precariedad y temporalidad se traslada directamente al coste hora y, por lo tanto al salario, 9,1 euros de media cobran las trabajadoras temporales frente a los 12,8 de los trabajadores indefinidos. En el caso del tiempo parcial la diferencia es entre 8,9 euros frente a 12,2 euros.

A esto habría que añadirle algunos comentarios sobre la situación los parados y las prestaciones por desempleo por resultar altamente llamativos y que se relacionan directamente con situaciones de pobreza. Entre 2009 y 2013 el gasto para pagar a los parados llegó a superar los 30.000 millones anuales, ahora se están gastando tan solo 13.200 millones de euros. Esto generaba un déficit puesto que las recaudaciones para esas prestaciones no alcanzaban esa cantidad. Sin embargo, ese déficit ha sido cubierto desde 2016, por ser ese el año que acabó con un balance ligeramente positivo. En 2017 el superávit ha alcanzado los 1.500 millones de euros. Increíble que con tasas de desempleo todavía de dos dígitos, situaciones de auténtica penuria social, y una tasa de cobertura del 55,1% de los parados, según la EPA solo cubre al 28% , no se destinen esos recursos a incrementar esa tasa de cobertura para hacerla llegar al 100% de los desempleados. En los primeros períodos de la crisis la tasa de cobertura alcanzaba al 75% de los parados. El desempleo de larga duración afecta al 50% de los parados, son desempleados que se han quedado en su mayoría sin ningún tipo de recurso por su situación de desempleo.

Lo cierto es que a pesar de la mejora financiera lograda ahora en las prestaciones por desempleo al tener superávit, ni siquiera se ha plantado por parte del gobierno del PP revertir el recorte a los derechos económicos por desempleo que se hizo al principio de la crisis, supuestamente por lo disparado del gasto entonces, consistente en reducir la prestación a los 6 meses pasando de cobrar del 60% de la base, como era antes, al 50%. Todo sigue como entonces, pero algo empeorado dado que se destinan menos recursos y se ofrece menos nivel de cobertura para los desempleados.

Sin embargo, ahora se están escuchando muchas voces de sectores capitalistas que están haciendo llamamientos, puramente cínicos, a la necesidad de incrementar los salarios y las rentas, en general, de la clase obrera y las clases populares. Hasta el gobierno de Rajoy lo viene haciendo. En realidad lo hacen porque les preocupa el bajo consumo que genera un crecimiento económico débil con respecto al crecimiento potencial. Hay una tendencia clara al estancamiento económico, y a sufrir un escaso índice de inflación cercana a la temible deflación, consecuencia de una demanda y una inversión que no terminan de hacer de locomotoras económicas con la suficiente fuerza. El crecimiento económico experimentado es, en realidad, en gran parte, el hijo de la enorme inyección de capital irradiada en la economía por los bancos centrales.

Pero, lo cierto es que no se toma una sola medida efectiva de incremento real de las rentas de los trabajadores, más bien al contrario éstas disminuyen año tras año con respecto a las del capital y, además, el gobierno de Rajoy cuenta con la inestimable colaboración de las burocracias sindicales de CC.OO y UGT para frenar el posible descontento ante la continuada deflación salarial. Esto aunque los sindicatos de vez en cuándo hablen de la necesidad de mayores incrementos salariales cuando han pactado con la patronal todos los acuerdos de contención puestos sobre la mesa durante la crisis y continúan básicamente por esa senda. Nada de esas intenciones de incrementar los salarios, van más allá de declaraciones formales y deseos expresados por unos y otros, pero sin ninguna medida política desde el gobierno del PP ni medidas de fuerza por parte sindical que pudieran permita incrementar realmente las rentas de los trabajadores.

La única vía realista para lograrlo sería la lucha de los propios trabajadores auto-organizados y movilizados de manera unitaria y obligando, o más bien desbordando, a las burocracias sindicales y sumando también a la “izquierda sindical” con el fin de elaborar un calendario de movilizaciones, para actuar sobre la base de la decisión de asambleas de trabajadores en lucha contra la precariedad laboral y la deflación salarial. Incluyendo como objetivos esenciales la reducción de la jornada laboral sin recortes salariales, la eliminación de las brechas salariales entre mujeres, jóvenes y trabajadores que solo dividen y segmentan a la clase obrera, la derogación de las reformas laborales de PSOE y PP, la reducción de la edad de jubilación etc., lo que podría cambiar la relación de fuerzas para lograr realmente el objetivo del incremento de los salarios y las rentas de la clase trabajadora y las clases populares de una manera potente y eficaz.


Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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