Luego de negociaciones entre los socios de la Coalición, el gobierno finalmente presentó al parlamento su proyecto de reforma jubilatoria. Más allá de pequeños cambios en relación al anteproyecto que diseño la “Comisión de Expertos” se trata de una propuesta que nos quiere hacer trabajar más años para cobrar menores jubilaciones y está hecha para beneficio de las AFAPs
Sábado 26 de noviembre de 2022
A fines de octubre el Poder Ejecutivo envió al Parlamento su proyecto de reforma de la seguridad social. Más allá de algunos cambios y retoques, en lo fundamental continúa la línea del anteproyecto presentado por el gobierno hace algunos meses siguiendo las recomendaciones de la “Comisión de expertos” creada por la Ley de Urgente Consideración (LUC), que trabajó desde fines de 2020 encabezada por Rodolfo Saldain.
Como no podía ser de otra manera el proyecto de Lacalle y compañía está hecho a la medida de los empresarios y siguiendo las recomendaciones del FMI y los organismos internacionales de crédito.
Entre sus propuestas principales se destacan:
Actualmente el sistema mixto con Afaps de 1996 es voluntario para el 80/85 % de las personas, pero con la reforma se tornará obligatorio y los aportes personales irán a una cuenta individual administrada por sociedades anónimas. Es decir que se le da mayor participación a las AFAPS ampliándose el negocio empresarial de la capitalización individual a toda la población, extendiéndose a todas las cajas (las que habían quedado excluidas en la reforma del 96) y cualquiera sea el salario de las personas. A su vez se incluyen todos los nuevos trabajadores/as luego de 6 meses de vigencia de la ley, al tiempo que se derogan las posibilidades de desafiliación de Afaps.
No podemos olvidar que las ganancias de las AFAPs, producto de las comisiones que cobran a los afiliados, son de las más altas en América Latina y alcanzaron solo el año pasado los 12 millones de dólares.
Supuestamente hay algunos rubros que quedan por fuera de este aumento en la edad, pero las condiciones que se exigen lo hacen imposible para la mayoría; por ejemplo en la construcción se exigen 20 años en dicha actividad, y 8 de los últimos 10 también en la misma; cuando hoy alrededor del 70% de los trabajadores de la construcción son zafrales.
Las rebajas serán más grandes para los trabajadores que ganan entre 50.000 y 70.000 pesos. Por ejemplo, un trabajador con un sueldo promedio de 60.000 pesos cobrará un 38% menos en 2050, en comparación con el régimen vigente, por el cual tendría una jubilación de 45.666 pesos. Con reforma, en cambio, percibiría una de 28.411 pesos.
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El derecho a una vejez digna
Frente a este régimen político que quiere que trabajemos más años y luego nos condena a jubilaciones miserables, los trabajadores tenemos que luchar por imponer una salida que beneficie a las grandes mayorías.
El régimen actual, y que el gobierno quiere profundizar aún más, se sostiene en base a los aportes de las y los trabajadores mientras los aportes empresarios están reducidos al mínimo. Con la reforma del 96 la jubilación se transformó en una mercancía en manos del capital financiero (las AFAPs) que busca solamente el lucro y maximizar sus ganancias y hoy el gobierno pretende extender este negocio a todos los subsistemas.
Desde que empezó a hablarse de la reforma de la seguridad social desde La Izquierda Diario venimos señalando que en todo caso es este modelo empresarial es el que hay que reformar, para que aquellas y aquellos que han trabajado toda una vida (cobrando también sueldos bajos) accedan una vejez digna. La jubilación es un derecho que las y los trabajadores nos ganamos luego de décadas de explotación en nuestros trabajos. Para financiar la reforma de la seguridad social hay que aumentar los aportes patronales (que en algunos sectores como los rurales es de menos del 2%) terminar con los subsidios, exoneraciones y zonas francas, todas medidas de “promoción de inversiones” (como las que usufructúa la multinacional UPM) que lo que hacen es darle todo tipo de ventajas a los empresarios a costa de sacarle derecho a los trabajadores. Además de terminar con las jubilaciones de privilegio, en especial de la casta militar.
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Para enfrentar seriamente esta reforma que quiere imponer la derecha no alcanzan con paros parciales o aislados; es responsabilidad del PIT-CNT convocar a un verdadero plan de lucha, que apele a la movilización popular masiva para derrotar el proyecto de Lacalle y sus socios.
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