Desde que en los 1990’s las Fuerzas Armadas de los EEUU acuñaron el concepto de “misiones distintas a la guerra”, no sólo las grandes potencias han replicado ésta política para encubrir “Intervenciones de Paz” apoyados en resoluciones de la ONU, sino que variedad de FFAA la han usado para intentar lavar su imagen ante la sociedad civil y para intervenir en escenarios de “desastres naturales”, ante la evidencia de la pérdida de “orden interno” y la “cohesión social”, con posibilidades abiertas de Revueltas populares y la aparición de organismos de auto organización de las masas. Nos centraremos en las últimas actuaciones de las FFAA de Chile en este plano demostrando que de ayuda, nada; de represión, todo.

Planes Estratégicos y Bases Doctrinarias

El Pueblo y las FFAA de Chile han estado en la calle y se han visto las caras como nunca lo habían hecho desde la dictadura. Pero éstas últimas tenían un plan ya en desarrollo para acercarse a la sociedad civil, una estrategia de intervención y toda una justificación teórica detrás. Su intención declarada es preparase mejor para la guerra y ser más valorados por la sociedad. Nosotros decimos que, tanto en la guerra como en la paz, no hacen otra cosa sino ser represores serviles de los empresarios, que los alimentan y equipan gracias a los recursos que produce la clase trabajadora.

Desde que Pinochet firmó el “Plan Alcázar” a inicios de los 90’, luego complementados con el “Plan Ballesta” y el “Plan Omega”, el Ejército de Chile dejó de ser una fuerza territorial (regimientos o bases de distintas armas, desplegadas por separado en distintos puntos) para pasar a ser una fuerza basada en sistemas operativos integrales, polivalentes y de rápido despliegue, con una enorme renovación de su material, durante los períodos presidenciales de la ex Concertación, en base a los multimillonarios recursos de la Ley Reservada del Cobre.

En el Gobierno de Eduardo Frei (DC), en 1997, el Estado de Chile declaró que su estrategia era “defensiva y disuasiva”. Es decir, no tenía intenciones de atacar otros países, pero la magnitud de su fuerza debía servir para convencer de que el costo de cualquier acción en su contra sería más alto que los beneficios. En 1999, además, promulgó la “Política del Estado de Chile para Misiones de Paz” que incorpora las “operaciones de imposición de paz” y establece las condiciones para desplegar recursos en otros países, como así mismo autorizar la entrada de fuerzas extranjeras al país.

Se modificaron entonces los conceptos de “defensa” y “seguridad”. La primera seguía siendo tarea exclusiva de las FFAA, pero la segunda “se transformó en un asunto más complejo, que debía abarcar problemáticas que no son de orden estrictamente militar y representan un riesgo para la estabilidad de las naciones.” [1] La OEA, el año 2003, incorporó la categoría “multidimensional” en el tema: “las amenazas que aborda el concepto de seguridad multidimensional, implica una amplia variedad de problemáticas, tales como, crimen organizado, trata de personas, ataques a la seguridad cibernética y desastres naturales.” Ésto llevó no sólo a poner de relieve la cooperación internacional y los Altos Mandos combinados, sino a integrar éstos aspectos en la estrategia de las FFAA. Puede verse, con sólo leer los titulares de las diversas “dimensiones”, que muchos de esos temas implican los derechos democráticos elementales y los DDHH. Las FFAA los ubicaban dentro del alcance de su radar.

El “Plan Azimut 2026”, esto es, su plan de desarrollo estratégico (2015-2026) planteó que su objetivo es crear un “Ejército funcional, operacional y sostenible, plenamente integrado a la sociedad y valorado por ésta”. Planteó tres Áreas de Acción Estratégica: “Defensa”, “Seguridad y Cooperación Internacional” y “Ejercito y Sociedad”.

La cooperación internacional implica la política exterior y la supuesta intención de “mantener la paz y la seguridad internacional”, y tiene dos variantes: una en relación a los acuerdos internacionales con alianzas u organismos como la ONU, y la otra, “destinada a preparar la fuerza desde tiempo de paz en el propio país”. Más específicamente, “La participación permanente en operaciones internacionales contribuye, a su vez, a la disuasión, a la estatura estratégica del país y al perfeccionamiento y entrenamiento profesional del personal militar. Requiere, además, desarrollar nuevas capacidades de combate, así como de polivalencia e interoperatividad, conjunta y combinada, de la fuerza terrestre.” O sea, las intervenciones de paz en el extranjero son concebidas como una preparación para la guerra.

La tercer área, “Ejército y Sociedad”, tendría como objetivo ir “en beneficio de la sociedad para contribuir a su desarrollo sostenible, sobre la base de dos pilares: las Operaciones Distintas a la Guerra, es decir, cuando actúa por mandato a consecuencia de desastres naturales o provocados por el hombre, y la Responsabilidad Social Institucional que busca el involucramiento con las comunidades de las que forma parte la institución, a través de diversas acciones.” [2]

Éstas operaciones vienen a incorporar un elemento nuevo en la visión tradicional respecto de las FFAA, y han sido objeto de debate en el actual contexto de pandemia a través de diversas analogías con la guerra (en vista del uso de esa palabra por parte de diversos mandatarios, desde Trump a Piñera), puesto que no se basan en lo que Clausewtiz llamó “el duelo”, esto es, “la animosidad recíproca” entre enemigos. Por el contrario, en teoría, “son aquellas que realizan las fuerzas militares sin la presencia de un enemigo convencional perteneciente a las Fuerzas Armadas de otro Estado” [3], o incluso sin la presencia alguna de un enemigo.

A su vez, son un intento de reactualizar un viejo mito castrense, análogo a la visión liberal del Estado moderno, el cual consiste en la autoimpuesta y falsa misión de “proteger a la población civil”.

Sin embargo, es claro que esas misiones responden a un contexto donde el orden imperante ha sido puesto en cuestión, el Estado ha perdido capacidades o facultades, o está en riesgo la cohesión social misma. Esto queda planteado claramente en su lineamiento: “De acuerdo a lo establecido en el “Manual de Operaciones Militares Distintas a la Guerra en Territorio Nacional”, el Ejército apoya a la población del país y cumple, básicamente, las siguientes actividades: habilitación de albergues; búsqueda y rescate de personas aisladas; distribución de ayuda humanitaria; trabajo de ingenieros (despeje de vías, remoción de escombros, habilitación de puentes, purificación de agua, etc.); distribución de alimentos; control del orden y la seguridad interior; planificación y conducción en la zona de estado de emergencia o catástrofe, cuando expresamente lo ordene la autoridad política; transporte; evacuaciones aeromédicas); atención y/o apoyo sanitario; y coordinación y apoyo a agencias estatales de control de emergencias.”

Como si la gente no supiera leer o no prestara atención a los hechos históricos que le impactan, entre la distribución de alimentos y las evacuaciones aeromédicas se encuentra, nada más y nada menos, que el “control del orden y la seguridad interior”. El pueblo de Chile ya sabe lo que eso significa, y ante la vista de militares arrastrando nuestros muertos por las calles, queda claro que el propósito de “Contar con un Ejército querido, respetado y valorado por la sociedad. Responder a la confianza que la sociedad deposita en el Ejército (…) Accionar en forma transparente, responsable y con respeto a las buenas prácticas, en sintonía con las demandas de la sociedad. Responder a las expectativas de la sociedad de contar con profesionales eficientes, creíbles, cercanos y apreciados”, resulta todo un disparate, un insulto al pueblo y un absurdo histórico. Una “misión fallida” de un objetivo estratégico.

Pero una pandemia también había sido puesta bajo la mira. El Comandante en Jefe del Ejército durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, Humberto Oviedo, había planteado el 2015 que “se concuerda con Caldwell y Williams en el sentido que, también constituyen amenazas para la seguridad del Estado las pandemias, la escasez de alimentos, la degradación del medioambiente, los desastres naturales, el tráfico de drogas y armas, el crimen organizado, el cibercrimen, el terrorismo internacional, las migraciones y los estados fallidos, entre otras. [4] Oviedo dice que concuerda con que las migraciones, el terrorismo, el tráfico y las pandemias, todo incluido en una misma lista, son amenazas para el Estado. Virus, criminales e inmigrantes son todos peligrosos por igual. Por supuesto que la degradación del medio ambiente no ha sido objeto de la misma preocupación. [5]

Pero las FFAA estaban convencidas de éstos objetivos, y sobre esa base salieron en diversas “misiones distintas de la guerra” o en “misiones de imposición de la paz”

Haití y la “imposición de paz” (2004 – 2013)

Haití ha sido arrastrado a ser el país más pobre de Occidente. Pese a protagonizar en 1791 la primera Revolución negra en el mundo y convertirse en la primera República latinoamericana, desde un inicio no fue reconocida y en cambio sufrió la imposición del pago de una compensación a Francia, la invasión de los EEUU (1915 – 1934) y brutales dictaduras de la familia Duvalier (1957 – 1986), apoyadas por los EEUU en su lucha contra el Comunismo. Hacia los 1980’s una ola de protestas y huelgas, y una Rebelión popular en 1986, lograron derribar la dictadura. En 1990, las primeras elecciones libres pusieron como presidente al teólogo de la liberación Jean Bertrand Aristide, que fue derribado al año siguiente por un golpe de estado apoyado por Bush padre. Bill Clinton, sin embargo, lo reinstaló en 1994 con un paquete de medidas neoliberales del FMI como privatizaciones, cesión de tierras a transnacionales y zonas francas con salarios miserables, de la mano de 20.000 marines. En medio del descontento social por el efecto aún más empobrecedor de éstas medidas, en el segundo período de Aristide se produjeron agudas luchas y enfrentamientos armados entre bandas oficialistas y de la oposición, que se disputaron el control de las principales ciudades. Bush hijo apoyó un golpe de estado de derecha en Marzo del 2004. El presidente interino, Boniface Alexandre, solicitó oficialmente a la ONU el envío de una fuerza multinacional para sostener el Estado, que fue respondida inmediatamente por EEUU, Francia, Canadá y Chile (cuyo presidente era Ricardo Lagos, y su Ministra de Defensa Michelle Bachelet, ambos del PS) en la Fuerza Multinacional Interina para Haití (MIFH), y posteriormente, bajo resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, la Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH). En 72 horas, Chile había desplegado una Compañía Reforzada del Ejército, llegando a Puerto Príncipe el 3 de Marzo, un día después que Francia y Canadá.

La resolución de la ONU decía basarse en “un rápido deterioro de la situación humanitaria en el país y sus efectos desestabilizadores para la región”. En efecto, lo que estaba en juego era el desarrollo de una guerra civil a una hora y media de Miami.

Entre 2005 y 2006, el segundo Comandante de la Minustah fue el chileno Eduardo Aldunate (General de Ejército y boina negra), en la época de mayor violencia. Según su opinión, no habían guerrillas o terrorismo con un proyecto político, y vincula su financiamiento a las drogas, robos y secuestros, a la vez de ser simpatizantes de Aristide. Pero no puede evitar reconocer a “la miseria existente, la ausencia de trabajo y la ausencia del Estado, como razones que alentaban la acción de estos delincuentes.” [6] Llama la atención la relativización de los crímenes cometidos contra la población y responsabilizar a “la acción comunicacional y una comunidad internacional que entiende poco del problema de Haití, la cual presenta como víctimas a los delincuentes.” Éstos grupos armados eran llamados localmente “gangs”, compuestos por jóvenes cesantes de entre 14 y 30 años, que controlaban territorialmente las zonas marginales de las ciudades. Ya desde 1999 habían aparecido los “chiméres”, los “sin nada”.

Aldunate presenta una secuencia lógica que expresa, en su lenguaje, lo que en realidad sustentaba la intervención: “La prensa aportaba lo suyo y en algunas entrevistas realizadas a jefes de las gangs éstos señalaban que no eran delincuentes sino perseguidos injustamente por las tropas de la Minustah. Otros señalaban que el grado de miseria en que vivían era la justificación a su violencia (…) tomé nota que es con esta violencia, por las causas que se presenten, como se inician las rebeliones, algunas veces contra injusticias o por otras razones y eso nos sugería un trato prudente a esta situación. (…) (las mujeres) lucían inocentemente sentadas en la calle ofreciendo productos a la venta, pero algunos de esos niños y mujeres formaban parte de sus organizaciones. Eso ciertamente limitaba el uso de nuestras armas ya que ninguna misión resistiría una cantidad de niños y mujeres muertas por cascos azules. (…) este rechazo de la población a la Policía Nacional Haitiana y a las autoridades en general encontraba su justificación por su pasado de abusos, corrupción y crímenes. (…) (las elecciones generales del 2005) fue más bien fruto de la presión mediática ya que en cuanto a potencial de ciudadanos participantes en el proceso electoral las cifras eran mínimas.” Respecto de los fines políticos, Aldunate abunda en datos: “Muchas veces escuchaba a “especialistas” que señalaban que una vez elegido un nuevo Gobierno, Haití rápidamente se encaminaría al desarrollo, ya que existían algunas ventajas comparativas que serían aprovechadas por los inversionistas que estaban esperando contar con la seguridad adecuada en el país. Unos hablaban del potencial turístico del país, otros de la posibilidad de instalar fábricas para la maquila u otras formas de actividad, considerando la mano de obra barata y la cercanía con grandes países de la región”. El balance de Aldunate es que “La Minustah ha sido exitosa en lograr el cumplimiento de su tarea: dar seguridad y estabilidad (…) se han conseguido logros concretos, como evitar una guerra civil o la matanza indiscriminada de ciudadanos.” Queda claro que el objetivo era reprimir para lograr la paz de los negocios.

Lo cierto es que hoy no hay seguridad ni estabilidad alguna, y desde un inicio las tropas chilenas se vieron involucradas en crímenes. El 10 de Diciembre del 2004 tropas de Argentina, Brasil y Chile abrieron fuego contra una manifestación contra la visita del entonces Secretario de Estado de EEUU Colin Powell, dejando decenas de muertos, para luego ocupar Cité Soleil. Ésta operación se repetiría en Julio del 2005 y Diciembre del 2006. Ese año, un ataque desde helicópteros contra una manifestación dejó 30 muertos. En la ocupación de 2005, habían impedido la entrada de la Cruz Roja. La organización inglesa Save the Children denunció a la Minustah por sistemáticas violaciones sexuales, maltrato e incitación a la prostitución de niñas y niños. Recordemos que los países latinoamericanos que enviaron tropas tenían “gobiernos progresistas” tales como Bachelet, Lula da Silva, Cristina Fernández, Evo Morales o Mujica.

El terremoto del 12 de Enero del 2010 vino a aumentar la tragedia. Murieron al menos 200.000 personas, quedando 250.000 heridas y un millón sin sus casas, ya completamente precarias y hacinadas. Los EEUU enviaron a su Cuarta Flota y 16.000 efectivos más. En la planificación para la reconstrucción participó la ONU, pero también el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Barack Obama, mostrando su verdadera cara, planteó que un objetivo central era contener la oleada migratoria de haitianos, y amenazó con enviar a Guantánamo a todos los ilegales sorprendidos.

Un total de 12.000 efectivos chilenos, de todas las FFAA y de orden, se turnaron entre el 2004 y el 2013 en la Minustah, de los cuales más de 6.000 eran del Ejército y 4.000 de la Armada. Bachelet se había asegurado de que hubiesen mujeres, también. El recién pasado 20 de Diciembre del 2019, en plena Revuelta en Chile, The Washington Post y The New York Times publicaron un estudio donde, de 2.500 personas entrevistadas que viven en comunidades intervenidas por “operaciones de paz”, 265 relataron historias de niños engendrados por personal de la ONU. Los países con más personal involucrado son Uruguay, Brasil, “don’t know” y Chile. La categoría “no sabe” es señal indudable del uso de la fuerza, como ya aprendimos en Chile por experiencia propia. En el estudio se relatan casos de niñas de 11 años violadas y embarazadas, quedando en la miseria para criar solas. También, el pago de pequeñas cantidades de dinero por sexo, e incluso la transacción de comida, a niñas y mujeres. El Gobierno de Chile dijo no tener más antecedentes. Lo mismo había dicho sobre violaciones a los DDHH en el país a partir del 18 de Octubre, en la evidente situación donde las víctimas tendrían que denunciar a sus agresores ante ellos mismos y esperar que sean justos. Al menos 23 niñas y niños serían “petite minustah” de militares chilenos.

En total, en los 9 de años de operaciones con la Minustah el Estado de Chile gastó US$ 177 millones de dólares. Hoy, Haití continúa en crisis y no se ha resuelto ningún drama social. Los militares chilenos ganaron en experiencia: habían demostrado saber desplegarse rápido, abrir fuego contra el Pueblo y violar los DDHH.

Terremotos, incendios y aluviones

En Chile, desde de la transición pactada de 1990, por primera vez las FFAA fueron autorizadas para cumplir tareas de orden público a partir del terremoto del 27 de Febrero de 2010 (8,8°), por Decreto Supremo de Michelle Bachelet. Desde el mismo inicio, la catástrofe se transformó en un hecho político en disputa entre la saliente presidenta y el flamante nuevo presidente de la derecha, Sebastián Piñera, que sin esperar ningún cambio de mando inició conversaciones con el Comandante en Jefe Ricardo Izurieta.

En Concepción y Talcahuano, dos de los lugares más afectados por el terremoto y posterior tsunami, la misma noche del 27F comenzaron los saqueos, la explosión de ira debido a que Bachelet había afirmado que no había peligro de tsunami (cientos de personas abandonaron lugares seguros debido a esto, encontrando la muerte al regresar al nivel del mar), y una rápida y masiva organización debido a la enorme pérdida de casas (medio millón destruidas, millón y medio con daños). Esto causó pánico en el Gobierno, sobre todo porque en las primeras horas había incluso perdido la comunicación con regiones enteras del país y sus principales autoridades. Los primeros días apareció un fenómeno de verdadera “suspensión” del Estado en amplias zonas del país.

De inmediato comenzaron las contradicciones entre el poder civil y el militar. Bachelet acusó a la Fuerza Aérea de que se demoró en disponer de helicópteros, mientras que éstos replicaron que no recibieron ninguna instrucción. La ex presidenta también explicó que no declaró estado de excepción inmediatamente porque “un grupo de militares” le pidió no hacerlo. Tanto el Jefe del Estado Mayor Conjunto como el Comandante en Jefe del Ejército dijeron que ellos no fueron consultados. El entonces Intendente de la región, Jaime Tohá, había pedido sacar a los militares esa misma noche. El Jefe de Zona militar se opuso. Todas éstas controversias se dieron abiertamente, por la prensa, en una seguidilla de contradicciones entre los poderes civil y militar. Las FFAA no estaban obedeciendo a Bachelet, pero le responsabilizaron de todas las respuestas por haberlas dado tardíamente. Aún más, los militares insistieron con esa idea y es la versión que mantienen hasta el día de hoy. El general Guillermo Ramírez, jefe militar de la región del Biobío luego de decretado el Estado de Catástrofe, declaró en el 4° aniversario del desastre (2014) que “La estricta verdad es simple. Las Fuerzas Armadas sólo pueden emplearse en actividades de seguridad interior por un Decreto Supremo Presidencial que establezca el Estado de Excepción de Catástrofe, y aquello sólo ocurrió el domingo a las 13:00 horas (…) Los caprichos o gustillos personales o colectivos que dilaten el empleo de la fuerza militar ante tanto desamparo, postergación y miseria, como la que vivimos en esa ocasión, obran en detrimento directo de nuestra propia población, de nuestra gente.” [7]

Como sea, el debate de fondo consistía en la oportunidad y los plazos para sacar a los militares a la calle. Y, ¿qué hicieron los militares en la calle? El mismo general citado argumenta estaba en Santiago al momento del terremoto y al aterrizar en Concepción encontró que entre los "principales problemas" se encontraban "las acciones de pillaje, en que los delincuentes cooperaban a incrementar la sensación de pánico". En efecto, la pérdida de casas y recursos básicos, en un escenario donde todo el comercio fue abandonado y los supermercados y grandes casas comerciales se encontraban con sus muros derrumbados, se tradujo en varios días de saqueos masivos. Los primeros productos más buscados eran comida y agua, pero el entero régimen calificó el drama social como “delincuencia” porque aparecieron imágenes de personas llevándose televisores de plasma. Carabineros reprimió con carros lanza aguas y lanza gases.

Desde un inicio uno de los objetivos principales consistió en proteger la propiedad privada, en medio de un desastre social y humanitario. Los muertos se elevaban a 800 y habían cientos de desaparecidos.

En el Congreso, la derecha (y particularmente RN) impulsaron fuertemente la declaración de estado de catástrofe, que se hizo efectivo el día siguiente al terremoto. La primera noche hubo 55 detenidos. Bachelet se dirigió al país diciendo que policías y militares actuarían “con toda la severidad necesaria”. La noche del 10 de Marzo, en la localidad de Hualpén, una patrulla de 5 marinos asesinó a patadas, palos y culatazos a David Riquelme Ruiz (44), que había salido a comprar cigarrillos. Se convirtió en el primer asesinado en toque de queda posterior a la transición pactada. Sus autores no pasaron ni un día en la cárcel. Los primeros 13 días sumaban 1.600 detenidos, porque el toque de queda (que iniciaba a las 18:00) no fue respetado en lo absoluto.

En Santiago, los primeros días hubo saqueos en la zona norte, especialmente comunas industriales y populares como Quilicura. Este sólo hecho sirvió para una enorme campaña de los alcaldes derechistas, que pedían el estado de excepción y el toque de queda para la capital, alentando con ello a los propietarios a defender sus locales por su propia mano.

El multimillonario empresario y Legionario de Cristo Nicolás Ibáñez, que ya había causado escándalo por denuncias de violencia intrafamiliar y haber mandado a comprar todos los ejemplares del periódico La Segunda, que exponía su caso, se presentó en tenida de combate, de oficial naval, ante el local del Supermercado Líder en Concepción, en plena histeria empresarial ante los saqueos. Posteriormente su cadena D&S aparecería como una de las involucradas en el escándalo de colusión con otras cadenas, como Cencosud, que también haría escándalo por lucrar con la tragedia.

El 8 de Abril del 2011, el grupo de investigación CIPER publicó un artículo donde el holding mostraba su verdadero rostro empresarial: “Fueron 183 los camiones que introdujo al país Cencosud -empresa que preside Horst Paulmann- entre el 3 y el 30 de marzo de 2010, transportando agua, pañales, arroz, harina y fideos. Ingresaron por el Paso Los Libertadores inmediatamente después del terremoto y fueron declarados como “ayuda humanitaria”. Por esa razón, no pagaron impuestos de internación. Pero los productos no fueron entregados gratuitamente a los damnificados. Fueron vendidos a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) para su distribución, a pesar de que por estar caratulados como “ayuda humanitaria” no podían ser comercializados”. Dos gerentes fueron formalizados por contrabando y fraude al Fisco.

Lo cierto es que desde un inicio las decenas de miles de personas damnificadas, desplazadas, que buscaban familiares desaparecidos o que acudieron a prestar ayuda, se organizaron extraordinariamente en una verdadera pequeña civilización paralela al mundo oficial. Estadios, plazas o explanadas fueron usadas para levantar campamentos de miles de carpas e instalaciones provisorias, donde la gente pudo comenzar a reorganizar su vida. Éstos campamentos contaban con puntos sanitarios de la Cruz Roja, puntos de comunicación con acceso a internet, puntos de recolección de ayuda donde se almacenaban las cooperaciones y eran distribuidas directamente a los más afectados, en vista de la conexión directa entre el pueblo y la organización que se estaba dando. Se dieron la tarea de alimentar y vestir a la población, darles un techo provisorio, e incluso buscar fallecidos. Multitud de sindicatos, juntas de vecinos, clubes deportivos y culturales aportaron con su organización para fortalecer esta respuesta de la gente. Ni el Gobierno ni los militares lograron alcanzar en ningún momento ni una pequeña fracción de la magnitud de ayuda concreta y organización lograda por el pueblo ante el escenario directo de desastre.

Iquique, Valparaíso y Atacama

Los años 2014 y 2015 volverían a golpear al país con desastres históricos. Los militares fueron sacados a la calle nuevamente.

El terremoto más intenso mundialmente del 2014 (8,2°) ocurrió en la nortina ciudad de Iquique el 1 de Abril. Hubo un tsunami y alrededor de 10.000 casas sufrieron daños, un 10% irreparables. Resultaron 7 personas fallecidas, 200 heridas y 85.000 desplazadas. Instantáneamente no hubo más electricidad ni agua. Comenzó la escasez de alimentos. 300 presas de la Cárcel de mujeres de Iquique lograron escapar, lo cual fue usado por Bachelet para volver a decretar estado de excepción. El jefe de la Defensa Nacional para la Región de Tarapacá, general Arturo Merino Núñez, planteó que "a partir de anoche se concentró una mayor cantidad de patrullajes en el sector alto de la ciudad de Iquique y se aumentaron puntos estáticos de guardia para evitar el descontento que se estaba produciendo y desembocó en algunas barricadas en el sector (…) "Fuimos a censar y vimos varios problemas, por ejemplo necesitaban más agua y alimento. Nos dimos cuenta de que las carpas que habíamos mandado eran pocas, sobre todo en la población Las Dunas. Hasta allí llegamos con 400 carpas y alimentos para los vecinos" [8] Los militares se apostaron en las gasolineras, pese a que ENAP informó que no hubo interrupción del suministro. La grandes mineras autorizaron a los trabajadores a volver a sus hogares, pero a las pocas horas declararon estar listas para reiniciar las operaciones. En el puerto, el espigón de la EPI se quebró por la mitad, demorando años en ser reparado, mientras los trabajadores portuarios agrupados en la Fetrapi aguantaron la drástica merma de ingresos por puro convencimiento de que el hambre no podía desorganizarlos.

11 días después, la tarde del 12 de Abril del 2014, comenzó en el sector alto de la ciudad de Valparaíso un incendio forestal que transitó hacia incendio urbano y fue bajando por quebradas y poblaciones, llegando a abarcar al menos 7 cerros. En pocas horas el fuego estaba fuera de control y se expandió a merced del viento por tres días. 15 personas fallecieron, 500 resultaron heridas, destruyéndose 3.000 casas y quedando 12.500 personas damnificadas. Una enorme columna de humo se acostó en medio de la ciudad. Era el peor incendio urbano en la historia del país. Un 90% de las casas habían construidas por la propia gente en terrenos tomados, sin la más mínima preocupación de ningún Gobierno por garantizar accesos expeditos a los servicios de emergencia, por mantener grifos funcionando o por limpiar y desmalezar las quebradas. El alcalde derechista Jorge Castro no se pudo aguantar la arrogancia patronal y preguntó a los pobladores “¿los mandé yo a vivir aquí?”. Le había dejado el camino libre para el próximo período municipal al frenteamplista Jorge Sharp.

Instantáneamente la juventud de la ciudad se volcó a los cerros, combatiendo codo a codo el fuego junto a los bomberos y pobladores. Durante todo el fin de semana, interminables filas de personas voluntarias podían apreciarse a lo largo de los cerros, desplazando enseres, llevando agua, organizando rescates, llevando ayuda. Aunque nunca hubo un reconocimiento oficial ni una cuenta exacta, se estima que al menos 20.000 personas, la inmensa mayoría jóvenes, subieron a los cerros por sus propios medios y aportaron a evitar una catástrofe aún mayor, exponiendo sus propias vidas en medio de quebradas coronadas por las llamas. Una vez apagado el fuego, removieron miles de toneladas de escombros. Una vez removidos los escombros, ayudaron a levantar miles de casas nuevas.

Bachelet nuevamente decretó estado de excepción constitucional, y los miltares se desplegaron por los cerros. Atónitos y sin poder creerlo, la población y voluntarios que trabajaban en la emergencia constataron que los efectivos se dedicaban a estar parados en las esquinas sin hacer nada. Los centros de acopio oficiales eran un verdadero ejemplo de inutilidad organizada. Los militares hacían encuestas, las centralizaban, esperaban y organizaban la llegada de recursos, decidían dónde podrían ser más útiles, y desplegaban los recursos en función de cumplir una serie de requisitos. Eso demoraba días, mientras los recursos se amontonaban y la gente no recibía ayuda oficial alguna.

La organización de la gente voluntaria, en cambio, era verdaderamente eficaz y eficiente. Sobre la base de las juntas de vecinos, sabía exactamente dónde era más necesaria la ayuda y tenía conexión real, inmediata y basada en la confianza con todos los vecinos, por más alejado o aislado que viviera. Las organizaciones voluntarias, desde la barra del equipo local Wanderers al Sindicato de Estibadores, pasando por infinidad de clubes sociales y estudiantiles, eran canalizadas de esa manera en los lugares más necesarios en el momento, para optimizar las fuerzas y recursos. En tres días ya había comenzado la reconstrucción y los voluntarios habían pasado por tareas de incendio, remoción de escombros y construcción. El Gobierno levantó una enorme e infame campaña, que durante al menos dos semanas se dedicó a repetir que ya no eran necesarios más voluntarios. Comenzó a impedir el acceso a los lugares. Empezó a centralizar los aportes, en competencia directa con las juntas de vecinos. Se hizo cargo de la situación post emergencia, y años después aún se encontraban infinidad de familias sin casa.

Un año después, entre el 24 y 25 de Marzo del 2015, un temporal de lluvia azotó las desérticas regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. La ciudad de Chañaral fue golpeada por un aluvión. Copiapó fue inundado por el Río. En los sectores altos de Antofagasta, como La Chimba, la población se resistió a ser evacuadas. El 25 de Marzo, Bachelet vuelve a decretar estado de excepción, para todas las regiones afectadas. El 26, en Chañaral, se registraron saqueos y la Armada desplegó a los infantes de marina. Los comerciantes iniciaron el acaparamiento y la especulación. Las piscinas decantadoras, embalses o contenciones de los ríos colapsaron por todas partes. El sistema sanitario, hospitalario y de recursos básicos como agua simplemente quedaron fuera de funcionamiento. De los 28 fallecidos y 58 desaparecidos, el mérito en su búsqueda y rescate recayó en los Bomberos y en diversos grupos de rescatistas voluntarios, venidos de todo el país e incluso del extranjero. Los militares sólo mostraron servir para contener los saqueos por hambre y garantizar el toque de queda, decretado entre las 23:00 y las 06:00, pese al despliegue de barcazas de desembarco y su enorme capacidad.

La Revuelta y la pandemia

La Revuelta iniciada el 18 de Octubre del 2019 encontró a las FFAA habiendo ejercitado el despliegue rápido y la familiaridad con las calles de las ciudades. Su presencia armada fue recibida por cantidades históricas de masas de población, que se plantaron por cientos de miles frente a frente a los militares apuntándoles. La disuasión no funcionó, en un evento histórico que exponía a las masas a la eventualidad de una masacre, sin conocer el tipo de munición empleado pero convencidos de que nadie aceptaría un nuevo régimen militar. El toque de queda decretado a partir del día siguiente fue una nueva demostración de odio profundo y total descrédito del Gobierno, que por supuesto no fue respetado. Inició la disputa por control de la calle por parte del Pueblo y las FFAA. En una semana de asesinatos, violaciones, torturas, desapariciones y golpizas, la moral y el ánimo de la población chilena mostraba una disposición total a la lucha y a no permitir que las FFAA se impusieran. En una semana, Piñera tuvo que devolver a las FFAA a sus cuarteles y declarar al país que “había cambiado” y se había dado cuenta de las cosas. Las FFAA sufrían un triple golpe moral, su misión era fallida por donde se le mirase, y su imagen se desplomó a nivel mundial, echando a la basura 20 años de intentos de lavarse las manos.

Pero la situación prerevolucionaria abierta sería golpeada por una catástrofe histórica mundial, la pandemia del Covid-19.

Al cerrar la presente edición de Ideas de izquierda, más de dos millones y medio de personas habían sido contagiadas a nivel mundial, y se contaban alrededor de 180.000 fallecidos. Una magnitud similar a la cantidad de muertos en los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. La economía mundial se paralizó, la potencias petroleras comenzaron a pagar por deshacerse de barriles, y se evidenció el completo colapso de todos los sistemas hospitalarios del mundo debido a las políticas privatizadoras y políticas laborales que precarizaron a los trabajadores de la salud. El mundo asistía conmocionado a la aparición de fosas comunes masivas, la decisión de dejar morir a ancianos, o montones de cuerpos apilados por doquier.

El 18 de marzo el gobierno de Piñera decretó estado de excepción para todo el país, y al menos 30.000 efectivos se desplegaron.

A nivel latinoamericano, “Acciones como, asistencia de transporte de vacunas, aeroevacuación médica de enfermos, control de movimiento de personas durante toques de queda y en ciudades con cuarentena, soporte para abastecimiento de agua potable en zonas rurales y de difícil acceso y apoyo tecnológico para el control migratorio en las fronteras terrestres, han pasado a constituir parte de las tareas permanentes que están desarrollando las FF.AA., de los países de la región, en el combate diario contra la propagación del Covid-19 en sus respectivos territorios”. [9]

En Chile, el estado de excepción estaría “orientado a prevenir la propagación del coronavirus y proteger a la población, las FF.AA. se encuentran velando por el orden público para precaver el daño o peligro para la seguridad nacional en cada una de las regiones del país y en aislados territorios marítimos, como isla de Pascua-Rapa Nui e isla Navarino, en el canal Beagle. El objetivo de esta medida, según ha explicado el primer mandatario, consiste en dar mayor seguridad a los hospitales y todos los sitios de atención de salud; proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos; facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico y la evacuación de personas; resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social; garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población y proteger y resguardar las fronteras de la patria”.

Esto es claro. Las FFAA están en la calle por funciones de seguridad. No les interesa el combate a la pandemia, sino mantener intacto el aparato productivo y garantizar el cumplimiento de medidas como el toque de queda, que no tienen ningún sentido sanitario pero es un verdadero castigo a la población y su salud mental a través de una reclusión nocturna. En perspectiva, la ira y el odio que las medidas de Piñera y Mañalich causan en la población, en un contexto donde no se cumplió ninguna demanda de Octubre y el Gobierno se dedica a emitir leyes que garantizan los despidos impunes y la represión a cualquier resistencia, podrían volver a estallar en cualquier momento, ya sea por el colapso del sistema sanitario al que nos arrastra Mañalich, o por la eventualidad de hambre masiva, ocasionada por la cesantía. Los militares, que pretenden caminar tranquilos por la calle, volverán a encontrarse frente a frente con el pueblo. Está por ver lo que podría pasar.

En conclusión, podemos afirmar que el despliegue de las FFAA no ha sido de ayuda significativa en ninguna catástrofe, y el común denominador de sus intervenciones ha sido contener la respuesta espontánea de la población y proteger la propiedad privada. Más en general, ser instrumento directo del Estado en escenarios dónde éste ha perdido parte de sus capacidades o facultades, ya no tiene el control del orden público o está directamente implicada la cohesión social, con posibilidades abiertas de Revueltas populares y la aparición de organismos de auto organización de las masas. Siguen siendo, casi 200 años después que lo dijeran Marx y Engels, nada más que un grupo especial de hombres armados al servicio de la burguesía.