Las recientes medidas del gobierno de López Obrador despertaron polémicas y discusiones. Aquí discutimos sus causas políticas y las implicaciones económicas y sociales de los proyectos como el Corredor Transoceánico, a la luz de los procesos de acumulación capitalista y de la llamada relocalización o “nearshoring”.

El viernes 19 de mayo, varios tramos del ferrocarril Ferrosur en Veracruz, hasta ese momento en manos de Grupo México, fueron ocupados por militares. El decreto gubernamental le dio a una empresa estatal recientemente creada —el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, bajo control operacional de la Marina— las vías a ser utilizadas en el Corredor Interoceanico del Istmo de Tehuantepec. La noticia sacudió la escena política nacional y levantó airadas reacciones.

A las protestas de Germán Larrea, director de Grupo México, se sumaron en los días siguientes los reclamos de varios de los grupos empresariales que concentran a parte importante de la gran burguesía mexicana. El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) amenazó con que las próximas inversiones (y que este grupo patronal estimó en 30 mil millones de dólares sólo en 2023) podrían peligrar por la incertidumbre que causaría el accionar gubernamental. También Canacintra y el Consejo de Empresas Globales en México (CEEG) alertaron a la opinión pública que la imagen del país peligra, por la decisión gubernamental de utilizar el mecanismo de las “expropiaciones”.

El periódico imperialista Wall Street Journal (WSJ) afirmó que el gobierno mexicano “ignora la ley para expropiar bienes cuando conviene a sus intereses políticos”, utilizando para ello a los militares. Referentes de la oposición derechista también criticaron la medida —como fue el caso del líder del PAN, Marko Cortés— y recordaron la promesa presidencial de no expropiar. No faltaron tampoco los periodistas reaccionarios que, como Ricardo Alemán, difundieron videos comparando a AMLO con Hugo Chavez, el ex presidente venezolano, y alertando sobre “el peligro del populismo”. De parte del gobierno se presentó la acción como una recuperacion de bienes públicos. AMLO aseguró que lo sucedido en Ferrosur no se trataba de una expropiación. Finalmente, después de una semana de negociaciones, el gobierno concedió a cambio la ampliación de otras concesiones dadas previamente al Grupo México que estaban cercanas a su vencimiento, y Larrea decidió no llevar el caso a los tribunales.

Aún así, la medida de AMLO empujó la polarización política en el país que, del otro lado, fue también fomentada por la oposición conservadora, y tensó el diálogo con sectores de la burguesía más concentrada, con los que el gobierno venía en buenos términos o cuando menos sin encontronazos mediáticos significativos, en gran medida porque aquellos se beneficiaron económicamente durante y después de la pandemia.

La agenda política de AMLO y un proyecto para ampliar la acumulación capitalista

El gobierno de la llamada Cuarta Transformación realizó otras acciones similares a la que ejerció en el caso de Ferrosur. En una de sus conferencias mañaneras, el presidente mencionó “500 expropiaciones […] la mayoría de las veces, concertadas con el supuesto afectado, porque de esa manera se agiliza el trámite y se le paga lo que establece el avalúo cuando se va a hacer una obra”. Seguramente, muchos se formularán la pregunta de si estamos ante un giro nacionalista que ataca a los grandes grupos económicos y que busca una independencia real respecto a los Estados Unidos. Es sumamente válido, ante ello, preguntarse cuál es la causa de la política gubernamental, sus objetivos y sus consecuencias.

Dentro del número que proporcionó López Obrador, en lo que va del 2023 hubo, cuando menos, 14 decretos expropiatorios, en su mayoría vinculados a los principales proyectos de infraestructura del gobierno federal, como el ya mencionado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya o el Tren Suburbano hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Asimismo, distintas acciones se vincularon a otros sectores estratégicos, como fue la adquisición de plantas electricas al grupo Iberdrola. La cual, aunque fue presentada como una nacionalización, se realizó a través de una empresa mixta e implicó llegar a un acuerdo con la trasnacional de origen español. También podemos mencionar las acciones respecto a la explotación del litio, donde fue presentado como una nacionalización y un acto de soberania nacional, aunque no supuso una cancelación de las concesiones ya otorgadas y su explotación involucra la participación privada.

Según detalla un periódico de circulación nacional, “por mencionar algunos ejemplos, el 2 de febrero de 2023 se expropió un terreno de la comunidad Santa María Mixtequilla en el municipio de Santa María Mixtequilla, en el estado de Oaxaca, con el objetivo de favorecer el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Asimismo, el 23 de febrero de 2023 se decidió expropiar por causa de utilidad pública, un terreno de 549 mil 55 metros cuadrados a favor de la Federación para la ejecución del tramo seis del proyecto Tren Maya, correspondiente a 23 inmuebles de propiedad privada, en los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, en el estado de Quintana Roo. Apenas este lunes, también se decidió expropiar por causa de utilidad pública la superficie que se indica a favor de la Federación, para llevar a cabo la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del Tren Suburbano, correspondiente a terrenos de propiedad privada ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, en el Estado de México”. [1]

El gobierno presentó también la ley en materia de reformas administrativas y de concesiones, la cual generó a su vez una oleada de críticas, y que allana el camino para que el Estado pueda iniciar obras públicas sin esperar a dictámenes ambientales y de uso de suelo, limita las indemnizaciones y da mayores libertades para concluir concesiones; aunque a la par facilita la participación de empresas internacionales en licitaciones públicas y habilita pagos de anticipos mayores al 50%.

Existe una relación evidente entre el impulso de estas medidas e iniciativas, y la aceleración de la construcción de los proyectos que son verdaderos buques insignias de la 4T, los cuales han sido presentados, en particular el Corredor Interoceanico y el Tren Maya, como una vía para apuntalar el desarrollo en el sur del país. Bajo los tiempos políticos del gobierno y sus urgencias, éste busca avanzar lo más posible, y si es posible finalizarlos, antes de las próximas elecciones presidenciales.

El motor de ello es tanto para afianzar la popularidad del gobierno y que la hegemonía aùn preservada se exprese electoralmente en el 2024 — aprovechándose a su vez de la debilidad orgánica de la oposición y de su propia fortaleza—, como también concretar, antes de la sucesión, el conjunto de su agenda política.

En relación a esto, el periodista y analista político Jorge Zepeda Patterson afirmaba que AMLO buscaba avanzar en sus pendientes, porque daba por descontado que quien lo suceda no tendría la misma fuerza que él para “profundizar la 4T”. En una analogía que entrecruza política y guerra, afirmaba:

(AMLO) prefiere librar las principales batallas ahora que compite en terreno elevado y dejar a su relevo en las mejores condiciones posibles. Él tiene la popularidad y el control político necesarios para atreverse a impulsar cambios polémicos (y en ocasiones ni siquiera él los ha logrado), pero entiende que el sucesor no estará en el mismo caso. [2]

A la par que estas urgencias, es parte del posicionamiento político característico de AMLO en lo que va del sexenio y que es uno de sus rasgos considerados “progresistas”, el buscar el fortalecimiento relativo de la presencia estatal en las áreas mencionadas (infraestructura, sector energético y extractivo, entre otros). Esto suele ir acompañado de un discurso más “soberanista”, el cual pretende distinguir al gobierno del proyecto político y económico de la oposición conservadora y sus administraciones previas. Esto ha contado con otro rasgo distintivo: el incremento del poder político y económico de las fuerzas armadas. A su centralidad en las funciones de seguridad, con la militarización del país, en el control de puertos y aduanas y la construcción de hospitales, por mencionar algunos ejemplos, se suma ahora su rol en el nuevo aeropuerto, en el Tren Maya y en el corredor transoceánico.

Sin embargo, el fortalecimiento de la presencia estatal no puede verse disociado de cual es relación que se establece con el capital privado y en particular de los beneficios que estos proyectos acarrearán para la inversión y las ganancias capitalistas. Tanto en el caso del Tren Maya y el desarrollo del turismo, como en el Corredor del Istmo, que, según el propio gobierno, vino a reemplazar las “Zonas Económicas Especiales” planificadas durante los sexenios anteriores.

Al calor de un nuevo auge de la relocalización o “nearshoring”, potenciada por las disputas comerciales entre Estados Unidos —principal socio económico de México— y China, el Corredor abrirá multimillonarias “oportunidades” en términos de transporte de mercancias, rutas comerciales y construcción de nuevos parques industriales, dos de los cuales estarían en zonas portuarias de Veracruz y Oaxaca, sobre el golfo de México y el Oceáno Pacífico.

A tal punto que Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, planteó que “Esta franja de desarrollo se puede convertir, en algún momento, tan importante como ahorita lo es la frontera norte. Con el tiempo, si esto se desarrolla, podemos tener igual aquí un sistema fiscal preferencial”. Estas declaraciones fueron hechas por la funcionaria morenista en la reciente presentación de la licitación de 6 de los 10 parques industriales proyectados. El objetivo gubernamental es atraer empresas automotrices, electrónicas y de distintos rubros y, para incentivarlas, anunciaron la exención de aranceles hasta de un 100% durante varios años, la garantia de que hay agua y gas natural “de sobra” (lo cual implica que serán priorizadas las empresas por sobre los pueblos de la región) e incluso “paz social”: las autoridades aseguraron que las comunidades estarían de acuerdo con la construcción e instalación de los parques industriales.

Lo que el gobierno no dice es que, junto a estas ventajas, están también —como ya se vio en la Frontera Norte al calor del TLC primero y del TMEC después— las que supone el nivel salarial de México, que continúa siendo más bajo en términos comparativos que muchos otros países de la región —por no hablar de los Estados Unidos- y la precarización de la fuerza de trabajo, lo cual es favorecido por el accionar de las direcciones sindicales burócráticas.

Hacia adelante, habrá que ver que consecuencias tendrá la creación de una nueva zona industrial en el Itsmo, para los flujos migratorios hacia Estados Unidos, tanto en relación a la migración proveniente de Centroamérica que transita por nuestro país, como respecto a los migrantes mexicanos del sureste.

Estamos entonces en un escenario, posibilitado por el Corredor Trasoceanico impulsado por la 4T, enormemente favorable para el impulso de la acumulación capitalista y la expansión de las ganancias, que beneficiará enormemente a grandes grupos económicos, incluyendo a los que marcaron distancia e incluso criticaron las medidas del gobierno.

Es importante destacar lo que la mayoría de los medios de comunicación, que protestan airados contra el supuesto “ataque a la propiedad privada” del Grupo México, no hacen: como hemos explicado y desarrollado en numerosos artículos en La Izquierda Diario, [3] los proyectos impulsados por la Cuarta Transformación y muchos de sus decretos expropiatorios, representan un verdadero ecocidio y despojaron en primer lugar a las comunidades, pueblos originarios y movimientos en defensa de los territorios, cuya oposición a los mismos no solo no fue tenida en cuenta, sino que fue respondida con represión, persecución y asesinatos, como el caso de Samir Flores y otros activistas ambientales y defensores de los derechos de las comunidades. De hecho, las declaraciones de AMLO de que “las expropiaciones fueron acordadas” no es así en la mayoría de estos casos: fueron impuestas compulsivamente y sin respetar la opinión ni el derecho de los pobladores.

¿Soberanía o subyugación al capital?

Hemos empezado a responder la pregunta que formulabamos inicialmente, para entender las causas, objetivos y consecuencias de las acciones presidenciales. Podríamos agregar que, aunque el discurso de López Obrador pretenda recuperar el legado de Cárdenas como una de las tres transformaciones previas, sus medidas están lejos de las que ejerció aquel. Las expropiaciones de 1938, ejercidas por un gobierno nacionalista burgués, supusieron un enfrentamiento con las empresas imperialistas y sus gobiernos e implicaron, como las definió León Trotsky durante su exilio en nuestro país, “medidas de defensa nacional altamente progresistas”. Si bien en el último tramo de su administración Cárdenas moderó su ubicación y pactó las indemnizaciones (un camino que luego fue profundizado por Ávila Camacho) estas acciones fueron la expresión de un gobierno que, como lo definió el revolucionario ruso, asumió un carácter “bonapartista sui generis” que, sin abandonar su carácter burgués, lo llevó a recostarse en el movimiento de masas para marcar distancia con el imperialismo, llevando adelante la expropiación del petróleo y de los ferrocarriles.

Como ya decíamos, lo que estamos viendo no solo son expropiaciones a cargo del erario (o como se reveló en el caso de Ferrosur, ampliando otras concesiones), sino que, si bien suponen una ampliación del control estatal en determinadas áreas, no amenazan la asociación con el capital privado, cuya participación se mantiene bajo distintas formas, garantizándole importantes ganancias. Por ejemplo en el ya mencionado caso del litio, donde la asociación con empresas nacionales y extranjeras buscará la explotación de este mineral usado en la fabricación de semiconductores y autos eléctricos en claro beneficio de la acumulación capitalista. En tanto que, como ya explicamos, la mayor rectoría estatal en el corredor interoceanico implica la creación de la infraestructura necesaria para facilitar la producción, el transporte y la comercialización de las mercancías de las transnacionales. Por otra parte, los beneficios ecónomicos que pueda obtener el gobierno —sea el de AMLO o quien lo suceda— serán destinados a mantener los pagos de compromisos financieros o los altos presupuestos otorgados a las fuerzas armadas.

Otro aspecto para entender el carácter de estas medidas es que las mismas se dan en un contexto donde el proyecto económico del gobierno no cuestiona el lugar de México en la división internacional del trabajo, como una gigantesca planta productiva de lo que requieran las trasnacionales, y un paraíso del extractivismo. De hecho, el Corredor Interoceánico profundizará lo que ya es una realidad desde hace varias décadas, con el TLC y el TMEC: México como un eslabón fundamental en las cadenas de valor construidas en torno a las empresas y el imperialismo estadounidense. En la actualidad, esto va de la mano de iniciativas que apuntalan el desarrollo del llamado capitalismo verde, que va desde la explotación del litio y de otras energías alternativas al petroleo, hasta la instalación de plantas productoras de autos eléctricos, como es el caso de Tesla, que contó con múltiples ventajas de infraestructura, acceso al agua y exención impositiva. Esto se articula con que —aún con las diferencias existentes en términos de política exterior con la Casa Blanca— el gobierno de la 4T mantiene lo esencial de la subordinación a los Estados Unidos, como se expresa, por ejemplo, en materia migratoria y de la seguridad.

La política del gobierno de la Cuarta Transformación no está inspirada entonces por un sentimiento antiimperialista ni por atacar los intereses profundos de la burguesía más concentrada. Quienes pretenden generar esa idea deberían considerar que, como se dice, le están “poniendo palabras en la boca” al propio presidente, que ha negado que busque expropiar a los grandes capitales o cuestionar la propiedad privada. Aunque algunas de sus medidas y de su discurso puedan generar simpatías en sectores de la población harta del pasado reinado neoliberal, como ya dijimos antes las mismas se ciñen a buscar una mayor participación del estado y fortalecer su presencia en los principales proyectos extractivos y de infraestructura, al servicio de garantizar los intereses estratégicos y las ganancias de la gran burguesía y las trasnacionales. De hecho, como se ve en el sureste bajo el comando de la 4T, presenciamos un nuevo salto en la integración economica, productiva y comercial -en terminos de subordinación- a las transnacionales y el imperialismo estadounidense.

Una perspectiva socialista debe cuestionar los proyectos de infraestructura y explotación de los bienes comunes naturales, impulsados por el gobierno en función de los intereses capitalistas, los cuales se basan en el despojo, el ecocidio y el saqueo económico y ambiental. Eso implica la nacionalización, sin indemnización, de todos bienes comunes naturales que están en manos de las trasnacionales y empresas privadas, en tanto que son las y los trabajadores, las comunidades y pueblos originarios afectados quienes tienen que discutir un plan de obras públicas que esté en función de sus intereses y no de los procesos de acumulación del gran capital como es el caso del Tren Maya o del Corredor Transoceánico.

Una perspectiva de este tipo, necesita de una verdadera alianza entre la clase obrera, los pueblos originarios y el conjunto de las masas populares, que avance en un camino independiente frente al gobierno y la derecha conservadora. Y que se plantee una estrategia anticapitalista y de ruptura con el imperialismo, por un gobierno de las y los trabajadores que construya una sociedad sin explotadores ni explotados y que busque la alianza con la clase obrera multiétnica estadounidense para edificar una verdadera integración en beneficio de las grandes mayorías.