Los indicadores sobre las “condiciones de vida” empeoraron según el INDEC: menos hogares acceden a los servicios públicos, aumentan aquellos de calidad insuficiente, más personas sólo acceden a la salud a través del sistema público. Las mujeres enfrentan estas condiciones trabajando en comedores comunitarios pero son consideradas por el Estado como “colaboradoras”.
Martes 18 de mayo de 2021 21:30
El Indec publicó los Indicadores de las condiciones de vida en el segundo semestre del 2020, elaborados por la Encuesta Permanente de Hogares, en 31 aglomerados urbanos que alcanza a 9,3 millones de hogares en los que habitan 28,5 millones personas. Se elabora según el acceso a bienes y servicios (educación, salud, servicios públicos), las características habitacionales (materiales de la vivienda, hacinamiento, saneamiento) y del hábitat (cercanía a basurales, zonas inundables).
Atravesando la pandemia del Covid-19, siendo las principales recomendaciones el distanciamiento y la higiene, y con una salud pública al borde constante del colapso, la prioridad del Estado no estuvo centrada en mejorar las condiciones de vida. Aumentó la población y los hogares con materiales de calidad insuficiente; disminuyó la cantidad que accede a la red pública de agua corriente, gas y cloacas; hay menos propietarios y más inquilinos; y aumentó la población que accede a la salud exclusivamente mediante el sistema público.
El 21,1% de los hogares tienen calidad parcial o totalmente insuficiente (según la calidad de los materiales en pisos y techos respecto a la protección del medio y los factores ambientales), alcanza a 7,2 millones de personas y aumentó 2,2 puntos porcentuales (pp) en comparación con el semestre anterior.
Casi 1,4 millones viven en condiciones de hacinamiento crítico, donde habitan más de tres personas por cuarto; limitando la privacidad, salud y entornos aptos para el estudio y la socialización.
Bajó la accesibilidad a los servicios públicos. El 11% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente, el 34% no dispone de gas de red, y el 31% carece de conexión a las redes cloacales. El 47,7% de los hogares, donde habita el 54% de la población -más de la mitad de las personas- no accede al menos a uno de los servicios básicos. La inaccesibilidad aumentó 2,4 pp.
El 13,7% de los hogares tiene condiciones de saneamiento inadecuadas, y refiere a la tenencia y tipo de baño (dentro o fuera del terreno, uso exclusivo o no, tipo de desagüe y de instalación). Son 4,5 millones de personas habitando hogares con saneamiento inadecuado.
El 36% de las personas accede a la salud sólo a través del sistema público, lo que equivale a 10,2 millones de personas. Aumentó 2,5 pp. y disminuyeron la cantidad de personas que acceden a la salud a través de una obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia.
A un año del fallecimiento de Ramona Medina, quien denunció estas graves condiciones de vida en la Villa 31, que falleció por Covid-19 una semana después de hacer público su reclamo por la falta de agua, esa necesidad urgente no fue resuelta. La responsabilidad es compartida entre el gobierno de la ciudad, la directora de AYSA, Malena Galmarini, y el gobierno nacional sobre los casi 5.000 barrios populares que hay en el país.
Las mujeres de los barrios vulnerables, son quienes más hacen frente a estas condiciones. Quienes garantizan la única comida para millones. A las esenciales, les pagan con planes o programas sociales -sin obra social, ni aportes jubilatorios, ni presentismo, ni vacaciones- cuando deberían cobrar un salario. El Gobierno les pide inscribirse en el Registro Nacional de Comedores, que las define como "colaboradoras" y no como un trabajo efectivo. Trabajan en jornadas de 6 horas por $11.772 (la mitad de un salario mínimo vital y móvil) según definió el gobierno.
Los anuncios con tinte de campaña, las promesas de futuras mega instalaciones, los discursos con perspectiva de género, son relatos que se caen ante la dinámica de estos indicadores. Si el gobierno realmente quiere revertir estos indicadores que duelen, tendrá que dejar de beneficiar a los que siempre ganan e invertir las prioridades y los recursos del Estado.
