En los últimos días el nombre de Marisela Escobedo ha recorrido las redes sociales. Netflix estrenó un documental donde retrata la lucha de la activista, dada hasta sus últimos días, contra la violencia feminicida y patriarcal.

Dos momentos se volvieron icónicos en la travesía de Marisela. El primero, es el juicio por el asesinato de su hija Rubí, que el gobierno de Chihuahua se encargó de difundir orgulloso en todas las cadenas de noticias locales como el primer juicio en el nuevo sistema penal acusatorio, una nueva modalidad que implicaba que tres jueces retomaran el caso y un careo entre ambas partes, como mecanismo “para contrarrestar la impunidad”.

Antes de concluir, el juicio es interrumpido por los gritos de dolor y el llanto de impotencia de una madre incrédula ante el veredicto de los jueces, que acaban de absolver por unanimidad al asesino confeso de su hija y cuyas pruebas para incriminarlo ella había recabado con sus propias manos.

El segundo es el asesinato de la activista a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, nueve meses más tarde. Ésta fue la última morada de Marisela, quien consciente de los riesgos de cada una de sus decisiones, había sentenciado a los cuatro vientos, casi como un presagio, “Si me van a matar que sea aquí, para que al gobierno de Chihuahua le de vergüenza y para que todos se enteren que en este país no existe justicia para las mujeres”.

Diez años más tarde, el estreno del documental en 109 países y 30 idiomas, parece abonar a que el último deseo de Marisela se cumpla; sin embargo, hay algo en lo que la activista fue categórica hasta su último aliento y que el documental diluye en su conclusión.

Entre la romantización de la lucha de la activista y la excesiva voz que se le da a fiscales y ex funcionarios, voceros de los responsables del último asesinato de Marisela, que ahora vienen a pedir ser disculpados “reconociendo sus errores”, lo que se pierde es la contundente denuncia que Marisela y su hijo refuerzan cada vez que aparecen en pantalla: en México, no existe una “falla en el Sistema”.

Algo que se ve de forma clara en el documental es que, la violencia contra las mujeres es parte constitutiva de las instituciones, entre ellas la justicia penal que sólo existe para los de arriba,tal como reclama Marisela respecto a la desaparición del hermano de la procuradora Patricia González que se resolvió en pocos días. Las instituciones nos violentan consciente, sistemáticamente y a voluntad, para recordarnos que para el sistema capitalista nuestras vidas son objetos desechables, y para enviar un mensaje de aleccionamiento a las mujeres que nos atrevemos a alzar la voz.

Esto tras una cínica demagogia, revestida del discurso de velar por los derechos de las mujeres. Ese cinismo es lo que nos tiene furiosas hasta el hartazgo, y que nos impulsa a luchar contra la violencia feminicida y patriarcal.

“La historia de Ciudad Juárez, es también la historia del feminicidio que no cesa”

Entre muchas otras cosas, el documental es una perfecta descripción visual de Ciudad Juárez. Una ciudad fronteriza, en medio del desierto, “tierra de nadie”, siempre en disputa entre el gigante del norte y nuestro México bronco.

Pero si a alguien pertenecen las luces de esa ciudad plasmada en fascinantes tomas aéreas, es a sus 1.3 millones de habitantes, trabajadores, mujeres y jóvenes. Sólo en la Industria Maquiladora, actualmente se ocupan 300 mil obreras y obreros. Son ellos quienes habitan cada una de las casas de esos inmensos fraccionamientos que dejan ver la luz del día.

Y es que, la historia de la ciudad es también la historia del precoz desarrollo de la maquila. Desde la segunda mitad del siglo pasado, Juárez fue objeto privilegiado de importantes inversiones nacionales para desarrollar la Industria Maquiladora de Exportación (IME) que tienen su origen en la implementación del Plan de Industrialización Fronteriza en 1965. [1]

La rentabilidad que representaba producir en la frontera, donde se podía pagar mano de obra mucho más barata, para después vender a empresas extranjeras, convirtió a las trasnacionales de Estados Unidos y al gobierno de este país —beneficiado, además, por la cercanía que le permitía ahorrar en traslados— en los principales interesados en el desarrollo de esta industria en nuestro país. [2]

Esto implicó, la instalación y crecimiento de grandes parques industriales, que concentraban a cada vez más trabajadoras y trabajadores.

Cuadro: Rodriguez Pequeño, Consuelo (2015) ” Mujeres en movimiento”; Ciudad Juárez, México, UACJ, pp. 47

Como lo demuestra la tabla, más del 85% de la mano de obra ocupada era femenina. Eran los años de fortalecimiento y difusión del neoliberalismo, que a nivel internacional imponía la idea de la emancipación femenina, que “por fin podía salir del espacio privado” del hogar al que estuvo relegada siglos, para incorporarse al mercado laboral.

Era mentira. El empoderamiento vino únicamente para un pequeño sector de mujeres privilegiadas. Como lo demuestran las maquiladoras de Ciudad Juárez, en la mayoría de los casos jóvenes entre los 14 y los 25 años, la realidad para la gran mayoría de mujeres que vivieron la “feminización del trabajo” en el mundo, fue someterse a jornadas laborales extenuantes y salarios ultra precarios, mientras continuaron haciéndose cargo de las tareas domésticas no remuneradas.

En Juárez, para 1980, el plan de industrialización incluía el desarrollo infraestructural de todo lo que permitiera al gobierno de Ciudad Juárez garantizar la vida de sus miles de trabajadores. Así se dio el desarrollo de viviendas, centros comerciales, rutas de transporte y por supuesto hospitales.

Marisela Escobedo, enfermera por formación, originaria de Piedras Negras, Coahuila, fue una de los miles de trabajadores, que sobre todo en los estados aledaños, decidió migrar junto a su familia, bajo la promesa de mejores condiciones de vida, de un empleo y prestaciones laborales.

La ciudad se erigió sobre el esfuerzo que miles de trabajadores de distintos gremios, y sobre todo obreras de la maquila, dejaron durante décadas en la línea de producción, en donde los principales beneficiados fueron las trasnacionales estadounidenses y las burguesías locales.

“No voy a dejar que Rubí sea una estadística más”: La primera muerte de Marisela

Sólo quien conoce la historia de Ciudad Juárez puede comprender a cabalidad la rabia y el hartazgo de Marisela. Aún en 2008, las autoridades tardaron mes y medio en levantar el acta por la desaparición de su hija Rubí.

Los asesinatos de mujeres (todavía no se reconocían como feminicidios) se hicieron un problema evidente en la región a finales de los años 80s. El patrón siempre era el mismo, mujeres jóvenes, trabajadoras de la maquila o desempleadas que habían sido secuestradas en el centro de la ciudad mientras buscaban empleo. Incluso fenotípicamente existía un patrón: tez morena, estatura baja y pelo negro. Sus cuerpos sin vida eran encontrados en terrenos baldíos, con signos de tortura y violencia sexual.

Desde los 90s, las autoridades fueron, sin excepción, las encargadas de ocultar los casos, de re victimizar a las jóvenes y niñas asesinadas, y de aplastar con saña los anhelos de justicia de sus familiares, reduciendo cada nombre a cifras, como bien advertía Marisela.

“De 1993 a la fecha tenemos sólo 356 mujeres asesinadas, con todo el respeto que me merecen, no es un número tan alarmante”, decía María López Urbina, Fiscal Especial para la atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez en 2004. [3]

Fue la negligencia de las autoridades lo que orilló a las familias a iniciar sus propias indagatorias. Así descubrieron que no se trataba de una “epidemia de crímenes pasionales”, y que las jóvenes no “se iban con el novio” como acusó reiteradamente el priista Patricio Martínez, gobernador del estado de Chihuahua de 1998 al 2004. En Ciudad Juárez, operaban las más profesionales redes de trata, las cuales secuestraban a mujeres para prostituirlas o comercializarlas en la frontera mexicana o en Estados Unidos.

Muchas de ellas, procedentes de colonias marginadas, en medio del desierto como Lomas de Poleo, Anapra o colonias aledañas al Camino Real, donde encontraron el cuerpo de Rubí. Aquí se gestaron las primeras brigadas de madres y familiares que, sin saberlo, seguían los pasos de las mujeres de Calama obligadas ante la negligencia del gobierno a buscar con sus propias manos, en la inmensidad del desierto, huesos que les dieran pistas de qué había ocurrido con sus hijas.

Quienes no encontraban lo que necesitaban para tranquilizar su alma entre la arena, extendían su búsqueda, con el anhelo de encontrar a sus mujeres aún con vida en los antros y bares del “centro” de la ciudad; que en realidad no es el centro geográfico sino el punto exacto donde colinda México y Estados Unidos, a unas cuadras del puente internacional. Desde inicios del 2000 familiares de víctimas denunciaron que ahí operaban gran parte de estas redes de trata.

Marisela conocía esta situación. Por eso estos bares son uno de los primeros lugares a los que recurre para buscar a su hija antes de arrancarle la confesión a Sergio Barraza Bocanegra sobre el paradero de los restos de Rubí.

La segunda muerte de Marisela: Revelar el secreto a voces

Durante muchos años, la estrategia del gobierno fue individualizar el problema, instalando la idea de que a las mujeres las asesinaban familiares o parejas sentimentales. Otras versiones afirmaban que les había ocurrido algo “por salir solas”, no importaba si era a trabajar o por esparcimiento. El mensaje era claro: las mujeres podíamos tener independencia económica, pero nunca independencia personal.

En los 90, cuando esconder los patrones existentes en los asesinatos y desapariciones fue imposible debido a las altas cifras, la nueva versión difundida por las autoridades fue la existencia de “bandas criminales” y “asesinos seriales”.

Las autoridades ya no sólo entorpecían las denuncias, era claro que protegían a los responsables a través de chivos expiatorios. Durante estos años, se inculpó aleatoria e indiscriminadamente a trabajadores pobres, oriundos de Ciudad Juárez, de los asesinatos de mujeres, haciéndolos declararse culpables bajo tortura.

En 1995 Abdel Latif Sharif, “el chacal de Juárez”, como lo bautizó la prensa local, fue acusado del asesinato de 20 mujeres. Fue condenado a 30 años de prisión, por el asesinato de una de ellas. Su caso estuvo lleno de irregularidades, él no hablaba español y no tenía familia en México, ni en Estados Unidos, donde radicaba. Murió en 2005 dentro de la cárcel de Chihuahua en condiciones sumamente sospechosas.

Sharif fue acusado de financiar a la banda de “los rebeldes” otro epíteto memorable, regalo del amarillismo de la prensa que funcionaba como extensión de las autoridades para volver “verídicos” los casos a través de la opinión pública. En 1996 fueron detenidos 6 supuestos integrantes de “los rebeldes”, quienes fueron juzgados hasta 2002.

Campo Algodonero es el caso más emblemático por la relevancia internacional que adquirió debido a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso, Víctor García Uribe, “El Cerillo” y Gustavo González Meza “La Foca”, dos conductores de camiones, fueron acusados por el asesinato de 8 mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en este terreno.

García Uribe y González Meza fueron juzgados como asesinos confesos del caso. [4] Más tarde ambos confesaron que habían sido detenidos arbitrariamente; desnudados, golpeados y electrocutados en distintas partes del cuerpo, con particular saña en los genitales, por elementos de la Procuraduría General de Ciudad Juárez para inculparse.

El 5 de febrero de 2002, Mario Escobedo Anaya, abogado de González Meza, fue asesinado, poco antes de que éste fuera ultimado dentro de su celda en 2003. García Uribe fue liberado en 2005, sin embargo, Sergio Dante Almaraz, último abogado del caso, fue asesinado en enero de 2006. [5]

El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicto el falló del caso de Campo Algodonero, donde responsabiliza al Estado Mexicano por el asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, tres de las 8 víctimas del caso. Recomendación que hasta ahora no ha sido acatada de acuerdo a la propia corte.

Diez años más tarde del juicio de Rubí Frayre, Arturo Nahle, procurador del Estado de Zacatecas (2010-2015), entrevistado en el documental, sigue defendiendo el fallo de los 3 jueces que absolvieron por unanimidad a Sergio Barraza Bocanegra. El funcionario justifica la decisión de los jueces, en que si bien “durante muchos años, la reina de las pruebas fue la confesión”, ésta tuvo que ser rechazada como prueba máxima debido a que se utilizaba la tortura para inculpar a supuestos culpables.

Lo que olvida decir es que quienes torturaban eran las propias autoridades, a quienes la reforma del 2008 les exige ¡vigilarse de sí mismos! No son fallas o errores en la aplicación de la justicia. La justicia está hecha para poder ser usada discrecionalmente y enviar, sin excepción, el mismo mensaje: las vidas de las mujeres pueden ser descartables, sin que haya responsables.

Marisela pronto se dio cuenta de esto. Por eso, como narran sus hijos, a las pocas horas del juicio aún con un profundo dolor que supo convertir en ironía, emprendió una caminata hasta la CDMX donde ya no sólo buscaba enjuiciar a Sergio Barraza, sino que denunciaba el incremento del feminicidio y las redes de trata en el estado.

La última muerte de Marisela: Fue el Estado

La pregunta es, entonces, quiénes son los verdaderos responsables de la desaparición y el feminicidio y de la violencia sistemática en contra de las mujeres.

Como mencionamos al inicio, la historia del feminicidio, tiene todo que ver con la historia de la ciudad, la consolidación de sus burguesías locales, lacayos de los grandes cotos de poder del país y sus nexos con la burguesía extranjera.

Marisela no fue la primera en viajar a la ciudad de México para exigir que se esclarecieran los casos de feminicidio. En 2004, grupos de familiares, ya habían realizado una caminata a la CDMX. Una de las participantes era Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García asesinada en 2001, quien ante la negativa de Vicente Fox de recibir a la comitiva de familiares, denunció a la puerta de Los Pinos:

“Nosotras no damos un paso atrás, hemos gritado hasta el cansancio el nombre de esos funcionarios corruptos, Alejandro Castro Valles, Jaime Gurrola, Francisco Barrio, Francisco Molina Ruíz, Patricio Martínez, Sully Ponce (…) Aquí hay protección a los culpables, periodistas valiosos están arriesgando sus vida al acusar a los culpables, al decir quiénes son.”

Diana Washington autora de “Harvest of women”, fue una de las primeras periodistas en denunciar los vínculos entre personajes de la burguesía y actores de la política local, con los asesinatos de mujeres. [6]

La familia Zaragoza es uno de los casos más emblemáticos. Entre ellos Pedro Zaragoza Fuentes, es dueño del Grupo Agroindustrial Zaragoza y concesionario de la cerveza Corona. Las gasolineras de este personaje, tenían presencia en 9 estados de México y durante años fue la principal distribuidora de gasolina en Costa Rica. Esta familia es propietaria de terrenos ubicados en Lomas de Poleo.

Uno de los guardaespaldas personales de la familia Zaragoza, fue el comandante Alejandro Castro Valles, quien fue el encargado de la detención de Abdel Latif Sharif, de “Los Rebeldes”, de “La Foca” y “El Cerrillo”, y el principal sospechoso del asesinato del abogado Escobedo Anaya en 2002.

Por su parte Francisco Barrio Terrazas, exgobernador del Estado de Chihuahua, quien figuraba como una de los cabecillas del PAN estatal, junto a otros personajes como Carlos Hank González, financiaron e impulsaron la candidatura del presidente Vicente Fox Quezada. Barrio Terrazas era dueño de los campos algodoneros en el momento en el que se encontraron los cuerpos de las ocho mujeres.

Zaragoza, Barrio Terrazas, Hank González, son todos personajes, cuyos nexos con el Cártel de Juárez, ya no son un secreto para nadie. Éstos, son sólo algunos de los personajes a los que se suman una larga lista de empresarios y políticos que expresan lo más profundo de la podredumbre de las burguesías locales, quienes se enriquecieron durante décadas, no sólo de las inversiones extranjeras en la región, sino del millonario negocio de las redes de trata que ellos mismos gestionaban.

Madres de víctimas, abogados independientes y periodistas poco a poco se fueron dando cuenta de esto. A muchos de ellos, al igual que a Marisela, revelar esta información les costó la vida. Ejemplo de esto fue el intento de homicidio del que fue víctima la propia Norma Andrade en 2011, el cual la obligó a exiliarse en la Ciudad de México donde radica actualmente.

Quienes escribimos este artículo seguimos en su momento uno a uno los pasos de la activista Marisela Escobedo y en aquel lejano 2010 vivimos en carne propia el pasmo y la rabia que su asesinato generó en cientos de niñas, adolescentes y mujeres acostumbradas a vivir en la incertidumbre diaria de ser una mujer pobre y trabajadora en el estado emblema del feminicidio a nivel internacional. A casi diez años del asesinato de Marisela Escobedo, ponemos todas las cartas sobre la mesa para que todes quienes ahora conocen su caso gracias al documental, conozcan la batalla que dio en vida.

Desde Pan y Rosas, nos movilizamos en la CDMX cuando ocurrió el asesinanto de Marisela denunciando la podredumbre de este Estado capitalista y patriarcal, y hoy lo seguimos diciendo claro: no existieron una, dos, tres fallas en la investigación del caso de Rubí Frayre. El asesinato de Marisela Escobedo, fue el intento de aniquilar la voz de una mujer, símbolo de todas las que se han atrevido a llevar adelante investigaciones por cuenta propia para desenmascarar la mafia existente detrás del enorme negocio que implica la desaparición de mujeres en México.

Si algo nos enseñó Marisela es que frente a la violencia feminicida y la impunidad podemos gritar, intentar romperlo todo y con toda la furia. Pero esto es impotente y de nada sirve si es dentro de las instituciones del Estado o depositando nuestra confianza en ellas. Todo lo que Marisela consiguió fue de manera independiente de estas instituciones y muchas veces a pesar de ellas, confiando siempre en sus propias fuerzas. La mejor manera de rendirle homenaje, es construir un potente movimiento de mujeres que, puesto de pie con la fuerza de miles de trabajadoras, jóvenes y estudiantes en México y en América Latina, no olvide que no podemos confiar en el Estado y sus instituciones.