A contracorriente. Lawfare a la mexicana: Suprema Corte vs Sheinbaum

El episodio más reciente de esta disputa lo inició la jueza Nancy Juárez, del Juzgado Décimo Noveno de Distrito del estado de Veracruz, cuando ordenó a la presidencia retirar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre pasado y la pausa que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización del proceso electivo en acatamiento de las 140 órdenes de suspensión de la reforma. La respuesta de Claudia Sheinbaum fue contundente: “Ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México, la reforma va” y declaró que va a denunciarla ante el Consejo de la Judicatura Federal.

La reforma judicial, aprobada en los últimos días del gobierno de López Obrador, incluye medidas que alientan aspiraciones democráticas de las mayorías como la elección por voto popular de jueces magistrados y ministros, junto con otras francamente reaccionarias, como la figura de “jueces sin rostro”.

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Previo a su aprobación ya había levantado ámpulas en el Poder Judicial, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ahora, cuando empezaban los preparativos para la elección programada para el 1 de junio de 2025, en la que se elegirán más de 800 cargos judiciales entre jueces, magistrados y ministros, se encendieron de nuevo los ánimos.

Disputa entre los poderes de la democracia liberal

Ante la relación de fuerzas desfavorable para la derecha, la SCJN podría buscar otras vías para provocar una crisis institucional que obstaculice la implementación de la reforma judicial. Esto implica una especie de guerra declarada entre los poderes -que incluye también al Poder Legislativo-, con cuya polarización la oposición de derecha mayor busca recobrar el protagonismo mostrado desde las manifestaciones de la Marea rosa, con la consigna “#el INE no se toca”. Una exhibición de beligerancia detonada por la impotencia y debilidad de los partidos patronales opositores frente al avasallante triunfo electoral de la Cuarta Transformación, y la desaparición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), su aliado electoral.

El que la Judicatura haya resuelto entregar las listas plazas de jueces y magistrados disponibles para la elección judicial significó un fuerte golpe para la JUFED, las y los trabajadores judiciales en paro, y para la ministra presidenta de la Corte y de la misma Judicatura, Norma Piña, que es el instrumento que utiliza la oposición de derecha para enfrentar la reforma judicial.

A eso apunta el reciente ultimátum de jueces y juezas mediante nuevas suspensiones definitivas, advirtiendo a la presidencia de desistirse de continuar la implementación de la reforma judicial -como el proceso de elección de jueces y magistrados que tendría que organizar el INE-, pues de lo contrario incurriría en un desacato (tipificado como delito penal) que provocaría la intervención del Ministerio Público, lo cual implica cárcel para la presidenta y funcionarios que desacaten las suspensiones de distintos jueces.

Emitir una resolución que plantea la posibilidad de encarcelar a la recién nombrada presidenta de México, es, además de una medida desesperada, una provocación que busca abrir una crisis en el régimen político mexicano, planteando elementos de inestabilidad política.

Y si bien Claudia Sheinbaum y los presidentes de las dos cámaras -basados en la gran fuerza de la 4T- han dicho que una vez votada en el Congreso la reforma judicial no obedecerán los reclamos de jueces y ministros, pues consideran que estos estarían violentando la Constitución, lo cierto es que la Corte intenta meter en un brete a la presidencia, pues ésta puede ser exhibida como que no acata el Estado de derecho, una cuestión que la propaganda de la derecha está haciendo a través de sus medios de comunicación.

El choque frontal entre estos poderes es algo la derecha espera que le beneficie, dado los elementos de polarización que generaría, “manchando” la imagen de un gobierno que recién empieza.

Por lo pronto, y en aras de no llegar a esta crisis, la presidencia del INE decidió detener el proceso de elección de jueces y magistrados y ministros, hasta que se resuelvan las suspensiones ordenadas por algunos jueces, provocando así la crítica de Claudia Sheinbaum por esta medida.

Sin embargo, esto no quiere decir que el INE se suma a la ofensiva de Norma Piña y funcionarios que la acompañan. De hecho, hasta ahora ha venido desoyendo las sentencias del poder judicial que ha calificado de intromisión de poderes.

Judicialización de la política

Pero la esencia de esta ofensiva es la pretensión de la derecha de impulsar la judicialización de la política, pese a que no tiene en México la fuerza mostrada en otros países contra gobiernos “progresistas” -por ejemplo, la injerencista Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la petición de la derecha de intervenir en este caso-, apunta a pensar en esta medida como forma de combatir “por otros medios” al gobierno, aunque por ahora no es factible una salida de golpismo institucional para dirimir los roces entre sectores políticos del país.

Es un movimiento que, por un lado, no tiene amplio respaldo popular, tanto por las contradicciones propias del sector judicial que podrían afectar los trámites de sectores empresariales, comerciales y financieros, como por los privilegios que ostenta la casta judicial, desvinculada del movimiento obrero y los sectores populares en lo general, y los sindicatos en particular -una parte de las y los trabajadores del poder judicial ya decidió abandonar el paro y regresar a trabajar, en la perspectiva de lograr una negociación bajo la nueva ley judicial.

La casta judicial tiene en contra a la presidencia, a la mayoría del Congreso de la Nación y 27 congresos estatales de los 32 que existen), tiene sólo dos opciones: darse por vencida, algo que no está dispuesta a hacer por el momento, o radicalizar el paro judicial -pese a que la Judicatura ya advirtió que se consideran ilegales las faltas laborales- y crear un escenario de crisis institucional como última medida de presión. Este es el punto donde más se expresa la polarización política que existe en el país.

Los tiempos se acortan; hasta ahora Sheinbaum ha tolerado el paro de labores de las y los trabajadores judiciales, apostando a su desgaste. No ha aplicado una medida de fuerza, no solo para evitar polarizar más la situación, sino para evitar verse represiva, sobre todo a inicios de su gestión -elemento con el que cuenta la oposición judicial-, pero envalentonados por este cálculo político de la presidenta, los paristas impulsados por la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, están tensando la cuerda más de lo que les da su fuerza real.

Para la Corte es de vida o muerte frenar la reforma judicial, por lo menos en lo que hace a la elección popular de jueces y magistrades. Es tal vez la última trinchera de la maltrecha oposición para negociar posiciones con el gobierno, una oposición más disminuida política y moralmente tras el mazazo recibido con la reciente condena de cárcel a Genaro García Luna en Estados Unidos y con la cual CS golpeó con dureza a la posición en sus conferencias matutinas desde Palacio Nacional.

Pero la presidenta no puede permitir que un movimiento así la ponga en jaque; por lo que tiene que mostrar el músculo de la 4T. El tajante rechazo a la amenaza de que puede ir a prisión por desacato es muestra de ello, partiendo de que ni siquiera recibió la notificación judicial.
Es decir, podríamos estar ante una situación crítica donde la presidenta puede mostrar su fuerza, y el Poder Legislativo -pues el Senado está siendo emplazado a no emitir la convocatoria para elegir a jueces y magistrados- podría responder votando leyes en contra de las facultades de la SCJN, avasallando a la oposición desde el Congreso. Sería un uso de fuerza entre la SCJN y la fuerza hegemónica de la 4T.

Los límites de la disputa

No obstante, tanto la política del poder judicial y la oposición de derecha, como la de la 4T (poder ejecutivo y legislativo), tienen límites en este escenario de mucha polarización.

Ambas tienen que evitar rebasar los marcos que el actual régimen de la democracia liberal les permite. Es el régimen que ha permitido que las masas canalicen su descontento a través de una u otra opción electoral desde el 2000 a la fecha. Más allá de las palabras, nadie está por desechar esta muy útil herramienta institucional.

Sobre todo, cuando hay presiones de Estados Unidos, que se potenciarían si gana Trump la presidencia. El gobierno quiere mostrar estabilidad ante los planes de los inversionistas extranjeros. Ese es un importante límite que enfrenta la polarización actual.
Incluso, si la 4T llamara a movilizar en defensa de la reforma judicial, o principalmente, de la presidenta morenista, las masas saldrían a defender lo que consideran una gran conquista democrática, después de desechar al llamado “régimen de partido único”.

No les interesa afectar la relación entre los poderes de la Nación; ni realmente luchar por la “independencia” del Poder Judicial. Esa “independencia” de la Corte, jueces y magistrados es parte del juego de relaciones que permite el equilibrio para que funcione el Estado capitalista y sin el cual el imperialismo estadounidense, las trasnacionales y los grandes magnates como Slim no podrían mantener la dominación sobre la clase trabajadora.

Una mirada desde el marxismo revolucionario ante la crisis institucional

Estamos ante una situación inédita: un gobierno con amplio apoyo popular es atacado por la institución más impopular del régimen mexicano, la SCJN, por la aprobación de una reforma al poder judicial que busca democratizar la elección de jueces, magistrados y ministros como una vía para relegitimarlo ante la mala imagen que tiene ante los ojos de las mayorías. Una mala imagen que construyeron a pulso con los privilegios de los altos funcionarios que lo integran, por la arbitrariedad con que benefician a personajes prominentes acusados de delitos de crimen organizado y a sus familias, mientras mantienen encarceladas sin juicio a personas de los sectores populares acusadas de delitos menores.

La oposición de derecha quiere retomar el control de la base legal que ha permitido impunidad de todo tipo a gobernantes, partidos patronales, empresarios y crimen organizado. Pone el grito en el cielo con el argumento de que esta reforma atenta contra la división de poderes y contra la “independencia del poder judicial”.

Pero en realidad el sistema de pesos y contrapesos (check and balance) sobre el que descansan las instituciones de la democracia liberal -y que tanto defiende la derecha- constituye un sofisticado mecanismo para limitar la soberanía popular.

¿Por qué? Por la creciente concentración del poder en la presidencia -el poder ejecutivo puede vetar leyes-, el senado como una cámara de control parlamentario ante la cámara de diputados -de base más amplia- para lo cual se erige como un resguardo frente a la voluntad popular en el plano legislativo. Al mismo tiempo, la pretendida “independencia” del poder judicial que defiende la derecha es independencia de la voluntad popular, para poder servir a sus benefactores: magnates, trasnacionales, capos del crimen organizado y el imperialismo estadounidense, como se vio con el apoyo a Ricardo Salinas Pliego para que siga evadiendo impuestos, o con la liberación de las cuentas bancarias de la familia de García Luna.

El constitucionalismo que invoca la derecha -que defiende la reforma judicial de 1994, de Ernesto Zedillo- busca mantener limitado el ejercicio de la soberanía popular al ejercicio del sufragio cada tres o seis años, mientras que el poder económico toma decisiones todos los días sobre el destino del país y de quienes habitamos en este territorio.

Aunque el discurso de la Cuarta Transformación es “primero los pobres” y ha implementado distintos planes sociales y cierta recomposición del salario mínimo, su reforma judicial no pone en discusión el modelo económico, ni la dependencia económica respecto de Estados Unidos, ni la subordinación de México a los designios de la Casa Blanca en materia migratoria o de estrategia de seguridad.

Bajo la democracia liberal, la igualdad civil no afecta la raíz de la desigualdad de clase. Su carácter representativo establece una división entre gobernantes y gobernados: los primeros actúan legitimados por el voto popular, pueden dar algunas concesiones, como lo hace la Cuarta Transformación con los planes sociales o los aumentos al salario mínimo, pero sin afectar las ganancias capitalistas, a pesar de las necesidades sociales que hay, como vivienda, más presupuesto para salud, para educación, por ejemplo.

Ante este panorama, las y los socialistas luchamos por una democracia superadora de la más democrática de las repúblicas burguesas: una democracia de consejos de trabajadoras y trabajadores organizados desde las bases, con la más amplia participación, que solo puede surgir de la voluntad mayoritaria de las mayorías explotadas y oprimidas que tomen el poder con la lucha y la movilización. Una democracia consejista, basada en la propiedad social de los medios de producción, que asuma tanto los lineamientos políticos del Estado como la planificación racional de la economía en función de las necesidades sociales.

Desde esta perspectiva defendemos la elección directa de los jueces por la población y el establecimiento generalizado de jurados populares, y estamos por la desaparición de la Suprema Corte. Y al mismo tiempo consideramos que no es suficiente acotar los salarios y privilegios de la casta judicial: luchamos porque toda y todo alto funcionario gane lo mismo que una maestra o un obrero calificado y sea revocable por sus electores, retomando la tradición de la Comuna de París.