Durante el 2020 ocurrieron 57 femicidios, tras la información entregada por la Red Chilena contra la violencia. Casos como el de Ámbar, Antonia o el de María Isabel, han generado un impacto social enorme y un cuestionamiento profundo a la sociedad que vivimos.

En esta columna sostenemos que el femicidio tiene raíces profundas en las relaciones patriarcales que el capitalismo alimenta, que el Estado tiene responsabilidad directa en este aumento de femicidios y llamamos a impulsar un plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres.

En Chile, según la Red, el 65% de los femicidas era pareja de la víctima al momento del asesinato y otro 25% lo había sido. Al menos el 50% de las mujeres asesinadas en 2020 tenía entre 15 y 30 años y al menos 50 menores de edad quedaron huérfanos de madre producto de los femicidios.

El último eslabón en la cadena de violencias contra las mujeres

Un femicidio es sólo una expresión extrema del machismo: un hombre considera a una mujer como un objeto de su propiedad y siente que puede disponer de su vida y su muerte. Como lo señala un proyecto de ley que hace algunos años presentaron nuestras compañeras y compañeros del PTS y las y los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Argentina, un femicidio es “sólo el último eslabón de una larga cadena de violencias contra las mujeres que se origina en las sociedades de clases y se legitima y reproduce permanentemente desde el Estado y sus instituciones, la jerarquía de la Iglesia y sus políticos aliados y los medios masivos de comunicación, que perpetúan los mandatos sociales de la subordinación de las mujeres y mantienen un régimen social que también se alimenta de esta opresión”.

El proyecto del PTS da cuenta de que la violencia hacia la mujer tiene raíces históricas profundas y el capitalismo se sirve de ello. El Estado y sus instituciones son responsables de conservar las relaciones patriarcales. En Chile no somos ajenos a esto: se mantiene la brecha salarial que implica que las mujeres ganen un 30% menos que los hombres. Y al mismo tiempo que han sido las mujeres el sector más afectado con los despidos y las suspensiones en pandemia, son el sector al que más le cuesta acceder a los puestos de trabajo porque muchas veces tienen que hacerse cargo del cuidado de familiares en situación de dependencia.

La precariedad de la vida, la falta de derechos sexuales y reproductivos junto con las inequidades de brechas de género en el empleo, en la actualidad se producen al mismo tiempo que una alta feminización de la fuerza de trabajo en servicios sociales, salud y enseñanza, según la Encuesta Encla 2014.

En pandemia la mayor tasa de desocupación la han cargado las mujeres. Según el último boletín del INE, el 2020 la tasa de ocupados decreció en un 12,5%, incidida tanto por las mujeres (cuya tasa de ocupación decreció en un 16,0%) como por los hombres (en un 9,9%).

La responsabilidad del Estado: ¿de qué manera?

Cuando las feministas socialistas decimos que el Estado es responsable, no hablamos por hablar. Consideremos, por ejemplo, un hecho que pone en evidencia esta responsabilidad del Estado: cómo se comporta Carabineros cuando las mujeres denuncian violencia machista. Este año, las llamadas al Fono de Ayuda y Orientación, la Línea 1455, aumentaron enormemente; de febrero a marzo, los casos ingresados en los CDM de Antofagasta subieron en un 61,3% y en abril en Providencia crecieron en un 500%. La capacidad del circuito de protección estatal funcionó al límite, creciendo listas de espera para recibir atención profesional en los centros, sin que aumentara la dotación de trabajadores y trabajadoras ¿Pero por qué las denuncias realizadas a la policía no crecieron de la misma manera? En realidad, es algo que no sorprende tanto. Los “códigos” de comportamiento de la policía chilena, cuando se trata de las mujeres, se basan en el desprecio y el machismo más putrefacto. En el estudio realizado por la Red chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, “Respuestas de carabineros frente a denuncias realizadas por mujeres que sufrieron violencia”, se registran respuestas aberrantes cuando las mujeres acuden a la institución: “que habrán hecho ellas para que las golpeen”, “vayan a arreglarse a la cama” y otras afirmaciones asquerosas que preferimos no repetir. Otro ejemplo del desprecio de carabineros hacia las mujeres es el escándalo que tuvo lugar hace poco menos de dos años, cuando diez funcionarios fueron acusados de facilitar la prostitución infantil, y cuatro de ellos reconocieron estar en conocimiento de la explotación sexual que afectaba a tres menores de edad en La Cisterna. El fiscal Rodrigo Chinchón, explicó que en sus palabras no habían hecho nada porque lo consideraban “un cacho”. Claro ejemplo de la cultura machista en sus filas.

No es sorprendente. Cuando reprimen la protesta social, su machismo siempre queda en evidencia. Pero también, en 2020, el machismo de la institución quedó evidenciado en el asesinato de una mujer de sus filas, la joven carabinera de 20 años, Norma Vasquez, asesinada por su ex pareja, el ex subteniente de Carabineros, Gary Valenzuela Ramos. Esta mujer había realizado una denuncia por violencia sexual en contra de Gary Valenzuela el 17 de julio, pero al momento de ser asesinada el ex subteniente no había sido dado de baja de la institución. Si bien tenía orden de alejamiento y estaba sumariado, la asesinó en un motel de Linares, interceptándola de regreso a su casa. Todo parece señalar que este subteniente, de familia de carabineros, no se tomó en serio las medidas cautelares. ¿Cómo tomárselas en serio si Carabineros se toma para la risa ese tipo de denuncias?

Si quienes gobiernan dicen que una puerta de entrada al circuito de protección a las mujeres provisto por el Estado de Chile es carabineros, entonces esta protección es una farsa, porque la policía misma ejerce violencia machista. El sólo hecho de que hayan crecido las listas de espera para ser atendidas en los centros porque no se contrató personal demuestra que al Estado le da lo mismo la violencia que padecemos las mujeres.

Urge una ley de emergencia contra la violencia hacia las mujeres

En contexto de pandemia es evidente que se incrementó la violencia contra las mujeres. El encierro derivado de las cuarentenas masivas y muchas veces la pobreza se transforman en un caldo de cultivo para las expresiones de machismo.

Para algo tan básico como protegernos de la violencia machista y evitar los femicidios, no podemos depender de denunciar a Carabineros, una institución que se burla de la opresión a las mujeres. Depender de carabineros deja a las mujeres en una situación de desamparo, sobre todo si eres pobre y no tienes ni redes o recursos que te permitan darle una salida a la situación de vulnerabilidad. ¿Qué necesitamos entonces?

Queremos plantear varias propuestas. Lo hacemos no sólo como parte del movimiento de mujeres, trabajadoras y militantes revolucionarias. Lo hacemos también como candidatas a constituyentes por el Distrito 12, por las comunas de Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Nosotras nos presentamos como candidatas porque queremos enfrentar a gente como Bernardita Ossandón, de Renovación Nacional y del Opus Dei, que va como candidata a la Convención para defender el artículo constitucional que dice "proteger la vida del que está por nacer" pero que en realidad niega los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a aborto. Pero por sobre todo porque queremos que nuestras candidaturas sean una herramienta para organizar a las mujeres trabajadoras y para volver a las calles junto a nuestros compañeros trabajadores, con movilización permanente y hasta terminar con la herencia de la dictadura.

Ahora, de todas maneras, necesitamos un plan de emergencia ya mismo, si es que queremos dar esas peleas grandes. ¿Qué debería contemplar ese plan?

Primero, que las mujeres que se encuentran en una situación de dependencia económica respecto a sus agresores, puedan recibir ingresos de emergencia a cargo del Estado, para dejar de depender, hasta que sea posible una inserción o reinserción laboral.

Segundo, que el Estado construya refugios transitorios para las mujeres y sus hijas e hijos que lo requieran por situaciones de violencia y desarrolle un plan de viviendas que incluya todo tipo de facilidades para que las mujeres víctimas de violencia machista puedan acceder a arriendos o incluso a la casa propia, siempre en condiciones dignas, accediendo a subsidios y créditos a tasa cero. Consideramos que en una situación de pandemia y confinamiento esta medida es especialmente importante. Una fuente de recursos para financiar refugios y viviendas puede ser el cobro de impuestos progresivos a las inmobiliarias.

Tercero, que las mujeres que están trabajando y están viviendo una situación de violencia machista, puedan optar a licencias laborales pagadas durante todo el tiempo que haga falta para resolver la situación y que las mujeres estudiantes que están en esta situación, cuenten con todas las facilidades garantizadas por sus casas de estudio para completar los procesos educativos.

Cuarto, que se reconozca como derecho de las mujeres acceder de manera gratuita e inmediata al asesoramiento y la intervención de equipos interdisciplinarios especializados en la prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia, compuestos por personal designado por las universidades públicas.

El Estado no debe escatimar recursos para implementar este plan. Si faltan recursos deben implementarse impuestos progresivos a las grandes fortunas para financiarlo.

Una perspectiva feminista y socialista

Para nosotras, feministas socialistas, pelear por esta ley de emergencia es pelear por algo básico: no queremos que nos maten. Es, simplemente, para defendernos de una de las manifestaciones más nefastas de esta sociedad patriarcal y capitalista, la cadena de violencias que puede terminar en femicidiosen el femicidios. Pero nosotras queremos mucho más.

Si bien en las últimas décadas las mujeres hemos obtenido conquistas bajo el capitalismo, las bases de la opresión continúan en pie, lo que explica que seamos discriminadas en los lugares de trabajo con sueldos más bajos o que la mayor parte del trabajo doméstico o el cuidado de personas dependientes siempre recaiga en nosotras, o que se nos nieguen derechos reproductivos como el aborto.

Nosotras luchamos por revolucionar esta sociedad y terminar con las bases del patriarcado. Eso implica enfrentar a todos los poderes que sostienen esta sociedad que se aprovecha del machismo, a los capitalistas y sus defensores políticos, a las Iglesias conservadoras y a la policía machista. Pero por sobre todo implica socializar las riquezas y medios productivos de la sociedad para iniciar un proceso de liberación de la clase trabajadora y los sectores históricamente oprimidos como las mujeres. Esa socialización permitiría que ciertas tareas que hoy recaen casi exclusivamente en las mujeres -las denominadas tareas reproductivas- se realicen de manera social en espacios colectivos de alimentación, educación y cuidados y una elevación cultural de la clase trabajadora que permita extinguir una de las expresiones más milenarias de opresión, para abrir paso a una sociedad en la que, como diría Rosa Luxemburgo, seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.