Opinión. Ley Ómnibus: efectos sobre el negocio del azúcar y bioetanol

El proyecto de Ley Ómnibus plantea la derogación de los aranceles a la importación de azúcar (Ley 25.715). Esto podría implicar el ingreso de azúcar de Brasil (principal productor mundial) que tiene menores costos y precios. Se pondría en riesgo la rentabilidad de los ingenios, que por la lógica capitalista, tomarán represalias contra los trabajadores.

En los años 90’, ante la apertura importadora, los grandes ingenios como Ledesma trajeron azúcar de Brasil, la procesaron/fraccionaron y hundieron a los pequeños productores de caña o ingenios menores. En Tucumán esta el caso del ingenio San Pablo (propiedad de “Palito” Ortega) que cerró y fue comprado por el poderoso empresario, Rocchia Ferro, quien construyó la Universidad San Pablo.

Ferro es dueño de "La Florida" el principal productor de bioetanol del país, reconvirtió el ingenio azucarero, en productor de bio. Y viene de entrevistarse con el gobernador Jaldo. Lo mismo hicieron sus pares de Jujuy la semana pasada con el gobernador Sadir. Presentan un frente común ante la Ley O. ¿Pero sus intereses son compatibles con los intereses de los trabajadores y el pueblo? Veamos.

Cuadro 1

Hoy el mercado del azúcar lo lidera Ledesma junto a Tabacal y Concepción. El precio mayorista le viene ganando a la inflación 47,24% i.a. como muestra el Centro de Agricultores cañeros de Tucumán (Cuadro 1). La rentabilidad del sector viene al alza. Ledesma ganó 13.500 millones (22/23).

El negocio del azúcar es formidable. El precio al mercado interno supera a su equivalente de exportación con dólar oficial $811 (Cuadro 2). Si, venden al mercado interno más caro que si exportaran. Nos están saqueando.

Cuadro 2

La contracara de la enorme ganancia empresaria son los salarios azucareros. Que en poder de compra vienen cayendo en picada. Hoy un azucarero de Ledesma (máx. categoría) cobra 302.745 pesos contra canasta familiar a diciembre de $455.000 aproximadamente.

Cuadro 3

Biocombustibles

Con la Ley Ómnibus modificarían hacia abajo el cupo de bioetanol por litro de nafta. Hoy en 12% (6% bio de azúcar, 6% bio de maíz). Y habilitarían la importación de biocombustibles que podría afectar a la industria local que no estaría, hoy por hoy, en condiciones de competir. El negocio del biocombustible es altamente rentable. Tienen garantizado por Ley la venta de la producción y un precio mínimo regulado.

La puja de los ingenios y productores de bio de maíz es con las petroleras que ya tienen libertad para fijar precios a valor dólar. Y no están dispuestas a ceder. El último aumento de naftas fue, en gran medida, por el traslado del aumento del precio del bioetanol de un 30% en la última semana de diciembre.

Por parte de las patronales ya anuncian que de pasar estos cambios habría miles de despidos. Así lo hizo saber el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Biocombustibles con un comunicado. Ellos van por lo suyo, la rentabilidad, la cual siempre está por encima de las necesidades sociales. Lo demostraron durante la pandemia, cuando faltaba alcohol, lo seguían vendiendo para mezclar con naftas.

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Sus intereses no son compatibles con los de los trabajadores y el pueblo. No se puede permitir que sus negocios afecten el trabajo de las familias azucareras.

Por eso, el rechazo a la Ley Ómnibus, el DNU, el ajuste al salario y condiciones de vida, tiene que ser una tarea de los gremios azucareros a impulsarla en forma independiente de las patronales y junto a las fuerzas políticas de trabajadores, en alianza con el pueblo pobre. Se necesita pelear la apertura de la contabilidad de los ingenios. Ningún despido. Control obrero de producción y precios. Basta de especulación con el hambre y las necesidades del pueblo.

El paro general que convoca la CGT para el 24 de enero tiene que ser un momento de movilización y acción por poner en pie una respuesta propia de los trabajadores, con independencia de las patronales, porque lo que está en juego son los intereses de las mayorías que no son compatibles con las de los grandes empresarios.