Entre gallos y medianoche, la administración Piñera dio inicio a la licitación pública para establecer el ardid de contratos especiales de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio. Licitación que ha provocado una serie de cuestionamientos y pronunciamientos de diversos sectores.
Miércoles 12 de enero de 2022
El Estado y los mecanismos de explotación del litio en Chile
Para discernir la trama relativa a la licitación de 400.000 toneladas de litio, debemos aclarar los 3 procedimientos para ejecutar la explotación litífera en Chile: 1) explotación estatal, que podría utilizar el gobierno de Boric con su proyecto de empresa nacional del litio, no obstante, este proyecto podría tener problemas de viabilidad si se mantiene la licitación actual que Boric y su comando han cuestionado, sin embargo, el cuestionamiento ha pasado sin pena ni gloria y se han arrodillado al ardid del gobierno como lo reconoció el encargado de minería de Boric, Willy Kracht, que planteó que “es difícil modificar un proceso que ya está en marcha”, posición que ha causado fricciones e inquietud en apruebo dignidad, en particular en el partido comunista; 2) los contratos especiales de operación del litio (CEOL); y 3) los contratos directos entre el Estado y los privados. De estos 3 procedimientos de explotación litífera, los más recurrentes y utilizados son los contratos directos entre el Estado y los privados a través de CORFO; es así como los actuales contratos de explotación del salar de atacama con empresas como la norteamericana Albemarle y SQM de Ponce Lerou utilizan este procedimiento.
Consulta de medianas empresas al TDLC: el Estado de Chile propicia el monopolio del litio
La reciente polémica con los contratos especiales de operación del litio (CEOL) licitado por el gobierno de Piñera en un ardid previo al término de su mandato, se inauguraron con una primera controversia en el TDLC (Tribunal de Libre Competencia) donde medianas empresas y gremios del litio denuncian que el Estado beneficia a los grandes monopolios internacionales del litio, cuestión que se confirma con el siguiente dato: la producción de SQM-TIANQI-ALBEMARLE, que mantienen operaciones en Chile, representaría en torno al 70% de la oferta actual de litio en el mundo.
La controversia la inició la empresa minera Salares del Norte, que presentó el 10 de diciembre una consulta al TDLC, a la que se sumaron el 28 de diciembre la Cámara Chilena de la Minería del Litio y la Asociación Gremial de Pequeños Industriales Mineros (ASOGEMIN), que argumentaron una eventual infracción a la libre competencia en las bases de licitación del Ministerio de Energía y Minería. Los consultantes antes nombrados, solicitaron que se decrete la suspensión de la licitación, ya que, según declararon, el Gobierno quiere adjudicar el cuoteo de explotación del litio a grandes mineras transnacionales beneficiando a grandes monopolios. Según los consultantes, las bases de la licitación son un “traje a la medida” de estas empresas, dejando fuera de la licitación a medianas empresas de la minería nacional, lo que, para los consultantes, pondría en peligro el interés común del país. El 29 de diciembre, Minera Salares del Norte persistió en la reposición de suspensión de la licitación en el TDLC, instancia en que la empresa argumentó -ya conocidas las empresas que se podrían adjudicar la licitación del cuoteo del litio- que “ocurre que estos 5 postulantes coinciden con ser precisamente los grandes actores de la industria, como Albemarle o SQM, tal como se anticipó en la Consulta. Esto es prueba directa de que sólo actores de esas características podrían cumplir los rígidos y excesivos requisitos de las Bases y sus plazos inexplicablemente exiguos”. Por su parte, la respuesta del TDLC fue rechazar, tanto la consulta como su reposición en el tribunal y mantener el proceso de licitación.
Intereses económicos, saqueo y corrupción, los 5 oferentes de la licitación del Gobierno de Piñera
Por cierto, se debe tener en cuenta que la explotación del litio en Chile, a través de las empresas SQM y Albemarle, abastece alrededor de un 38% a 39% del mercado mundial. Chile posee en el Salar de Atacama en torno a 8,3 millones de toneladas de litio, que representan el 22% de las reservas del mineral a escala global. Las salmueras de este salar son consideradas las de más altas concentraciones de litio y potasio en el mundo.
Además, se debe considerar que la explotación de litio en Chile y en particular del Salar de Atacama genera condiciones favorables para que el saqueo de los recursos naturales se produzca a bajos costos; las bajas precipitaciones, la alta tasa de evaporación solar en la zona y la reducida cantidad de trabajadores en el proceso productivo, provocan un nicho económico virtuoso para el saqueo a destajo de los recursos naturales de la zona, generando altas utilidades para Albemarle, que percibió por concepto de ventas netas entre US$ 3.050 millones y US$ 3.150 millones en el año 2020 o SQM que en el año 2018 obtuvo un patrimonio de US$ 4.800 millones.
Así, Según Miguel Silva “La licitación actual, sus 400.000 toneladas, supone el 25 % de las reservas disponibles en Chile (...) pueden representar $10.000 millones de dólares con muy interesantes márgenes operacionales” https://www.revistadefrente.cl/los-secretos-del-litio-por-miguel-silva/
Pasemos a revisar las empresas que podrían adjudicarse la licitación, partamos por SQM. Recordemos que en la primera administración de Piñera, en septiembre del año 2012, SQM se adjudicó la primera licitación de contratos especiales de operación de litio (CEOL), es decir, el mismo procedimiento hoy cuestionado. En ese entonces, fueron 100 mil toneladas por 20 años que la firma de Ponce Lerou se adjudicó por US$40,63 millones, licitación que terminó con la renuncia de Pablo Wagner, ex ministro de Minería de Piñera. El año 2016, Wagner fue formalizado por el Ministerio Público por el delito de falsificación de instrumento público en la fallida licitación del año 2012, sumándose un decreto que invalidó la adjudicación de SQM por parte de la Subsecretaría de Minería, aludiendo el incumplimiento de las bases de licitación de SQM por mantener litigios con el Estado (caso cascadas). En 2014, SQM mantuvo un litigio con CORFO, por incumplimiento de los contratos de arriendo del Salar de Atacama, además del fraude tributario en medio de la investigación del caso PENTA (uno de los involucrados es Carlos Alberto Délano, el “choclo” Délano, el mismo que junto a Piñera estuvieron involucrados en los Pandora Papers y minera Dominga) por financiamiento ilegal de la política. Caso en que la Fiscalía descubrió boletas de SQM y en el 2015 el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra Carolina de la Cerda, cuñada de Pablo Wagner, por boletas falsas emitidas por la sociedad de Ponce Lerou el año 2009. El SII, por medio de la Fiscalía, solicitó información contable de SQM; acto seguido los implicados en el financiamiento ilegal eran los partidos de la Nueva Mayoría y la derecha (DC, PS, UDI, etc.). Por otro lado, en noviembre de 2016 la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos en contra de SQM por faltas graves a la Resolución de Calificación Ambiental: entre 2013 y 2015 SQM extrajo montos de salmuera por sobre lo autorizado, lo que afectó al ecosistema del Salar de Atacama; además, la empresa entregó información incompleta sobre la extracción de agua dulce durante el mismo periodo. El año 2017 SQM fue sancionada por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos, por infringir la ley de prácticas corruptas en el extranjero entre los años 2008 y 2015, sanciones que tuvieron un costo por US$30 millones para la empresa. Por último, en el año 2017 SQM nuevamente estuvo involucrada en litigios en el Tribunal de Libre Competencia por la compra del 24% de SQM por la empresa china Tianqi, que el TDLC permitió.
Albemarle: La transnacional norteamericana líder mundial en explotación litífera y venta de productos químicos con sede en Charlotte, Carolina del Norte, con presencia en 75 países, explota en la región de Antofagasta la propiedad del Salar de Atacama, desde donde extrae cloruro de potasio y cloruro de magnesio; de igual forma produce carbonato de litio grado batería y cloruro de litio en la planta química La Negra, en Antofagasta. El año 2018 Albemarle estuvo apunto de llegar a un litigio internacional con el Estado de Chile. Según CORFO, la controversia se refería a “que tras varios meses de conversaciones, no hemos logrado un entendimiento entre Corfo y la empresa Albemarle respecto a una definición del precio preferente del 25% de su producción de litio, con el objetivo de implementar una industria de valor agregado en Chile”. Controversia que no llegó a arbitraje internacional, sin embargo, el año 2020 CORFO denunció que la empresa no ejecutó pagos por cerca de US15 millones en comisiones a CORFO. Así, en febrero de 2020, CORFO presentó una solicitud de arbitraje internacional (ICC) en contra de Albemarle, dado el incumplimiento de contratos: “A partir de 2020, Albemarle desconoció sus obligaciones y decidió, de manera arbitraria y unilateral, alterar el mecanismo de cálculo de la comisión establecida en el contrato y que había aplicado y cumplido sin problemas entre 2017 y 2019. Esto implicó que las comisiones pagadas por la minera a Corfo fueran sustancialmente menores a las convenidas en el contrato”. Asimismo, el 16 de agosto del año 2020, en el contexto de la huelga legal del Sindicato de Albemarle del Salar de Atacama, el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) tomó conocimiento de que la empresa transnacional Albemarle abrió caminos alternativos en la ruta del Salar de Atacama, con el objetivo de retirar salmuera del sector para ser procesada en la planta de La Negra, sin consulta previa a las comunidades del territorio Lickanantay, contrariando el convenio internacional 169 de la OIT. Por último, en el año 2021, la Dirección del Trabajo demandó a Albemarle por prácticas desleales en la negociación colectiva derivada de reemplazos de trabajadores en huelga (ROL: S-7-2021).
Cosayach Caliche S.A y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A: Las 2 empresas del grupo Errázuriz- que son oferentes en la actual licitación de cuoteo de litio y que cuentan con aprobación para la explotación del Salar de Maricunga por la vía de la empresa SIMCO SPA, están dirigidas por Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo del conocido y pinochetista empresario acusado de trata de personas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Francisco Javier Errázuriz Talavera “fra-fra”. El actual administrador de Cosayach y Servicio y Operaciones Mineras del Norte, mantiene condenas por derechos de agua en el año 2014, como lo señala esta nota de resumen.cl https://resumen.cl/articulos/empresario-que-pretende-explotar-el-salar-de-maricunga-postulo-a-licitacion-del-litio-impulsada-por-pinera
BYD: La empresa automotriz china que realizó una de las ofertas más altas en la licitación actual de litio por US$61.000.099, se especializa en la fabricación de vehículos eléctricos (VE); vehículos eléctricos híbridos (VEH) y vehículos eléctricos híbridos plug-in o enchufables (PHEV). El interés de las automotrices en el litio como recurso estratégico para la electromovilidad, es asegurar, ya no solo la fabricación de vehículos, sino intentar controlar parte de las cadenas de abastecimientos, comprendiendo que el mercado de industrialización del litio y proceso de producción de baterías de litio tiene como principal eje al sudeste asiático; así se aseguran el acceso a largo plazo del recurso a 20 o 50 años, negocio redondo para la automotriz China.
Estado, comunidades indígenas, agua y medio ambiente
El Estado chileno y su impronta de “puertas abiertas” al saqueo de los recursos naturales por parte de transnacionales, ha negado los derechos preexistentes, la organización y autoridad de las comunidades Lickanantay, tampoco ha respetado el derecho a decidir cómo y de qué vivir, y qué emprendimientos realizar en sus territorios. De hecho, en todas las negociaciones entre las comunidades y las empresas saqueadoras derivadas de los procedimientos de exploración y explotación del litio, el Estado chileno ha actuado como lugarteniente de las transnacionales situándose del mismo lado de la mesa, mientras Albemarle y SQM han obtenido suculentas ganancias en décadas de saqueo del Salar de Atacama, han aumentado los ataques hacia los salares- a pesar de que salares como el de Atacama son reconocidos dentro del tratado internacional de RAMSAR; un tratado internacional aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, relativo a la conservación y uso racional de los humedales-, el agua, el territorio y a las 12 comunidades indígenas de la zona.
Sistema Hidrológico de Soncor del Salar de Atacama https://rsis.ramsar.org/es/ris/876)
Así, la mayor problemática que se identifica es el uso y abuso del agua y su privatización, legitimada en el Código de Aguas de la dictadura militar que lo reconoce como bien público, pero también económico permitiendo su comercialización, facilitando la extracción de agua de capas profundas del desierto de Atacama y de diversos ríos de la zona. En este sentido, las cifras sobre la utilización de aguas por parte de SQM y Albemarle son de más de 63 mil millones de litros de agua de capas subterráneas al año, es decir, utilizan 2 mil litros de agua por segundo, generando un estrés hídrico en la zona. Asimismo, consumen una cantidad considerable de agua dulce que extraen de los ríos de la zona, afectando la flora y la fauna del Salar de Atacama. Por otra parte, privan a las comunidades indígenas que se han coordinado para utilizar esas aguas para desarrollar la agricultura y la ganadería y lo más alarmante es que afecta el consumo de agua potable de las comunidades.
Distintos estudios que se han realizado sobre los efectos de la producción del litio han dado a conocer que para el año 2030, tanto SQM como Albemarle aumentarán su producción 18 veces, lo que implicaría el agotamiento de las reservas de agua que utilizan las comunidades; en consecuencia, el saqueo a destajo del litio ha generado un desastre medio ambiental irreversible, que está sostenido por el Estado para que las empresas aumenten sus ganancias.
Terminar con el saqueo: ¡Nacionalización sin indemnización del cobre, litio y nuestros recursos naturales bajo control de los trabajadores!
El dilema del saqueo del litio no se va a resolver con “acuerdos” entre los gobiernos y sus amigos los empresarios, como lo expresan los acuerdos/negociados entre el Estado chileno y empresas como SQM y Albemarle. Las y los trabajadores pueden dar una salida a este dilema, partiendo por estipular el derecho democrático de las comunidades Lickanantay de decidir sobre su territorio, nacionalizando el litio, el agua, el cobre y nacionalizando, sin indemnización, las empresas que ya saquean el “oro blanco” como Albemarle y SQM, bajo control de sus trabajadores, pueblos originarios, comunidades afectadas y especialistas de universidades de la región, para iniciar una transición hacia una producción que no deprede la naturaleza. No hay salida posible para ponerle término al saqueo sin planificar racionalmente la producción, distribución y consumo, y eso sólo es posible de la mano de la clase obrera, que ocupa las posiciones estratégicas en la economía.
Por último, no se pueden ignorar los problemas ecológicos padecidos en mayor grado por las y los propios trabajadores y sus familias. Caso testigo es el de la segunda región como epicentro de zonas de sacrificio en sus ciudades por la extracción minera, así las y los trabajadores deben apostar a aliarse con los movimientos ambientales, comunidades indígenas y la juventud, para anular la licitación del gobierno y terminar con el saqueo de los últimos 30 años, y sus consecuencias. Esto solo lo lograremos con la movilización y la organización de todos los sectores.
