Conferencia mañanera. ¿Lo mejor y lo más difícil del sexenio?

Respecto a lo segundo, señaló que el momento más difícil del sexenio fue el 18 de enero de 2019 cuando sucedió la explosión del oleoducto de Pemex cercano a la ciudad de Tlahuelilpan en el municipio de Hidalgo.

Los hechos se desencadenaron debido a una fuga abierta debido al robo de combustible que llevan a cabo hasta la fecha organizaciones criminales en la región, las cuales tienen nexos con autoridades gubernamentales y militares, sin las cuales no podrían llevar a cabo dicha práctica. Justo el 19 de febrero de este año AMLO reconoció que al día son robados aproximadamente 4 mil 500 barriles.

En la tragedia en cuestión fallecieron calcinadas o por quemaduras graves 137 personas y 8 resultaron heridas. Las investigaciones posteriores arrojaron información que apunta a que Pemex y la entonces Policía Federal tenían conocimiento de la fuga de combustible al menos hora y media antes de la explosión.

La tragedia de Tlahuelilpan no fue la primera provocada por fallas y desidia de las autoridades. Ya desde 2016 la explosión del complejo Pajaritos, en Veracruz, dejó 32 trabajadores muertos y más de 130 heridos. Es un problema añejo que persiste.

Por su parte, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que tanto militares como funcionarios de Pemex y del gobierno del estado de Hidalgo serían llamados por el Ministerio Público Federal, aunque sólo para declarar en la averiguación que buscaba reconstruir una cronología de los hechos.

A la fecha no ha habido ningún alto funcionario que haya sido llevado ante la justicia por estos hechos, aún cuando se sabe que las operaciones de extracción ilegal de combustible ─el huachicoleo- no pueden ocurrir sin el visto bueno de autoridades y directivos de Pemex. La impunidad prevalece.

Sobre aspectos difíciles AMLO no dijo nada en torno al fenómeno de desaparición forzada en el país. Oficialmente la Comisión Nacional de Búsqueda hasta este mes reconoce la cifra de 92 mil desaparecidxs. Sin embargo, investigadores como Roberto González Villarreal en su libro “La Desaparición en México: de la represión a la rentabilidad” (2022), mencionan que existe una cifra oscura, un subregistro que se estima relacionando los registros con las encuestas victimológicas.

Sobre esto él refiere: “Este indicador ─la cifra oscura- es muy variable, pero se sabe, por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVI-PE), que la cifra oscura se ha mantenido en un rango entre 91.6 y 93.8 por ciento durante el periodo de 2010 a 2017, lo cual significa que durante el lapso referido nueve cada diez delitos no fueron denunciados ante el Ministerio Público o no se inició una averiguación previa… si se pudiera utilizar este índice, la desaparición de personas en México alcanzaría 700 000 casos en el límite superior del rango. Un número escalofriante.” (P. 17)

Por su parte la plataforma A donde van los desaparecidos afirma que "​​Entre el 1 de diciembre de 2018 —día en que López Obrador asumió la presidencia— y el pasado 24 de mayo, en esos 1,635 días de gobierno se registraron 42,029 desapariciones en todo el país; un promedio de 25 personas por día."

El presidente tampoco mencionó nada respecto a otra cuestión muy grave referente a este fenómeno: cuando menos 10 mil 953 nombres de personas desaparecidas fueron borrados entre la versión más actualizada de la base de datos nacional y la de 2017, según aseguró la organización Data Cívica en su informe “Volver a desaparecer”, para dar respuesta a los cambios en los registros del gobierno federal en materia de desapariciones en el país.

La desaparición forzada es uno de los temas difíciles frente a los que este gobierno decide voltear a otro lado, fenómeno en el que se encuentra el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyo caso está inconcluso debido a la férrea defensa que AMLO ha hecho del ejército y la permisividad que le ha dado a la Secretaría de la Defensa Nacional para que esta no entregue impunemente 800 folios de documentación clave que permitirían dar con el paradero de estudiantes.

Por parte de lo “mejor” que ha habido en su sexenio, AMLO dijo que estaba el reconocimiento al magisterio, con quien, dijo, ha mantenido una buena relación. En este tenor según el gobierno destaca la Nueva Escuela Mexicana la cual presume imponer un nuevo modelo educativo en el que, sin embargo, prevalece la superexplotación del trabajo docente, la mayor parte del sistema evaluativo hacia las y los docentes, así como prácticas autoritarias.

En sintonía con los gobiernos al menos desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el de AMLO, tras anunciar una “revalorización del magisterio” lo que ha hecho es aumentar la superexplotación. Como ha referido la investigadora Marlene Escobar Hernández en torno a esto:

Pareciera que mientras más se nombra ─la revalorización magisterial-, se invoca el recrudecimiento en las condiciones laborales de los docentes ─de 1992 a la fecha-.

Ante esto, charros del SNTE como su secretario general, Alfonso Cepeda, han dicho servilmente que el magisterio es el “ejército intelectual de la 4T”. Por esa sumisión ya lo premiaron con una senaduría plurinominal al senado. La injusticia laboral y el abuso a derechos humanos en el sector educativo continúa rampante. En los proyectos educativos de la 4T de otros niveles, como las UBBJ y la Universidad Rosario Castellanos, así como el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México esas dinámicas continúan y se siguen acentuando.

Respecto a universidades de otras partes del país, los gobiernos del Morena y sus aliados como el PT han mantenido una relación con cacicazgos universitarios que les ha permitido a estos fortalecerse. Los casos más emblemáticos de esto son el de Alfredo Femat Bañuelos en la Universidad Autónoma de Zacatecas, el de la familia Sosa Castelán en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y el de Héctor Melesio Cuén Ojeda en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con quien actualmente el gobierno del morenista Rubén Rocha Moya mantiene una disputa política muy difícil tras romper una alianza que había consolidado con él en 2021, con la cual llegó a la gubernatura estatal y que le permitió a dicho cacique y su familia desfalcar a la universidad por más de 700 millones de pesos.

Las respuestas que AMLO dio a estas preguntas fueron limitadas. Hay muchos temas difíciles más en los que este gobierno, que llegó impulsado por profundos anhelos democráticos de las masas, no ha cumplido y de los cuales el presidente no quiere hablar.