Se presentará una iniciativa en el congreso para crear la secretaría, que empezaría a operar en diciembre.
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Viernes 10 de agosto de 2018
Este jueves por la tarde tuvo lugar la segunda reunión entre Peña y López Obrador tras el triunfo de este último en las pasadas elecciones de julio.
La Secretaría de Seguridad que acordaron crear no es nueva. Se había creado en el año 2000 y existió hasta 2013, el primer año del gobierno de Peña. Entre sus funciones se contaban “garantizar la seguridad interior”, la “prevención del delito” y la administración del sistema penitenciario federal.
El acuerdo al que llegaron Peña y López Obrador es que el primero presente la iniciativa de ley para la creación de esta dependencia en el nuevo periodo de sesiones, y conseguir que la Secretaría de Seguridad entre en funciones a partir del 1 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno.
A su vez, en la conferencia de prensa posterior a la reunión en Palacio Nacional López Obrador dio a conocer que acordaron que se empiece el proceso para designar a los fiscales General, Anticorrupción y contra Delitos Electorales.
“Es muy importante el acuerdo para que la transición se siga dando en términos de estabilidad, de tranquilidad, de confianza, que no haya ningún motivo para que el país afecte su marcha en lo económico, en lo financiero, en lo que tiene que ver con el tema que nos preocupa mucho; el asunto de la seguridad y la paz en el país”, declaró el presidente electo.
Cordialidad y voluntad de procurar una transición “tersa” que garantice los negocios de los grandes empresarios y las trasnacionales es lo que dan a entender, aunque tanta amabilidad de parte del presidente electo –el más votado en la historia reciente de México, con unos 30 millones de sufragios– cuyas promesas y gestos han generado grandes expectativas en amplios sectores no termina de cerrar.
Peña Nieto dejará la presidencia con el amplio repudio de la población a su figura y a todos los agravios que él personifica: desde la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la aplicación de las reformas estructurales –en especial la energética, la laboral y la educativa que implican la entrega de recursos del país a las trasnacionales y mayor precarización laboral- así como los múltiples escándalos de corrupción, las evidencias de los nexos entre altos funcionarios de gobierno y el crimen organizado, la militarización y la "guerra contra el narcotráfico".
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