Voracidad criminal. Los medicamentos para terapia intensiva aumentaron hasta un 1.300 % desde 2020

La Unión Argentina de Salud (UAS) es una cámara patronal que nuclea a empresas de la de medicina privada. Según afirman, entre sus diversas especialidades llegan a atender más de 30 millones de personas en Argentina. Vale decir que entre los miembros de la UAS están nada menos que Swiss Medical, Galeno, Medifé, Bristol Medicine el instituto Fleni, el Hospital Austral, Osde y algunas obras sociales, entre otros. Es decir que cuando habla la Unión Argentina de Salud, hablan muchos magnates que lucran con la salud de gran parte de la población.

La UAS desde hace un tiempo puso en pie un “Observatorio de Costos de la Salud” y en las últimas horas difundió un informe sobre la “situación de medicamentos utilizados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI)”. Allí buscan "despegarse" de sus colegas de los laboratorios y las empresas de distribución de medicamentos, específicamente alrededor del descomunal aumento de precios de fármacos registrado en el último año.

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El informe habla de “la escasez y las distorsiones que se están dando en los precios de medicamentos analgésicos, sedantes y relajantes musculares indispensables para el tratamiento de pacientes en terapia intensiva”. Agrega que la pandemia de covid-19 “generó un inusual aumento en la demanda de estos productos a nivel mundial” y que “el mercado global tiene dos grandes proveedores principales de estos medicamentos críticos y sus principios activos: China e India”.

Según ese informe, el aumento en la demanda y “las dificultades de movilidad por los aislamientos” generaron dificultades de provisión y escasez, así como “distorsiones en los precios y el surgimiento de un mercado negro”.

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En el caso de Argentina, dice la Unión Argentina de Salud, “esta situación se viene tornando crítica” en el marco del aumento de casos por la segunda ola pandémica. Y cuestionan la reciente firma de un acuerdo de “precios máximos” por seis meses entre el Ministerio de Salud, laboratorios y distribuidores de medicamentos, según el cual se convalidaron descomunales aumentos de precios sucedidos desde marzo de 2020.

El informe menciona una serie de fármacos como el midazolam, el atracurium besilato, el bromuro de pancuronio, el citrato de Fentanilo y las ampollas de propofol. Este grupo de “medicamentos esenciales para la vida de los pacientes graves” aumentó exponencialmente en un año y, según la cámara de medicina privada, “de algún modo la firma del acuerdo entre la Secretaría de Comercio Interior, el Ministerio de Salud de la Nación y representantes de la industria farmacéutica los convalida”.

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Los empresarios de la medicina privada acusan a los empresarios de los laboratorios (nucleados en la Capgen) y a los de la distribución de medicamentos (ADEM) de acordar con el Gobierno no aumentar más los precios pero sobre la base de ya haberlos aumentado de forma exponencial.

En rigor, de lo que se quejan los empresarios del sector es de que “la industria farmacéutica ha fijado precios en forma unilateral”, donde las subas de hasta 1.300% se hicieron “sin ningún control regulatorio” y “basándose en especulaciones” respecto a la devaluación del peso, las dificultades para la importación y la escasez mundial de materia prima.

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Los empresarios de la salud privada afirman que incluso con ese nivel de aumentos, siguen existiendo importantes “problemas de aprovisionamiento” y que, “de continuar estos faltantes de productos, deberá recurrirse a medicaciones alternativas, situación que no es la ideal para la salud de nuestros pacientes”.

En definitiva, si hasta los magnates que lucran con la medicina privada se ven obligados a denunciar a sus colegas que hacen lo propio desde laboratorios y servicio de distribución, es porque la estafa de los aumentos de precios de medicamentos para terapia intensiva es tan obscena que les resulta preferible abrir un frente de batalla interempresarial antes de "quedar pegados" también en esto.