El día de ayer, desde los partidos del Gobierno salieron a criticar el plan de “mínimos comunes” encabezado por la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), dada las diferencias que hay en términos del costo de ejecución del proyecto. Sin embargo, más allá de las críticas, estos “mínimos comunes” presentados por la oposición no tocan las ganancias de los grandes empresarios, solo buscan ser un nuevo salvavidas para el régimen de los 30 años de saqueo.
Viernes 14 de mayo de 2021
Alejadas se encuentran las propuestas para el llamado acuerdo de “mínimos comunes” entre el Gobierno y la "oposición". La principal diferencia está en los costos asociados a la propuesta del oficialismo y la contrapropuesta encabezada por la DC Yasna Provoste, presidenta del Senado, la cual alcanzaría una suma de US$17.600 millones, es decir, US$10.450 millones más que lo presupuestado en el proyecto del Ejecutivo.
Según se ha desglosado el proyecto, las diferencias que habrían entre ambas propuestas que buscaría profundizar la ayuda por parte del Estado a las personas y pymes en medio de la pandemia, sería de 3,5 punto del Producto Interno Bruto (PIB). El apartado en que se concentra mayor diferencia es el relacionado con la Renta Básica Universal de Emergencia (RBUE), donde lo presentado por la oposición contempla que el monto otorgado debe ser por sobre el 30% de la línea de pobreza, en que los hogares con una sola persona recibiría $229 mil, mientras el Gobierno ofrece $100 mil, y para un hogar compuesto por cuatro personas sería entregar $604 mil, versus los $400 mil que proponen desde el Ejecutivo.
Además, la fórmula de Provoste, establece que este beneficio debería ser entregado por cuatro meses con la posibilidad de extenderlo si la situación sanitaria lo amerita, mientras que desde la presidencia de la República sería sólo por tres meses. Por lo tanto, para la RBUE el costo según lo presentado por los partidos de la oposición sería de US$14.600 millones, lo que superaría por US$8.450 millones la propuesta de Piñera.
Las fuentes de financiamiento para el proyecto desde la oposición, sería a través de la mayor recaudación fiscal debido a los altos niveles del precio del cobre que superaron su récord histórico de los US$4,6 la libra; mayor endeudamiento; los activos del Tesoro Público; mayor recaudación a través del impuesto a los más ricos del país; el polémico royalty minero, entre otras.
El Gobierno señaló no cerrarse al diálogo de la propuesta, pero pretende continuar la negociación post elecciones de este fin de semana. Y es que para estos los resultados en las urnas serán un medidor de la correlación de fuerzas que tiene para llevar adelante con todo los planes contra el pueblo trabajador y para no perjudicar más de lo que lo hizo Piñera con su resistencia al tercer retiro del 10% hace unas semanas, el resultado electoral de la derecha a nivel nacional.
Por un plan de emergencia basado en los impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y las grandes mineras
El acuerdo de “mínimos comunes” de los partidos de la ex-Concertación, lo que busca realmente detrás de la máscara de ayuda para las familias trabajadoras y el pueblo, es un nuevo pacto, una nueva cocina, que le entregue gobernabilidad a Piñera para terminar su mandato, asegurar el desarrollo del ciclo electoral de este año con la mayor tranquilidad posible, pero además un pacto para salvar y reoxigenar el régimen de los 30 años de saqueo heredado de la dictadura que fue cuestionado por millones durante la rebelión de octubre del 2019.
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La oposición que busca a través de la demagogia en perspectiva de la carrera electoral presidencial, pretende salvaguardar el régimen, al igual como lo han hecho el Frente Amplio y el Partido Comunista manteniendo la tregua de hecho con Piñera, que tuvo su expresión más nefasta con el vergonzoso paro del 30 de abril, donde la CUT presidida por la PC, Bárbara Figueroa, redujo y se contentó con la mesa de diálogo entre la demócrata cristiana Provoste y Piñera, sin asegurar una paralización efectiva en la llamada “huelga general sanitaria” que de huelga nada tuvo.
Mientras todos los partidos de “oposición” del régimen le garantizan la gobernabilidad al odiado Piñera del 9% de aprobación, los grandes empresarios siguen doblegando sus fortunas, como Luksic y BHP que sólo en Minera Escondida aumentó un 115% sus ganancias a costa de la salud de las y los trabajadores y el pueblo pobre. Y en medio del alza histórica del precio del cobre que viene a desbordar sus arcas con el saqueo de nuestros recursos, los mismos son los que levantan una campaña del terror por el derecho mínimo del royalty del 3% a las ventas del cobre y el litio.
A la defensa de los intereses de los empresarios y el Gobierno, La Tercera publicó minuciosamente las diferencias entre los costos de la propuesta y contrapropuesta de los “mínimos comunes”, pero no hace referencia a que las proyecciones que tiene diferentes economistas de la burguesía, es que impulsado por el mercado del cobre, el PIB tendría un repunte del 7%. El mismo medio que critica que la propuesta de la oposición es nueve veces más que los ingresos que entregó CODELCO este último año al fisco, nada dice de los US$1.048 millones que se regalaron a las F.F.A.A. por el gravamen del 10% de las ventas de la cuprífera estatal, menos de los más de US$2.000 millones del presupuesto 2021 para la “seguridad” pública, que sólo vino a fortalecer la represión contra el pueblo, un gasto innecesario, sobre todo cuando la pandemia no se cura con carabineros y militares en las calles.
Más allá de las diferencias de presupuesto, migajas más o menos que buscan administrar la miseria para el pueblo trabajador como lo quiere la oposición, lo que las y los trabajadores necesitamos es confiar en nuestras fuerzas y luchar primero por conquistar un verdadero plan de emergencia para encarar la urgencia de la crisis sanitaria, un plan basado en impuestos extraordinarios del 20% a las grandes fortunas y grandes mineras. Y así, con este plan garantizar una renta universal básica basada en la canasta familiar, para todas y todos sin ninguna restricción, terminar con la Ley de Protección al Empleo, prohibir los despidos por ley, repartiendo las horas de trabajo en 6 horas y 5 días a la semana, para que todos y todas puedan trabajar acabando con la cesantía.
Pero, nuestras fuerzas no pueden reducirse sólo a la emergencia, la rebelión del 2019 expresó las desigualdades más profundas del Chile neoliberal de los 30 años, y hasta ahora ninguna de las demandas como pensiones, salud, educación, vivienda y salario fueron resueltas. Es más, con la pandemia las miserias para el pueblo trabajador y pobre se profundizaron, por ello es importante pasar de la urgencia de este plan de emergencia, a discutir la necesidad de luchar por la nacionalización de los recursos estratégicos como el cobre y el litio, bajo la gestión de las y los trabajadores junto a las comunidades, para poner las riquezas a disposición de resolver el conjunto de las necesidades de las grandes mayorías y terminar con el saqueo que beneficia a una minoría parasitaria como lo son los grandes empresarios y sus políticos.
