Luis Arguello portavoz de la Conferencia Episcopal Española argumenta y asegura que tal medida llevaría a amplios grupos de ciudadanos a vivir de forma subsidiada permanentemente. Una paradoja para quienes lo llevan haciendo hace siglos.
Miércoles 22 de abril de 2020
En una rueda de prensa vía telemática celebrada este lunes el portavoz de los obispos españoles, ha dejado caer “perlas” del todo despreciables, como la de acusar prácticamente a miles de personas que no tienen recursos suficientes e incluso están por debajo del umbral de la pobreza, de acomodarse a esta subvención y vivir a costa del estado.
No sé en qué cabeza, que no sea malintencionada, puede entrar semejante estupidez. Todo conduce a pensar que lo que realmente les pueda preocupar es que una partida de dinero destinada a cubrir las necesidades más básicas, influya negativamente en lo que hasta ahora el Estado les asigna a ellos.
Cuando todavía está por ultimar, tanto la aprobación como la cuantía de tal subvención, resulta ultrajante pensar que una ridícula i mínima cantidad de dinero, sobre todo si se compara con lo que ellos perciben del Estado, podría llevar a sus perceptores a abandonarse el resto de sus vidas y renunciar a objetivos vitales como la propia realización como personas útiles, cuando tal percepción en el mejor de los casos no alcanzaría ni a la mitad del coste de un alquiler de vivienda.
Resulta despreciable y del todo hipócrita, toda una paradoja, acusar a aquellos que no tienen recursos de querer vivir del cuento y la sopa boba, cuando es la iglesia la que lleva siglos haciéndolo.
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El obispo denuncia que a las residencias de mayores, muchas de ellas gestionadas por la Iglesia, se les haya exigido dar un tratamiento como si fueran hospitales cuando ha llegado a ellas la pandemia, pero los obispos han estado desaparecidos en todo este tiempo acomodados en sus lujos mientras las residencias eran un negocio redondo para la iglesia.
Los propios obispos celebraron su Asamblea Plenaria en Madrid una semana antes de que se decretara el Estado de Alarma. Si bien, ha precisado que "no tiene la misma responsabilidad cualquier ciudadano”, entre los que ellos se incluyen, “que los políticos”, eso se llama echar balones fuera.
Iglesia y Estado, asunto separado
La Constitución de 1978 señala que ninguna confesión tendrá carácter estatal, aun así más de cuatro décadas después las relaciones del Estado con la Iglesia Católica siguen teniendo la misma orientación y tolerancia que durante el franquismo, a pesar de que en la firma de los Acuerdos económicos en enero de 1979 la Iglesia católica se comprometió a una autofinanciación de forma progresiva.
La cifra de 11.600 millones que la Iglesia Católica recibe del Estado supone un 1% del PIB, lo que se traduce en que cada persona residente en España, sea católico o no, aporta para este fin una cantidad aproximada de 240 euros anuales, todo esto en un Estado que se declara aconfesional, donde el culto y el clero de cualquier organización religiosa deberían ser financiadas de forma voluntaria por sus feligreses.
La separación efectiva de Iglesia y Estado se vuelve una necesidad cada vez más urgente. Incluyendo el fin de todo financiamiento público y privilegios fiscales, así como la devolución de todo el patrimonio expoliado por la Iglesia durante siglos. Empezando por las inmatriculaciones del patrimonio público realizadas por la iglesia desde 1946 bajo la ley franquista y la anulación de los acuerdos con el vaticano.
