Emergencia nacional en materia de adicciones, prohibición del autocultivo, y campaña contra el uso de la marihuana. Son las medidas que tomó el Gobierno para "combatir" el narcotráfico.
Martes 13 de diciembre de 2016
El diario La Nación, que hace las veces de vocero presidencial, publicó en el día de hoy el detrás de escena de la llamada Emergencia nacional en materia de adicciones, no dice qué tipo de adicciones, ni a qué sustancias. Sin embargo, la llamativa declaración de "emergencia" no sorprende a todas aquellas personas que conocen de cerca el "tratamiento" que dan los diferentes Gobiernos a los usuarios de sustancias psicoactivas, llamadas “drogas”.
El diario de la familia Mitre da cuenta de que la Emergencia es la formalización de un acuerdo (y van...) entre el Gobierno nacional y los gobernadores, fogoneado desde el Vaticano. Este acuerdo fue alcanzado luego de reuniones entre los "secretarios provinciales de drogas" que llegaron a varias conclusiones y definiciones, que como siempre van contra los intereses de usuarios, cultivadores y sólo servirán para continuar con la criminalización que sufre principalmente la juventud de las barriadas populares. Por un lado, no se promoverá la legalización del autocultivo de cannabis como exigen desde diferentes organizaciones como Mamá Cultiva, que es apoyada por todo el movimiento cannábico, organizaciones políticas como el PTS/Frente de Izquierda.
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La Emergencia Nacional en materia de adicciones sostiene como “base científica” (las comillas son nuestras) y estadísticas que: "diversos estudios han dado cuenta del aumento en el consumo y la adicción a las drogas, como ser el “Barómetro del narcotráfico y las adicciones en la Argentina” elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina". ¿Qué estudios?, ¿qué drogas?, ¿qué sujetos?, sobre estas preguntas, hasta ahora ninguna información. Nótese que es la Pontificia Universidad Católica Argentina la que sustenta esta "emergencia", universidad que tiene obvios lazos con la Iglesia Apostólica Romana y acuerdos con sus más que retrogradas concepciones. A nivel estatal los últimos datos en materia de drogas y adicciones datan del 2010.
Quienes fueron participes y creadores de esta emergencia tuvieron en sus manos, y citamos al diario de Mitre para que no haya dudas al respecto, “el borrador final del Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas 2016-2020, preparado por la Sedronar. Ese documento pone el foco en la tolerancia social como uno de los motivos del aumento del consumo de cannabis”, las negritas son nuestras.
Es decir que las políticas de Cambiemos y sus “secretarios provinciales de drogas” con el argumento de la “guerra contra el narcotráfico”, planteo que es compartido por varios de los principales referentes políticos patronales como Sergio Massa, van a endurecer la persecución a los usuarios no solo recreativos, sino también a quienes utilizan el cannabis de forma medicinal. Como las madres que cultivan para sus hijos, quienes hoy para la ley son narcotraficantes.
La “tolerancia social” para los reaccionarios prohibicionistas es vista como “motivo del aumento del consumo de cannabis”; mientras que es justamente la mayor aceptación por parte de importantes franjas de la sociedad que ven el uso del cannabis medicinal como una alternativa real al padecimiento de ciertas enfermedades. La legalización, y el autocultivo que debería traer aparejada, son medidas que afectarían el corazón del narcotráfico. Terminando con los negocios millonarios entre el Estado, narcotraficantes y las fuerzas represivas que custodian antes que todo, la propiedad privada de los ricos y los negociados que estos hacen.
El informe dice “Hay mayor percepción de riesgo frente al consumo frecuente de alcohol, tabaco y psicofármacos que ante el uso experimental u ocasional de marihuana". Una muestra clara de que el estatus legal o ilegal de ciertas sustancias o productos humanos no tiene nada que ver con el “riesgo de adicción”, sino con la ganancia que la venta genera. La legalidad del alcohol, el tabaco o de drogas recetadas como los psicofármacos o de venta libre. Como leímos en una entrevista sobre el tema “La clasificación sobre la legalidad o ilegalidad de las drogas es netamente cultural y política”. Especialistas en el tema como Carlos Damin, jefe de Toxicología del Hospital Fernández y profesor de la Facultad de Medicina-UBA ya ha planteado que “la mayor cantidad de los casos de intoxicación son producto del alcohol”.
El Gobierno Nacional y sus grupos de hilarantes reaccionarios no pueden ofrecer ninguna idea sería respecto al carácter “diabólico” de la marihuana. “En la Sedronar se espera contar con esa estadística para determinar uno de los puntos importantes de su plan: el objetivo de reducción a alcanzar en cuatro años”, es decir primero lanzan la “emergencia” y la campaña represiva y luego van a ver si los datos que recolecten los “especialistas” de la Iglesia les sirve para sustentar, aunque sea, una de las estigmatizaciones que lanzan.
El Estado, es decir, la junta de representantes y custodios de los capitalistas, son los primeros interesados en mantener tanto la marihuana como muchas otras sustancias psicoactivos en la ilegalidad para seguir con los ingresos que no tienen que pagar impuestos y pueden esconder en sus cuentas en Panamá. El Estado junto a la Iglesia buscan impartir una moral acorde a sus planes.
La estigmatización a los consumidores de marihuana tiene como uno de sus objetivos controlar ideológica y coercitivamente a la juventud que nada le debe a este sistema que solo beneficia a los capitalistas.
